La compañía de vuelos de bajo coste Ryanair vuelve a ser noticia con una decisión que deja a muchos de sus empleados en la incertidumbre. La compañía ha respondido al aumento de las tarifas aeroportuarias establecido por Aena y el Gobierno anunciando el cierre de su base en Santiago de Compostela, además de la cancelación de sus vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir las operaciones en varios aeropuertos como el de Zaragoza y Santander.
El Gobierno ha calificado este conflicto de “chantaje” por parte de la aerolínea, que ya ha vivido en el último año varios choques contra el Gobierno español, donde el CEO de Ryanair ha llamado “idiota” y “comunista” al Ministro de Consumo.
Estos choques vienen motivados porque el Ministerio de Consumo ha multado a la empresa con 107 millones de euros por prácticas abusivas, que consistían principalmente en el cobro del equipaje de mano, aunque también incluían otros abusos, como cobrar por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, impedir el pago en efectivo en los aeropuertos o imponer tasas desproporcionadas por imprimir la tarjeta de embarque. Actualmente la sanción ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La confrontación de Ryanair ahora ha llegado también al Ministerio de Transportes, y de paso también a Aena, los que acusa de monopolio por no rebajar las tasas en los aeropuertos regionales. Ese es el motivo que sostiene la compañía irlandesa para respaldar su decisión de trasladar operaciones a otros países con políticas fiscales más atractivas como Italia, Hungría o Marruecos.
Más importante que las peleas que pueda tener la compañía con el Gobierno o las prácticas con sus clientes son los conflictos laborales en los que está inmersa por el abuso a sus trabajadores. Desde el pasado 15 de agosto, y previsiblemente hasta el 31 de diciembre, el personal de tierra de la filial de Ryanair, Azul Handling controlada al 100% por Ryanair y con más de 3.000 trabajadores en España, está en huelga para protestar contra las sanciones a los trabajadores.
Ahora el cierre de la base de Santiago ha afectado también a la plantilla. A un total de unos 120 empleados les han ofrecido un cambio de destino, aunque muchos de ellos planean rechazarlo y abandonar la aerolínea.
