La primera mitad de 2025 dejó un saldo escalofriante en Ecuador: 294 niños y adolescentes han sido asesinados, lo que representa un aumento del 50% en las muertes violentas de menores en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 196 casos.
Estas cifras, extraídas de datos abiertos compartidos por el Ministerio del Interior ecuatoriano, evidencian un recrudecimiento de la crisis de seguridad en el país y la evidencia de que las acciones de mitigación de violencia que el Gobierno de Noboa alega efectuar en el marco del Plan Fénix quedan en el discurso, mientras Ecuador vive la peor escalada de violencia de su historia.
Los datos oficiales revelan que el 80% de las víctimas, un total de 237 menores, eran adolescentes de entre 15 y 17 años, un grupo demográfico que se convirtieron en el principal objetivo de las bandas criminales.
La violencia está lejos de ser uniforme, concentrándose con especial intensidad en la provincia costera de Guayas, que concentra más del 50% de los asesinatos de menores. A esta le siguen Los Ríos y Manabí, configurando un corredor costero donde la violencia se ha vuelto cada vez más estructural.
En un intento por responder a esta situación, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que elevó la pena máxima para adolescentes implicados en delitos de crimen organizado de 8 a 15 años.
No obstante, esta medida generó preocupación en organizaciones internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El organismo advirtió que las reformas son «regresivas» y que no proporcionan una protección adecuada a los niños que son reclutados y utilizados por el crimen organizado.
El llamado «Plan Fénix», la estrategia de seguridad estrella del presidente Daniel Noboa, no solo fracasó en sus objetivos, sino que se convirtió en un símbolo del colapso institucional.
Mientras el Gobierno endurece su discurso y aumenta impuestos, como el polémico IVA al 15%, la violencia sigue su escalada sin freno. La ausencia de políticas públicas efectivas, programas de protección infantil y una presencia estatal seria en las zonas más afectadas deja a la infancia en la mira de un conflicto no declarado.
Ecuador necesita más que discursos de fuerza. Con más de 1.200 adolescentes detenidos este año por presunta vinculación con bandas criminales, la realidad demanda una política pública seria y un Estado presente en los territorios.
La falta de inversión en prevención, educación y empleo juvenil ha hecho que cientos de menores sigan siendo víctimas de un conflicto que el gobierno prometió combatir, pero que, hasta ahora, solo ha generado excusas y cifras que matan.
