La historia reciente de El Salvador está inexorablemente marcada por la sangrienta guerra que la Junta Militar desató contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992. La Junta Militar -apoyada (¿cómo no?) por el imperialismo estadounidense, así como por otras dictaduras latinoamericanas del momento- lanzó al ejército, la policía y los ‘escuadrones de la muerte’ paramilitares a masacrar a la guerrilla del FMLN, que contaba con una importante base campesina, obrera y popular.
Entre las profundas y dolorosas secuelas de la guerra están el aumento de las desigualdades económicas en el país, el desarraigo social y la emigración forzosa, la impunidad de muchos crímenes y violaciones, la normalización de la violencia armada, etc. En definitiva, un caldo de cultivo fértil para el surgimiento de las ‘maras’ o pandillas.
Hoy estas pandillas tienen un papel muy relevante en muchos aspectos de la vida salvadoreña y centroamericana. Hasta el punto de que el medio de comunicación “El Faro” recogió declaraciones de un importante líder de la mara ‘Barrio 18’, explicando cómo desde 2014 colaboraron con el actual presidente Nayib Bukele para auparlo políticamente: primero a la alcaldía de San Salvador (la capital del país) y luego al gobierno, en 2019. Así, el ultraderechista Bukele, quien ha basado todo su discurso en una supuesta «mano dura contra el crimen organizado», ganaba apoyo social por el descenso en las muertes asociadas a las maras; mientras éstas gozaban de manga ancha policial sobre sus áreas de influencia y coacción, veían liberados arbitrariamente a algunos de sus cabecillas, etc.
No obstante, en marzo de 2022 se produjeron en El Salvador más de 80 homicidios en tan solo tres días, una masacre que tendría que ver con desencuentros entre Bukele y las maras. Entonces el gobierno decretó el estado de excepción, que ya ha sido prorrogado más de 40 veces por la Asamblea Legislativa y que sigue vigente a día de hoy. Éste suspende derechos fundamentales, como el derecho a un proceso judicial para las personas bajo arresto.
Con esta «mano dura» de Bukele, se han registrado desde 2022 más de 85.000 detenciones, multiplicando por más de 3 veces el número de presos del país de 2019, hasta alcanzar casi el 2% de la población total. Casi todas son detenciones arbitrarias y sin base real, hasta el punto de encarcelar incluso a familiares de supuestos pandilleros. Según la organización de derechos humanos Cristosal, de un grupo de 1.177 personas encarceladas en el régimen de excepción, solamente 9 pertenecían a pandillas. Según Socorro Jurídico Humanitario, hay registradas al menos 430 muertes en prisión de personas a la espera de juicio. Muchas de las que sobreviven podrían enfrentar procesos masivos: más de 900 acusados/as juzgadas a la vez.
En 2023, el gobierno Bukele construyó el CECOT (‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’), una mega-prisión de «alta seguridad» teóricamente para pandilleros. Allí son habituales la denegación de asistencia -tanto legal como médica-, la incomunicación del detenido/a, la tortura física sistemática, privación del sueño, vejaciones y amenazas, etc.
Además, como fiel lacayo del imperialismo que es, Bukele ha retenido en el CECOT deportados procedentes de EE. UU., cobrándole a la administración Trump “una tarifa relativamente baja para ellos, pero que haga sostenible nuestro sistema penitenciario”. Marco Rubio ha calificado el ofrecimiento como “de buen amigo”. Y ambos países se han desentendido de cualquier responsabilidad legal para con los encarcelados.
Destaca el caso de 252 venezolanos/as (31 menores) encarcelados/as en el CECOT, detenidos/as en EE. UU. y deportados/as por Trump bajo la acusación -injusta y sin pruebas- de pertenecer a un grupo criminal que además ya está extinto. Para rescatar a estas personas inocentes, Venezuela ha tenido que negociar un duro intercambio y liberar ¡no salvadoreños! sino estadounidenses procesados por delitos contra la seguridad nacional (léase golpismo) y venezolanos con delitos comunes y contra el orden constitucional.
Redacción UyL
