
En medio de una crisis económica aguda y de significativos recortes presupuestarios a sectores como la salud y la educación, el Gobierno de Javier Milei gasta más de 120 millones de pesos (más de 88.000 dólares) en financiar dos ejercicios militares con «países aliados», uno de ellos que permite el ingreso a territorio argentino sin aval del Congreso de efectivos estadounidenses, según plasmó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025.
El ejercicio militar combinado «Tridente» entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de otras zonas marítimas y terrestres. Implicará un gasto para el Estado de más de 60 millones de pesos, exactamente $60.211.157, que pagará el Ministerio de Defensa.
La cartera que dirige Luis Petri alegó que su objetivo es “intercambiar tácticas, técnicas y procedimientos entre Fuerzas Especiales”, con el fin de mejorar la coordinación multinacional y la capacidad de respuesta inmediata, y defender la estabilidad regional. Además de presentarlo como «oportunidad estratégica», el decreto de Milei subraya que la experiencia de las Fuerzas Especiales de EE.UU. representa un “recurso invaluable”.
Entre el 6 y el 10 de octubre el Gobierno participó en el ejercicio “Solidaridad” en Puerto Varas, Chile. Este operativo contempla el envío de 27 efectivos argentinos, junto con equipamiento logístico —como una planta potabilizadora y camiones cisterna—, por un costo adicional de 60 millones de pesos.
Entre ambos ejercicios, el Estado destinará más de 120 millones de pesos, en un contexto en el que sectores esenciales como la educación y la salud enfrentan severos recortes presupuestarios.
La decisión de avanzar con estos ejercicios y aprobar el ingreso de militares estadounidenses mediante un DNU, en lugar de someter el plan anual de cooperación militar al debate legislativo, generó críticas por la falta de control parlamentario y por las prioridades del Gobierno en un escenario de ajuste. También llama la atención el altísimo costo del operativo en Chile en comparación con el exiguo grupo de efectivos argentinos que participaron.
Mientras tanto, las universidades públicas advierten de un déficit de infraestructura y bajos salarios docentes, y los hospitales estatales denuncian la falta de fondos para renovar equipos y garantizar la atención básica.