El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró en ese texto que esa circunstancia fue comunicada oficialmente a su similar del Gobierno panameño.
Agrega el escrito que en el país andino amazónico esa solicitud se encuentra en la instancia competente y se tramita conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Sostiene la Cancillería que las relaciones internacionales en materia de refugio y asilo seoencuentran plenamente vigentes en ambos países, conforme al principio de no devolución al territorio donde el solicitante pueda ver comprometida su vida, libertad o integridad.
Enfatiza el texto en que el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el respeto a los derechos humanos del solicitante, en el contexto de sus compromisos internacionales.
Reafirma, asimismo, las estrechas relaciones diplomáticas que mantiene con la República de Panamá, basadas en el respeto mutuo, la cooperación y el cumplimiento del derecho internacional.
El Gobierno panameño informó la víspera que espera por la decisión de su par en Bolivia sobre el tema.
Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino abordó el tema tras una pregunta acerca de una solicitud realizada al Ejecutivo del Estado Plurinacional por el expresidente de origen indígena Evo Morales (2006-2019) para que concediera ese beneficio a Méndez, a quien consideró un perseguido político y con peligro para su vida.
Al respecto, Mulino calificó la opinión del exmandatario de respetable, pero no vinculante y recordó que el presidente de Bolivia es su amigo Luis Arce.
Méndez encabeza en Panamá el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y entró a la sede diplomática, tras amenazas a su integridad física, según otros dirigentes del gremio.
Junto a los maestros, miembros de Suntracs protagonizan desde el 23 de abril último una huelga indefinida, manifestaciones y otras acciones de rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), sobre la cual Mulino remarcó la víspera que la norma no será revisada.
El miércoles último, el Ministerio Público panameño instruyó allanamientos de locales y emitió órdenes de aprehensión de lideres sindicales como Méndez y Genaro López (este último exsecretario general del Suntracs) por supuestos delitos financieros.