Karen Fabián (Sputnik).— Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone aranceles del 50% a las importaciones brasileñas.
El mandatario alegó que «las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos», por lo que su Administración declara una «emergencia nacional con respecto a dicha amenaza».
Además, el decreto acusa a miembros del Gobierno brasileño de «infringir» la libertad de expresión y «violar derechos humanos».
Previamente, Trump advirtió que gravaría los productos brasileños que entran a Estados Unidos con un arancel del 50%, argumentando que hay «una cacería de brujas» por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria ante los temores de un intento de fuga en el marco de una investigación en su contra por «asociación delictiva» y «golpe de Estado».
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, en su lista de sanciones. Esto ocurrió días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ordenó retirar la visa al juez y a sus allegados, incluidos sus familiares.
Lo anterior se inserta en el marco de una campaña que, en las últimas semanas, el Departamento de Estado ha desplegado, a través de sus embajadas, en países ideológicamente contrarios a Washington, incluidos Colombia, Cuba y Venezuela.
«¿Cuál será el recurso natural que está detrás?»
Para la abogada y analista política chilena Ingrid Urgelles, la actual política exterior de EEUU para América Latina «es la Doctrina Monroe de toda la vida». Es decir, un programa de injerencia que, si bien bajo la actual Administración irrumpe de manera más explícita, «siempre ha existido».
En este sentido, la analista señala que la campaña de presión estadounidense se inscribe en una lógica bajo la cual Latinoamérica representa una fuente de recursos naturales que Washington precisa. Así, dependiendo de la necesidad económica, el país norteamericano construirá alguna excusa para castigar y extorsionar a los distintos países de la región.
«Siempre que vemos un posicionamiento de Estados Unidos respecto de una política interna o una declaración de que un país es terrorista o de que un presidente no es legítimo, siempre hay que preguntarse: ¿cuál será el recurso natural que está detrás de esa injerencia política?», pondera Urgelles.
Además, la analista observa que estas excusas le sirven al país norteamericano como una estrategia para el futuro, en caso de que requiera justificar una invasión militar «y por eso va armando esa narrativa».
«EEUU ve, se manifiesta y presiona»
Para la especialista, la presión del país norteamericano contra Brasil se relaciona con la influencia de China —el principal rival económico de Washington— en Sudamérica.
Además, subraya que la intromisión en los asuntos internos del país latinoamericano busca imponer una «negociación muy unilateral y muy injusta, no es una negociación entre pares, sino que busca presionar para que Brasil ceda y no tenga tantos negocios con China o no participe tanto de los BRICS, que Estados Unidos ve como sus rivales económicos en el tablero geopolítico».
A decir de Urgelles, en Colombia ocurre una situación similar. Como ejemplo menciona el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, en el que fue encontrado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó que la «instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha establecido un precedente preocupante».
«Recordemos que Petro hace poco quería reactivar la Ruta de la Seda, que ha estado visitando mucho China, que ha estado en contacto con los BRICS y que ha manifestado que interés porque Colombia busque esos otros horizontes económicos», observa.
«Estados Unidos ve, se manifiesta y también presiona, y un poco ocurre con todo el contingente, no es algo privativo ni de Venezuela ni de Cuba, solo que son los casos más evidentes y también lo son porque esos gobiernos han resistido mucho la intervención estadounidense, son los que más han resistido y por eso también son los más castigados», ahonda la analista.
Uso del lawfare
Cuestionada sobre los motivos de la injerencia estadounidense específicamente en el sistema judicial de Brasil y Colombia, Urgelles refiere que el Poder Judicial ha sido una herramienta utilizada históricamente por las élites latinoamericanas, en subordinación de Estados Unidos, para derrocar gobiernos progresistas y desprestigiar a ciertas figuras importantes de la izquierda, para que no logren llegar al poder.
«Primero, Estados Unidos hizo una invasión más militar mediante las dictaduras militares en los años 70. Después, cuando lo militar fue mal visto, empezaron con esto que le llaman el lawfare o guerra judicial, que era la fórmula a través de la cual se utilizaban los poderes judiciales de distintos países para derrocar a gobiernos progresistas», relata la experta.
En ese sentido, menciona que dicha estrategia «les resultó con Lula da Silva, con Cristina Fernández y con Pedro Castillo», entre otros.
Paralelamente, la analista política remarca que lo que ocurre en ambas naciones latinoamericanas es algo muy peculiar, toda vez que dos expresidentes de la derecha, vinculados a diversos crímenes por primera vez en la historia están siendo juzgados por la justicia ordinaria.
«Eso implica que esa maniobra del lawfare no les está resultando, Estados Unidos no ha podido controlar a las élites y a estos jueces y, evidentemente, eso implica una pérdida de esa batalla», pondera Urgelles.
«El hecho de que Bolsonaro y de que Uribe estén siendo sujetos de juicios de la justicia ordinaria le quita mucha fuerza a las derechas en esos países y Estados Unidos quiere reforzar a esos presidentes o perfiles políticos de la derecha, porque son afines a su proyecto», añade.
Por todo lo anterior, la experta chilena concluye que todo está relacionado con la forma en la que Washington quiere «tener a estos títeres en distintos países para poder conseguir tanto la presencia militar, bases militares, como también los recursos naturales».
