
Ecuador atraviesa en 2025 la etapa más violenta de su historia reciente, con cifras de homicidios que superan todos los registros previos. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre se cometieron 6.797 homicidios intencionales, lo que equivale a 25 asesinatos por día o una víctima cada 58 minutos.
El incremento respecto al año anterior es alarmante: los homicidios aumentaron un 36,7% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 4.970 muertes violentas. La tendencia coloca a 2025 como el año más sangriento del país.
La mayoría de los crímenes fueron perpetrados con armas de fuego, utilizadas en más de 6.000 casos, lo que confirma el nivel de impunidad con el que operan las organizaciones criminales.
Entre los hechos más brutales, destaca la matanza ocurrida el 19 de julio en un barrio popular de General Villamil Playas, provincia del Guayas, donde un grupo armado asesinó a 11 personas. Episodios como este se han vuelto frecuentes en distintas regiones del país, generando un clima de miedo generalizado.

La violencia no solo golpea a la ciudadanía, sino también al sistema judicial. Desde 2022, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados, según la ONG Human Rights Watch, en lo que diversos observadores consideran una ofensiva directa contra quienes investigan el crimen organizado.
El caso más reciente ocurrió el 16 de octubre, cuando Marcos Mendoza, juez que llevaba el caso Blanqueo Fito, fue asesinado en Manta mientras acompañaba a sus hijos a la escuela. Días antes había solicitado al ministro del Interior, John Reimberg, mayor protección personal.
El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) identificó un patrón de ataques sistemáticos contra operadores judiciales, reflejo del nivel de riesgo que enfrentan quienes administran justicia en un país dominado por la violencia.
“Este hecho estremecedor evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país”, expresó la Asociación de Jueces de Ecuador en un comunicado.
Por su parte, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado ODJ informó que durante el primer semestre de 2025 los homicidios crecieron un 47% respecto al año anterior.
El ODJ también reportó un aumento de los ataques a instituciones del Estado, como el atentado del 20 de junio contra una dependencia de la Fiscalía en Chone (Manabí), que dejó un funcionario muerto y otro herido.
A estos hechos se suman amenazas de bomba en edificios judiciales, como las registradas en el Complejo Albán Borja (23 de agosto) y en la Corte Constitucional (19 de septiembre), esta última en medio de una tensa disputa política entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, luego de que la Corte suspendiera varios artículos de las leyes de Solidaridad e Integridad Pública.