Después de 52 años, la justicia de Chile reconoció que el Estado chileno es responsable del asesinato de la niña Alicia Marcela Aguilar Carvajal, quien resultó baleada por militares en la Plaza Panamá de Santiago.
En este sentido, la Justicia ordenó indemnización por la muerte de Aguilar Carvajal, que se produjo una semana después del Golpe militar al presidente Salvador Allende por Augusto Pinochet.
De acuerdo con medios locales, el fallo, del magistrado Matías Franulic del 29° Juzgado Civil de Santiago, no solo busca reparar económicamente a la familia, sino que reconstruye minuciosamente los hechos registrados en pleno centro de Santiago el 18 de septiembre de 1973.
En este sentido, Franulic estableció que la participación de agentes del Estado en el crimen es un “hecho no controvertido”, lo que lo cataloga como un delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible.
Franulic condenó al fisco al pago de una indemnización de 80 millones de pesos para la madre, María Hortensia Carvajal, y 40 millones para su hermana, María Cecilia Aguilar, como “víctimas por repercusión, con ocasión de la muerte de Alicia Marcela”.
De igual manera, se otorgaron 10 millones de pesos adicionales a María Cecilia por su condición de víctima directa de la violencia ejercida por el soldado que la golpeó con su fusil.
El fallo del juez Franulic apuntó que “los vehículos se instalaron en diversos sectores de la plaza y comenzaron a disparar al parque, generando una verdadera estampida de los vecinos que se encontraban en el lugar, los que por el terror ocasionado comenzaron a arrancar hacia el oriente, donde se encontraban ambas niñas jugando”.
El texto judicial narra la huida de la hermana de Alicia Marcela, las cuales jugaban en el parque mientras “la gente gritaba que corriera, porque los iban a matar, todo mientras sentía los zumbidos y chispazos de las balas a su lado. Cuenta que en ese momento y emulando el comportamiento de otra persona, María Cecilia se escondió bajo una camioneta estacionada, para luego salir hacia un pasaje en el cual una vecina la ocultó en el interior de su casa, junto a otras personas que también arrancaban de los efectivos”.
Por su parte, Alicia Marcela Aguilar Carvajal fue encontrada por un vecino, quien al verla herida la llevó al hospital, sin embargo la niña murió posteriormente a causa del “disparo de fusil en el tórax”, mientras jugaba en el parque citadino.
Asimismo, el fallo judicial dedica un apartado a las secuelas psicológicas permanentes. María Cecilia, la hermana de Alicia, relató que “su padre nunca volvió a ser el papá cariñoso que había conocido, puesto que, salvo monosílabos, no le dirigía la palabra, y cuando necesitaba algo de ella lo hacía a través de la mamá”.
“Este comportamiento silencioso y distante se mantuvo hasta poco antes de su muerte en mayo de 2015, a los 83 años”, refirió el fallo, mientras que la madre, María Hortensia, hoy de 79 años, tampoco superó el trauma: “no trata el tema y evita que lo hagan delante suyo”.
Alicia Marcela Aguilar Carvajal es una de las 205 niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura, según consta en el texto Rompiendo el silencio de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
