Esta creciente crisis de corrupción indignó a miles de filipinos, especialmente tras las devastadoras inundaciones que afectaron a varias regiones hace pocas semanas.
El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., destacó este problema en un discurso nacional en julio, cuando señaló la existencia de los llamados “proyectos fantasma” de infraestructura, financiados con dinero de los contribuyentes.
Cientos de miles de personas comenzaron a demostrar el descontento popular, de inmediato, mediante protestas en las calles que llevaron a las fuerzas armadas a decretar una alerta roja por precaución.
El escándalo repercutió en cambios recientes en las dirigencias de ambas cámaras del Congreso.
Además, dueños de una empresa constructora denunciaron que unos 30 legisladores y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras recibieron sobornos vinculados a estos proyectos ficticios.
Según el Departamento de Finanzas de Filipinas, la corrupción relacionada con los proyectos de control de inundaciones implicó una pérdida económica de hasta 118 mil 500 millones de pesos filipinos (cerca de dos mil millones de dólares) entre 2023 y 2025, lo cual afectó de forma negativa la economía y la confianza pública.
