La represión policial ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa contra manifestaciones pacíficas se intensificó en la segunda jornada del Paro Nacional 2025, con al menos 59 detenciones reportadas por el Ministerio del Interior.
Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reclaman la derogación del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel –elevando su precio de USD 1,80 a USD 2,80–, además de soluciones a la inseguridad, el desempleo, la crisis en la salud pública y el aumento del IVA del 12% al 15%.
En el centro de Quito, estudiantes y trabajadores marcharon desde la Caja del Seguro Social hasta la Plaza de Santo Domingo, exigiendo la renuncia de Daniel Noboa.
La corresponsal de teleSUR en Ecuador, Elena Rodríguez Yánez, reportó: “Represión a esta hora en Santo Domingo. Los manifestantes son replegados por la policía”. Las calles transversales a la avenida Guayaquil quedaron completamente valladas con fuerte presencia policial, limitando el avance de la movilización. Rodríguez Yánez también transmitió el testimonio de Manuel (nombre protegido), un niño que participó en la marcha: “Entre sus dedos sostiene el casquillo de una bomba lacrimógena, como si fuera un trofeo extraño que nunca debió pertenecerle. Lo muestra con la inocencia de quien no debería conocer la violencia, pero también con la claridad de quien sabe por qué protesta”.
En Otavalo (Imbabura), la represión policial escaló con denuncias de abusos por parte del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). La Conaie reportó la detención arbitraria y violenta de Gina Betel Cahuasquí, una manifestante pacífica rodeada, empujada y arrestada tras reclamar por el lanzamiento de bombas lacrimógenas.
Un video difundido en la red social X muestra a agentes disparando directamente contra el cuerpo de los participantes. La organización exige su liberación inmediata y responsabiliza a Noboa por su integridad, confirmando que Cahuasquí se encuentra en el Centro de Detención Provisional de Ibarra, sin claridad sobre su contexto jurídico o la investigación en su contra. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) respaldó la denuncia, alertando sobre violaciones a los derechos humanos.
Corresponsal de teleSUR documenta el uso de bombas lacrimógenas y detenciones arbitrarias durante marchas de estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas. Fuente:teleSUR
Adicionalmente, se reportó la desaparición de Roberto Alexander Cacoango Oyagata, de 32 años, oriundo de la comunidad de Punuyaro en Otavalo. La abogada de derechos humanos Sybel Martínez indicó que fue visto por última vez el 22 de septiembre cerca de la escuela Sarance, con su presencia registrada en cámaras de seguridad. Familiares y amigos exigen información inmediata sobre su paradero y estado de salud.
El fotógrafo Ricardo Landeta, corresponsal de Xinhua, fue agredido y despojado de su equipo mientras cubría las protestas en Otavalo, según denunció David de la Paz, coordinador de la agencia para América Latina.
Las cifras de detenciones varían entre fuentes oficiales y la Conaie, que confirman al menos 50 arrestos hasta el cierre de la jornada, sumados a heridos y agresiones a la prensa.
La Conaie denunció estos incidentes como parte de una estrategia gubernamental para sofocar el paro nacional, que se extiende a provincias como Pichincha e Imbabura con cierres viales y concentraciones.
