Diana Carolina Alfonso (Voz).— El espectáculo de la caridad armada tiene nombre y siglas: Fundación Humanitaria de Gaza, GHF por sus letras en inglés. Nacida en febrero, no en los escombros de Gaza, sino en el refugio fiscal de Delaware, Estados Unidos. La organización presume de asistir a los hambrientos, pero distribuye su ayuda bajo el amparo de rifles M4, vehículos blindados y veteranos de operaciones encubiertas.
La fundación, autorizada por Israel y amparada por Washington, reparte comida en la Franja de Gaza con los mismos soportes políticos y militares que en los últimos 608 días han bombardeado los centros de acopio de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Palestina. Basta recordar la “Masacre de la harina” (29 febrero 2024), donde soldados sionistas asesinaron a 118 personas que esperaban comida cerca de camiones de la ONU.
Vínculos con la CIA
Desde sus primeros pasos, la GHF se ha deslizado con soltura por las grietas del derecho internacional humanitario. Se presentó en Suiza buscando legitimidad, pero las autoridades helvéticas encontraron más irregularidades que buenas intenciones. Su uso de empresas privadas de seguridad ─Safe Reach Solutions y UG Solutions, ambas con vínculos directos con la CIA y unidades especiales estadounidenses─ hizo sonar todas las alarmas.
Suiza concluyó que no podía permitir una fundación que militariza la asistencia, pues rompe con los principios humanitarios y contribuye, de forma directa o indirecta, al desplazamiento forzado de la población.
La GHF no es una ONG, sino una operación militar avanzada. Sus convoyes no llevan el logo de las agencias humanitarias que han asistido al genocidio. En su lugar, van custodiados por exsoldados y mercenarios, armados hasta los dientes, vigilando sacos de arroz como si se tratara de trampas para ratones. Reparten alimentos, sí, pero no donde está la gente, sino donde quieren que esté.
El Corredor de Netzarim ─una franja de tierra controlada por Israel que divide Gaza de norte a sur─ se ha convertido en la única arteria permitida. Allí llega la ayuda. Allí se exige que lleguen los cuerpos.
Según Forensic Architecture, organización británica especializada en cartografía del crimen y el poder, la llamada “violencia humanitaria” ha reemplazado al fusil clásico. Con la infraestructura civil destruida ─hospitales, pozos de agua, granjas─ y con los corredores de ayuda concentrados en zonas de control militar, la única salida para los civiles es desplazarse.
Suiza la expulsó
En Rafah, al sur de Gaza, el 1 de junio, al menos 31 personas fueron asesinadas y otras 150 resultaron heridas en las inmediaciones de un centro gestionado por GHF. Las autoridades israelíes niegan haber abierto fuego. La ONU, por el contrario, ha pedido una investigación independiente. No es el único episodio: en total, según cifras de Hamás citadas por El País, al menos 75 personas han muerto en centros de reparto desde que se reanudó la entrega de ayuda.
Las organizaciones humanitarias tradicionales ─ONU, Media Luna Roja, ONG palestinas─ no colaboran con GHF. Tampoco han podido verificar sus cifras. La fundación alega haber entregado millones de comidas, pero no hay auditoría posible cuando los papeles duermen en Langley o en oficinas de contratistas privados.
La ONU la acusa de quebrar la neutralidad. Suiza la expulsa por falta de transparencia. TRIAL International, ONG helvética especializada en derecho penal internacional, denuncia que la fundación “podría inducir desplazamientos forzados”.
Pero todo esto no ocurre en un vacío. Las declaraciones de ministros israelíes como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir hablan abiertamente de fomentar la “emigración voluntaria” de los gazatíes. Un documento filtrado del Ministerio de Inteligencia israelí propone reubicar a toda la población en el Sinaí. Israel niega su intención de desplazar civiles, pero las bombas caen, los campos se vacían y la ayuda aparece del otro lado del corredor. No es sólo una coincidencia. Es una estrategia.
Safe Reach Solutions y UG Solutions, las empresas contratadas por GHF, operan en Gaza con decenas de veteranos armados, manejan puntos de control y vigilan centros de reparto. Las escenas son inéditas: una ONG estadounidense con respaldo israelí, que no responde ante ninguna institución internacional y que regula quién come y quién no. Forensic Architecture lo resume con precisión: Gaza ha sido dividida en zonas de acceso condicionado. La ayuda no es alivio, es control.
Sionismo y guerra humanitaria colonial
Mientras la diplomacia occidental guarda silencio. La estructura de GHF ─registrada en EE. UU., expulsada de Suiza, armada con dinero privado─ es ideal para evitar sanciones o controles. Opera en la zona más devastada del planeta sin testigos incómodos. Sus contratistas no visten uniforme, pero actúan como ejército. No levantan asentamientos, pero reorganizan poblaciones. Disparan a discreción en las sombras de las DFI y vigilan la desaparición de la población palestina en las rutas al sur del genocidio.
La guerra humanitaria es la última mutación del proyecto colonial sionista. En 1948, el primer jefe de gobierno Estado de Israel, David Ben Gurión, creó el Plan Dalet que incluía la expulsión forzosa de palestinos para asegurar un Estado judío con mayoría demográfica.
En una carta a su hijo Amos, admitió: “Debemos expulsar a los árabes y tomar sus lugares… y si tenemos que usar la fuerza, no hay nada inmoral en ello”, según el libro Ben-Gurion and the Palestinian Arabs, de Shabtai Teveth.
La Fundación Humanitaria de Gaza no es un error del sistema. Es el sistema sin máscaras.
@DianaAlfonso91
