Década de 1960 en América Latina. Corrían los tiempos de la Guerra Fría. EE.UU., la potencia dominante en Occidente, quería alineamiento absoluto, especialmente en lo que despectivamente denominaba –denomina– su ‘patio trasero’, y todavía más después del triunfo de la Revolución Cubana, devenida en una suerte de mal ejemplo cuya replicación debía evitarse a toda costa.
En medio de esas tensiones, República Dominicana, un pequeño país caribeño, trataba de abrirse paso hacia la democracia, tras tres décadas bajo la férrea mano de Rafael Leónidas Trujillo. En diciembre de 1962, Juan Bosch ganó las primeras elecciones democráticas con un programa nacionalista y popular.
La apuesta, que no invocaba banderas socialistas o comunistas, fue percibida como demasiado peligrosa: apenas siete meses después de su juramentación, Bosch fue depuesto y obligado a exiliarse. ¿Los perpetradores? Militares de la era de Trujillo, en contubernio con sectores conservadores de la élite local y la Iglesia católica. Detrás, como luego habría de comprobarse, estaba la Casa Blanca.
Se instaló entonces un régimen de facto conocido como Triunvirato (1963-1965), continuador por vía de los hechos de la dictadura militar, y quedaron atrás y proscritas las promesas de reforma agraria, derechos laborales y laicidad del Estado que había impulsado Bosch en su corto mandato.
Esa administración de facto contó con el visto bueno de las autoridades estadounidenses, que vieron en ella la oportunidad de frenar el avance de cualquier iniciativa política de izquierda, o apenas reformista, a la que pudiera tacharse como caballo de Troya de la Unión Soviética en la región.
No se trataba de un señalamiento etéreo. En documentos desclasificados sobre la Operación Northwoods –uno de los numerosos planes de EE.UU. para hacer colapsar al Gobierno cubano–, se insinúa que La Habana financiaba a grupos comunistas y socialistas dominicanos, a los que se veía como aliados naturales de Bosch y, por tanto, era preciso combatir por cualquier vía.
Los hechos demostraron luego que se había exagerado el papel de los socialistas y comunistas en el Gobierno derrocado. Pero ya entonces, durante el Triunvirato, el malestar social se acrecentó y se articuló un fuerte movimiento de resistencia que demandaba el regreso de Bosch a su posición y exigía la restauración de la Constitución aprobada en 1963.
Para abril de 1965, los llamados ‘constitucionalistas’ conformaban un grupo organizado, con capacidad de enfrentar incluso militarmente al Gobierno de facto que, de su parte, no estaba dispuesto a dejarse derribar fácilmente.
Abril, 1965
El 24 de abril de 1965, un grupo de jóvenes oficiales encabezados por el coronel Francisco Caamaño inició una revuelta para derrocar al Triunvirato y restaurar a Bosch. Se trató de una acción espectacular que tomó por sorpresa al régimen, al punto de que los rebeldes se hicieron con el control de espacios estratégicos, incluido el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
En los dos días que siguieron, el avance de los ‘constitucionalistas’ fue rápido y eficaz. El presidente del Triunvirato, Donald Reid Cabral, se vio obligado a renunciar. Mientras, los rebeldes designaron como líder del Gobierno a José Rafael Molina Ureña. Las acciones de los restauradores gozaban de amplio respaldo popular.
Aunque el Triunvirato quedó herido de muerte, la red de poder que lo sostenía iba bastante más allá de las cabezas del Gobierno. Así, rápidamente emergió desde el seno del alto mando militar un grupo autodenominado ‘leales’, liderado por el general Elías Wessin y Wessin, que le plantó cara a los ‘constitucionalistas’ y, sin reparar en potenciales daños, bombardeó sin piedad la capital, Santo Domingo.
El resultado fue el caos. La ciudad entera se transformó en campo de batalla y aparecieron en escena los ‘comandos’, grupos de civiles armados que apoyaban a Caamaño y, sobre todo, querían el regreso de Bosch a la presidencia.
La Operación ‘Power Pack’
El 28 de abril de 1965, EE.UU. hizo su primer movimiento. Desde Washington se afirmó que la situación en el país antillano era desastrosa y, sobre esa base, se dijo que las vidas de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades estaban en peligro. Con ese alegato, llegó a República Dominicana un primer grupo 400 infantes de Marina y se inició formalmente la Operación ‘Power Pack’.
Se trataba de un pretexto. Información desclasificada décadas más tarde dejó claro que el objetivo principal o único del Gobierno de Lyndon Johnson (1963-1969) era impedir «una segunda Cuba» en América Latina.
