Hasta el momento, el sufragio en el juzgado es de seis votos contra uno para que las plataformas sean civilmente garantes ante los tribunales por contenido indebido, como divulgaciones antidemocráticas y contra el sistema electoral.
También por discursos de odio (racismo y homofobia), incitación a delitos contra las autoridades y las transmisiones en vivo que induzcan al suicidio y la autolesión en niños y adolescentes.
Después de formarse la mayoría, el juicio se suspendió la víspera y se reanudará este jueves, cuando los magistrados que faltan voten sobre la tesis jurídica que definirá las reglas de aplicación del fallo.
La corte se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil de los Derechos de Internet, norma que estableció, además, los deberes para el uso de la red de redes en el gigante sudamericano.
Una de las acciones discute si ese apartado resulta constitucional o no.
Tal artículo requiere que se emita una orden judicial específica antes de que los sitios web, proveedores de servicios de Internet y aplicaciones de redes sociales sean considerados responsables por el contenido perjudicial publicado por otras personas.
La ley, que entró en vigor en 2014, funciona como una especie de Constitución para el uso del escenario virtual en Brasil, pues establece principios, garantías, derechos y deberes para los usuarios y las empresas.
El año pasado, el Supremo celebró una audiencia pública para analizar las reglas del marco civil de Internet.
Se pretendía en la ocasión escuchar a expertos y representantes del sector público, y de la sociedad civil para obtener información técnica, económica y jurídica antes de considerar el asunto.
Durante las elecciones presidenciales, tanto en 2018 como en 2022, las redes sociales jugaron un papel central en la propagación de noticias falsas (fake news).
En particular, WhatsApp, Facebook y más recientemente Telegram fueron canales a través de los cuales se distribuyó contenido desinformativo a gran escala, afectando la percepción pública sobre candidatos y hechos políticos.
Lo anterior llevó a un debate sobre la necesidad de mayor regulación y responsabilidad de las plataformas.
El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y seguidores fueron acusados de utilizar las redes sociales para manipular el discurso público, promoviendo narrativas falsas y teorías de conspiración.
Bolsonaro, en particular, aprovechó esas plataformas para construir una relación directa con sus adeptos, evitando los medios tradicionales, a los que acusa de ser parciales.
