La decisión reafirma el criterio del magistrado de que las restricciones impuestas continúan siendo indispensables ante el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos atribuidos y el historial de desobediencia del exmandatario ultraderechista frente a decisiones judiciales.
Según De Moraes, mantener el encierro en casa «es necesario y apropiado para poner fin al peligro significativo de libertad», expresión utilizada en el ámbito jurídico para señalar los riesgos que la liberación del acusado podría representar para la aplicación efectiva de la justicia penal.
El exgobernante fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en régimen cerrado por el proceso penal número 2668, vinculado al intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones generales de 2022, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución del juez sigue el parecer de la Fiscalía General, que el 10 de octubre también se manifestó en contra de levantar las restricciones.
En su dictamen, el Ministerio Público Federal subrayó que las medidas cautelares son esenciales para evitar una eventual fuga del país y garantizar el cumplimiento de la condena recientemente impuesta por el Supremo.
De acuerdo con el despacho de De Moraes, el excapitán del Ejército violó reiteradamente las condiciones de su arresto, especialmente la prohibición de uso de redes sociales, tanto de manera directa como por medio de terceros.
También citó declaraciones públicas en las que el exjefe de Estado habría expresado su intención de desobedecer las decisiones judiciales, conducta que, según la corte superior, constituye una afrenta a la autoridad judicial.
La primera sala del STF ya había validado las medidas en julio, al considerarlas proporcionadas y necesarias para preservar el orden público y la credibilidad del Poder Judicial.
Desde entonces, las restricciones fueron reevaluadas y confirmadas en diversas decisiones, sin que la defensa presentara nuevos elementos que justificaran su revocación.
El fallo mantiene a Bolsonaro bajo reclusión domiciliaria, con prohibición de comunicarse por redes sociales y de mantener contacto con otros investigados en el mismo proceso.
Asimismo, el expresidente deberá continuar utilizando un dispositivo de monitoreo electrónico en su tobillo, con control de desplazamientos y restricciones de visitas no autorizadas.
«La garantía del orden público y la necesidad de asegurar la aplicación del derecho penal justifican el mantenimiento de las medidas cautelares, buscando un equilibrio razonable entre la justicia penal y el derecho a la libertad», concluyó De Moraes.