Tal interpretación se basaba en la posibilidad de que los comunistas –cuyo papel e influencia se exageraron– serían capaces de cooptar a los ‘constitucionalistas’, ya percibidos desde la Casa Blanca como izquierdistas, según puede leerse en el libro ‘Intervention in the Caribbean. The Dominican crisis of 1965’, escrito por el militar estadounidense Bruce Palmer Jr.
En el terreno, las tropas estadounidenses comprobaron que los ‘constitucionalistas’ no eran un pequeño grupo de militares a los que se podía vencer rápidamente por las armas, sino que contaban con una gran fuerza y legitimidad popular, lo que contrastaba con la posición de los ‘leales’, cuyo respaldo recaía casi exclusivamente en su poder de fuego.
Entretanto, el 3 de mayo, mientras el Congreso dominicano –bajo el amparo de la Constitución de 1963– designó a Caamaño como presidente constitucional, cuatro días más tarde, Washington decidió que el general Antonio Imbert Barrera debía liderar un ‘Gobierno de Reconstrucción Nacional’.
En ese escenario, Lyndon Johnson temió que las cosas pudieran salirse de control y se decantó por desplegar en la isla un fuerte contingente, que en su punto más álgido alcanzó a los 42.000 efectivos. A mediados de mayo de 1965, los enfrentamientos se habían intensificado, a pesar de un cese al fuego pactado entre los dos bandos.
En este tramo del conflicto, resultó decisiva la participación estadounidense a favor de los ‘legalistas’. A inicios de junio se decretó una tregua humanitaria, pero entre el 15 y el 16 de ese mes, las tropas ocupantes arremetieron contra los ‘comandos’ civiles armados, leales a Caamaño. Aunque no lograron vencerlos militarmente y la población civil continuó resistiendo, las tropas estadounidenses avanzaron posiciones.
En ese momento, el discurso había cambiado. Desde Washington ya no se hablaba de preservar vidas de ciudadanos extranjeros en la nación caribeña, sino que se asumía públicamente que había que «restablecer el orden» y prevenir la emergencia de un «Gobierno comunista».
En busca de legitimidad
No obstante, las numerosas bajas civiles y el carácter unilateral de la intervención estadounidense levantaron críticas internacionales. Ello abrevó para que, muy rápidamente, EE.UU. presionara a la Organización de Estados Americanos (OEA) en procura de su intervención en la refriega.
En concreto, se consiguió que la entidad aprobara el 2 de mayo de 1965 la instalación de una Fuerza Interamericana de Paz, aunque la misión militar estuvo comandada y conformada principalmente por tropas estadounidenses. A ellas se sumaron fuerzas simbólicas de Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Todos esos países, excepto Costa Rica, estaban gobernados por dictadores alineados con la Casa Blanca.
De esta manera, lejos de cumplir un papel de mediador entre las partes, la OEA fungió como legitimadora de las acciones del Ejército estadounidense en República Dominicana, al tiempo que revestía discursivamente la invasión militar de un carácter multilateral del que carecía.
Al mismo tiempo, la organización interamericana forzó las condiciones para el establecimiento de unas negociaciones de paz que se prolongaron hasta septiembre de 1965 y se saldaron con la firma del ‘Acta de Reconciliación‘, con la que se puso fin a la guerra civil.
Lo que hubo de venir
El acuerdo, antes que representar una solución política, más bien fungió como una suerte de capitulación del bando constitucionalista. El 3 de septiembre de 1965, Caamaño renunció ante una multitud de seguidores en la Plaza de la Constitución. Fue reemplazado por el abogado Héctor García Godoy, quien asumió la presidencia por un año, con el mandato de convocar a elecciones el 1 de junio de 1966.
No fue el fin de los ‘constitucionalistas’. Al corriente del amplio respaldo popular del que gozaban, las Fuerzas Armadas, respaldadas por los ocupantes, se dispusieron a acabar con Caamaño y otros líderes a través de un ataque armado que resultó fallido. Luego, pusieron en marcha un plan de exterminio conocido como Operación Honor, que tampoco resultó exitosa en su empeño para cegar la vida de los líderes rebeldes. Tras negociaciones con García Godoy, Caamaño se marchó al Reino Unido en enero de 1966.
Mientras, en los comicios de 1966, organizados bajo la vigilancia de la OEA, se impuso ante Bosch el conservador Joaquín Balaguer, un estrecho aliado de la Casa Blanca, sobreviviente de la era Trujillo.
Caamaño, por su lado, decidió volver a República Dominicana para derrocar a Balaguer a través de un frente guerrillero que logró organizar con apoyo de Cuba. Desembarcó en la costa sur del país el 3 de febrero de 1973. Su muerte fue anunciada 13 días más tarde.
