En la caminata que partió desde el parque Urracá, en esta capital, hacia la Asamblea Nacional (parlamento), la excandidata presidencial en comicios generales de mayo de 2024, Maribel Gordón, dijo a Prensa Latina que al pueblo le asiste la razón al exigir pensiones dignas para sus jubilados.
También indicó que los manifestantes rechazan un memorando suscrito con Estados Unidos lesivo a la soberanía nacional y los intentos del Gobierno por reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que ordenó el cierre de las operaciones.
Denunció además los simulacros de consulta a los moradores de rio Indio sobre el proyecto de un embalse para favorecer operaciones del Canal, pero que implica el desalojo de personas de sus comunidades originarias.
La también economista condenó detenciones arbitrarias, la persecución de dirigentes sindicales, compañeros heridos, asesinados, procesos judiciales ilegales, como parte de una política de Gobierno que rechaza el diálogo y al que instó a escuchar al pueblo, al soberano, como establece la Carta Magna.
Por su parte, el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, manifestó su solidaridad con el pueblo de la provincia de Bocas del Toro, eje de protestas y víctima de un Ejecutivo que desconoce las garantías fundamentales como quedó demostrado al decretar este viernes el estado de urgencia en el occidental territorio.
Estamos en presencia, dijo, de un Gobierno que hace uso de la fuerza, pero será derrotado por el pueblo desde Bocas del Toro y hasta Darién, indicó.
Por su parte, gremios docentes anunciaron que mantendrán la huelga indefinida iniciada el pasado 23 de abril debido a que sigue vigente la norma que regula las pensiones.
Este pronunciamiento se dio luego de una reunión entre la Iglesia católica, las asociaciones de profesores y un grupo de delegados del sector empresarial.
Al respecto, el dirigente de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego, indicó que la conducta polarizada del Ejecutivo va a llevar a este país a una profunda crisis.
El diálogo es la vía y así lo hemos manifestado, comentó, pero la única postura que ha sostenido el Ejecutivo es negarse a revisar la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social.
Además, enfatizó que esta lucha no es solo del sector docente, sino que cuenta con el respaldo de padres de familia, estudiantes y movimientos sociales.
La declaratoria de “estado de urgencia” este viernes no figura literalmente en la Constitución panameña, pero si está contemplada bajo la posibilidad de suspender o restringir garantías fundamentales , de acuerdo con el artículo 55 de la carta magna, en casos de guerra, calamidad pública o grave perturbación del orden.
La medida anunciada tendrá una duración de cinco días, según trascendió, -e implica que se podrá limitar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos constitucionales en el territorio afectado como restricciones a la libertad de tránsito, mayor presencia y acción de fuerzas de seguridad, controles en el ingreso y salida de personas y eventualmente, detenciones sin orden judicial bajo ciertos parámetros legales.
Sobre esa medida para restablecer el orden y la paz, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dijo en conferencia de prensa que responde a la comisión de actos vandálicos en instituciones públicas bocatoreñas como el aeropuerto de Changuinola, la empresa bananera Chiquita Panamá, comercios y un estadio de béisbol, entre otras, una situación fuera de control.
