Un video difundido públicamente muestra la detención de un migrante en Nueva York por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE por sus siglas en inglés.
En las imágenes, grabadas dentro de un tribunal de inmigración, se observa a varios funcionarios con el rostro cubierto rodeando al hombre mientras este se aferra a su esposa e hijos. Dos de ellos lo sujetan por el cuello antes de arrastrarlo fuera de la sala en medio de los gritos de sus hijos.
La escena se tornó aún más violenta cuando la esposa del detenido intentó acercarse para pedir explicaciones. Según testigos, un agente respondió con burlas antes de empujarla contra la pared y lanzarla al suelo. La mujer terminó con lesiones que obligaron a su traslado inmediato a un hospital.
Brad Lander, contralor de la ciudad de Nueva York, denunció públicamente lo ocurrido. Afirmó que los agentes actuaron sin mostrar orden judicial y calificó el operativo como un secuestro a plena vista de las autoridades judiciales. Según su declaración, este no es un hecho aislado sino parte de un patrón de abusos que se repite a diario contra comunidades migrantes.
Organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos señalaron que la detención refleja una política migratoria sistemática que criminaliza a familias trabajadoras, en su mayoría latinoamericanas. Recordaron que estas prácticas se profundizaron bajo la gestión de Donald Trump, que convirtió a los operativos migratorios en un mecanismo de intimidación y persecución.
El uso de la fuerza en procedimientos civiles, la separación de familias y la ausencia de garantías procesales, están colocando a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema en Estados Unidos. País que está priorizando, en este tipo de actos, la represión sobre la protección de derechos fundamentales.
El caso también ha reabierto el debate sobre la falta de avances en materia de reforma migratoria. Aunque las autoridades han prometido cambios, en la práctica se mantienen operativos que reproducen escenas de violencia incluso en espacios judiciales, donde debería garantizarse la seguridad y el debido proceso.
