Las pensiones públicas en el punto de mira

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P. Tendero (Unidad y Lucha).— Sabemos del interés del capital por mercantilizar cuanto pueda dar beneficios, como una forma de contrarrestar la inexorable tendencia a la caída de la tasa de beneficio, origen de su crisis estructural. En esta línea, se pretende hacer negocio con las cotizaciones de tantos millones de trabajadores, la apropiación de las cuales paliaría por un tiempo la crisis. Por eso las pensiones públicas están en el punto de mira del capital.

El ataque tiene diferentes formas, pero el objetivo siempre es el mismo: hacer negocio con las pensiones. Además, el gasto militar impuesto por la OTAN del 5% del PIB, obliga a reducir otras partidas, sobre todo sanidad y pensiones.

Recientemente en Dinamarca se aumentó la edad de jubilación a los 70 años. Aquí una publicación del BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) abogaba por fijarla en 71 años. En Argentina se reprimían las manifestaciones semanales contra los recortes en las pensiones por el gobierno de Milei.

En Europa, países como Gran Bretaña, Francia o Alemania han anunciado importantes recortes del gasto social. Los promotores de la belicista «coalición de los dispuestos» a la ayuda a su títere en Ucrania, desvían lo que queda de derechos sociales hacia el rearme y el lucro privado.

El ya ex primer ministro francés Francois Bayrou, clamaba contra los jubilados por su «egoísmo», que disparaba el déficit y sacrificaba a la juventud, por lo que una de las medidas de su contestado programa era la congelación de las pensiones.

En Alemania, el canciller Merz anunciaba que el país «ya no se puede permitir el estado del bienestar» y pedía «un gran esfuerzo en relación con las pensiones, la atención médica y los cuidados a largo plazo», mientras aumentan las desgravaciones a empresas y se dispara el gasto militar en un país en recesión.

Ahora la coalición CDU/CSU y SPD propone un plan de pensiones privado desde los 6 años, con un ingreso de 10€ mensuales en una entidad financiera hasta la mayoría de edad, del que se podrá disponer al jubilarse. Supondría unos 1500 millones de euros anuales desviados a entidades financieras, con la excusa de que las pensiones públicas alemanas ya no son sostenibles, por lo que deben complementarse con pensiones privadas pagadas por el estado, pues voluntariamente casi nadie lo hace.

Aquí una apuesta, con la colaboración del sindicalismo del sistema, son los planes de pensiones de empleo, ya introducidos en el convenio de la Construcción de 2023, firmado poco después del V AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, en el que las partes dicen valorar positivamente los sistemas de pensiones complementarios, por lo que plantean «fomentar en los convenios los Planes de Pensiones de Empleo, como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas».

También van cumpliéndose los compromisos adoptados con la UE para recibir los llamados Fondos Europeos, recogidos en la componente 30 del acuerdo con la UE. Así, ha aumentado a 27 años el periodo de cómputo y se ha dificultado y penalizado la jubilación antes de la edad oficial, que en 2027 será de 67 años.

Al mismo tiempo, se proclama que las pensiones, concebidas como un gasto inútil e improductivo, son la causa del déficit y la deuda pública, culpables de la pésima situación de gran parte de la juventud. Pura demagogia, porque aunque bajasen drásticamente las actuales pensiones, no por ello subirían los miserables salarios de muchos jóvenes ni bajarían los alquileres a los que no pueden acceder, pues el verdadero problema no son las pensiones sino el capitalismo, que cada vez garantizará menos los mínimos necesarios.

En el Estado español se da una anomalía: son las organizaciones de jubilados y pensionistas quienes protagonizan la lucha por las pensiones públicas, ante la defección del sindicalismo oficial. Pero defender y mejorar las actuales pensiones públicas, en general insuficientes, debe ser un objetivo de toda la clase trabajadora, no sólo de quien ya ha llegado a la jubilación.

Es necesario que la manifestación estatal del 25 de octubre en Madrid, convocada por COESPE y otras entidades, demuestre la firme voluntad de nuestra clase de luchar por algo tan vital como las pensiones públicas.

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