Delfín Xiqués Cutiño (Granma).— La llamada Franja de Gaza es un pequeño pedazo de línea de costa que limita con Israel al norte y al este. Hacia allí fueron desplazados por Israel –a la fuerza– cientos de miles de palestinos durante la limpieza étnica de la guerra de 1948.
En 1947, cuando Reino Unido controlaba la región, permitió la llegada de numerosos judíos de todo el mundo y trazó un plan para concederles «un Estado propio», dividiendo el territorio de Palestina entre árabes e israelíes.
La decisión respondía a la llamada Declaración de Balfourt, cuando Reino Unido, en 1917, prometió entregarles a los israelíes que residían en el exterior tierras palestinas para que establecieran allí «un hogar para el pueblo judío». Estas fueron las 67 palabras que dieron pie a la creación del Estado de Israel y ahondó el histórico conflicto entre Israel y Palestina.
Ese Gobierno no era dueño del territorio de Palestina ni tenía derecho a determinar el destino de su pueblo, privándolo de sus derechos legales, humanos y políticos.
En ese momento la población palestina de fe judía representaba menos del 10 % del total. Tras la Primera Guerra, los palestinos contemplaron estupefactos cómo sus tierras eran entregadas a extranjeros, a grupos de comunidades judías europeas que arribaban en barcos desde países como Alemania, Rusia, Holanda o Gran Bretaña.
En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que estableció la división de ese territorio (en los que había 1 200 000 árabes y 600 000 judíos) en un Estado judío, un Estado árabe y la zona de Jerusalén bajo régimen internacional.
Al siguiente año se produjo un enfrentamiento con varios estados árabes vecinos, en el que Israel, con un poderoso arsenal, se impuso y ocupó el 77 % del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, que incluía la mayor parte de Jerusalén. En ese conflicto fueron destruidas entre 400 y 600 poblaciones, y expulsadas a la zona de Gaza y Cisjordania más de 700 000 personas.
En 1949, los gobiernos de Egipto, Líbano, Jordania y Siria firmaron acuerdos de armisticio con Israel, fijando las demarcaciones, y se constituyeron cuatro comisiones mixtas de la onu para la vigilancia de la tregua.
Al terminar la contienda, el Gobierno israelí comenzó un deliberado programa de expulsión forzosa para modificar el territorio, arrasando cientos de poblaciones palestinas para construir sobre ellas colonias agrícolas llamadas kibutz, y ciudades para los judíos.
A este plan institucional del primer ministro David Ben Gurión, se le denominó Plan Dalet, para que lo ejecutara la Haganá, organización paramilitar, y se adoptó oficialmente el 10 de marzo de 1948. La estrategia era, y es, expulsar por la fuerza a la población árabe de Palestina, para establecer y ampliar el territorio del Estado de Israel.
El plan especificaba los pueblos que había que atacar y los métodos que se debían utilizar para expulsar a sus habitantes y destruir sus comunidades.
Las condenas y las protestas al Gobierno israelí no se hicieron esperar ante tanto odio contra la población árabe palestina. Ahora resulta que los que habían sufrido en carne propia la crueldad del nazifascismo, tan solo por ser judíos, odiaban y masacraban brutalmente a los palestinos.
Durante mucho tiempo continuaron los enfrentamientos, a tal punto que, del 5 al 10 de junio de 1967, estalló la llama de la Guerra de los seis días, entre Israel y una coalición de Estados árabes, principalmente Egipto, Siria y Jordania.
La guerra, que resultó favorable a Israel, entre otras cosas por el respaldo en armamentos que le suministró Estados Unidos, se saldó con la ocupación de los Altos del Golán, Cisjordania, Jerusalén Oriental, la península del Sinaí y la Franja de Gaza.
Luego se inició un lento proceso de negociaciones entre las partes involucradas para tratar de poner fin a la violencia en la región, que culminó en los Acuerdos de Camp David, en 1978, firmados por los presidentes Jimmy Carter y el egipcio Anwar Al Sadat, y el primer ministro israelí Menahem Begin.
Mediante este pacto quedaba sellada la paz entre Egipto e Israel y, aunque se reconocían vagamente los «derechos legítimos del pueblo palestino», no incluía el establecimiento de un Estado palestino, ni el control palestino de Jerusalén Oriental, tampoco el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Años más tarde se firmaron los Acuerdos de Oslo i y ii, entre el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat. Por vez primera, Israel, desde su ocupación en 1967 de los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, reconoce el derecho palestino a la autodeterminación y a establecer dos Estados.
En estos acuerdos el Gobierno de Israel reconoció el derecho a crear un Estado palestino; a dividir la Cisjordania ocupada en tres áreas, una de ellas gobernada por la Autoridad Palestina, hasta que se alcanzaran los tratados finales sobre cuatro fundamentales cuestiones: los asentamientos, el estatus de Jerusalén Oriental, las fronteras exactas y el estatus de los refugiados palestinos y su derecho a regresar.
Pero Israel nunca quiso aceptar un Estado palestino independiente. Durante años sus gobernantes tratan de deslegitimar la lucha del movimiento palestino y sabotean, todos los intentos por alcanzar una resolución final, tal y como está previsto en los Acuerdos de Oslo.
Se dice que, por esta iniciativa de paz, Rabin fue asesinado en 1995. En aquel entonces el líder del Partido Likud, Benjamín Netanyahu, acusó al Gobierno de Rabín de estar «alejado de la tradición judía (…) y de los valores judíos».
Los colonos ilegales asentados en los territorios de Cisjordania y Jerusalén, de unos 110 000, en 1993 y 1994, aumentaron a más de 700 000 en la actualidad. La limpieza étnica palestina, que comenzó en 1948, se ha acrecentado.
En 2023, grupos palestinos que promueven la lucha armada, y militantes de Hamás, se enfrentaron a los soldados sionistas en respuesta a las atrocidades contra la población civil en la Franja de Gaza y al bloqueo general que Israel mantiene sobre ese territorio.
Como represalia, el Gobierno israelí comenzó un bombardeo a Gaza –que hoy se mantiene-, y lanzó una invasión terrestre para combatir a un supuesto enemigo que carece de tropas regulares, aviones de combate, artillería y fuerzas blindadas. No es una guerra como algunos la llaman, es un genocidio.
Hace apenas unos días, Netanyahu dijo que el objetivo de su Gobierno es una ofensiva para reocupar toda la Franja de Gaza. Bajo la mirada protectora y la complicidad de Estados Unidos, solo desde 2023, se estima que más de 60 000 palestinos han muerto en Gaza. Unos han sido asesinados, otros murieron tras los bombardeos, bajo los escombros de sus viviendas; también han fallecido por hambre, frío o enfermedades. La cifra exacta nunca se sabrá.
Lo que sí se conoce es el pensamiento genocida de las autoridades sionistas, como el ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, quien expresó sin ningún pudor: «El ejército debe encontrar maneras más dolorosas que la muerte para los civiles en Gaza. Matarlos no es suficiente».
