Familiares de los al menos 49 muertos en la represión a la ola de protestas en Perú tras la llegada al poder de la ahora expresidenta Dina Boluarte exigieron el viernes la detención y encarcelamiento de la exmandataria, una vez que fue destituida por el Congreso.
El día posterior a la destitución de Boluarte, los parientes de las víctimas de las protestas sucedidas entre diciembre de 2022 y 2023 realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia de la capital peruana.
Durante la acción de protesta, el grupo de familiares volvieron a exigir respuestas sobre el fallecimiento de las personas que participaron en las protestas donde se exigía a Boluarte la convocatoria de nuevas elecciones tras la detención y encarcelamiento del izquierdista Pedro Castillo.
Pocos, pero armados con pancartas, banderas, carteles y el megáfono, recordaron que «empezaron a reprimir con balas, con bombas lacrimógenas, perdigones…”, como contó a medios locales e internacionales, Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Masacrados.
“No podemos encontrar justicia”, admitió Samillán recordando los diez nombres de los fallecidos en la sureña región de Ayacucho, los siete de Apurímac; los tres de la central Junín, o la suma de veintidós cuerpos caídos en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia.
Samillán empuñó su denuncia en una pancarta en la que pedía la prisión de la ahora expresidenta y a sus cómplices que apoyaron la represión a las protestas contra Boluarte.
Para el activista los partidos de derecha Acción Popular, Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, respaldaron a Dina Boluarte desde que fue investida presidente en diciembre de 2022.
El Congreso de Perú aprobó en la madrugada del viernes, por unanimidad y con 122 votos, la vacancia de la presidenta Dina Boluarte.
Los legisladores argumentaron que su incapacidad para combatir la inseguridad ciudadana y gestionar la crisis social, marca un nuevo capítulo en la intensa inestabilidad política que atraviesa el país sudamericano.
