En declaraciones al programa «Despierta Panamá», del canal Plus TV, el también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, indicó que el más reciente ejemplo fue la injerencia en la Asamblea Nacional (parlamento) del Ejecutivo encabezado por José Raúl Mulino.
Según el dirigente sindical, desde la elección de la junta directiva del Legislativo, el pasado 1 de julio- liderado ahora por el diputado Juan Herrera, del partido Panameñista- y más reciente durante la conformación de comisiones importantes como las de Credenciales y Gobierno, el mandatario se inmiscuye a través de su asesor Jorge Ricardo Fábrega.
También fue evidente, dijo, el nombramiento como Procurador de la Nación a Luis Gómez, abogado personal de Mulino o la designación en el servicio exterior de parientes y familiares del jefe de Estado.
Andrade fustigó además que en ese afán de controlar otros poderes, como la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República haya manifestado públicamente que desconocería el Pacto de Estado por la Justicia para designar a dos magistrados que se sumarán a ese órgano desde enero de 2026 .
En diciembre próximo, terminan los periodos de los magistrados de la CSJ Cecilio Cedalise y Ángela Russo, por lo que deben escogerse sus reemplazos. Los nuevos magistrados están llamados a presidir la Sala Civil y la Contencioso Administrativa del Supremo.
Sobre el tema, Mulino dijo en conferencia de prensa que “el Pacto de Estado por la Justicia nació muerto y allí se va a quedar”, en referencia a ese órgano creado durante la administración de Martin Torrijos (2004-2009).
Al respecto, también la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional recordó que “si bien esa decisión” de Mulino es “legal” el mandatario omite dos realidades fundamentales: primero, el profundo contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, reflejado en encuestas y segundo, el valor simbólico e histórico del Pacto de Estado por la Justicia.
De otra parte, Andrade cuestionó la persecución política contra organizaciones como el sindicato de los obreros de la construcción y sus principales dirigentes, Saúl Méndez (ahora en el exilio), así como Genaro López, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud, junto a 83 afiliados que enfrentan procesos judiciales amañados.
Asimismo denunció violaciones de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, en la conformación de una comisión que debe establecer el salario mínimo promedio, pero pretende desconocer la presencia de organizaciones como Conusi y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados.
