Stalin Centeno (Radio La Primerísima).— El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está secuestrado por las mismas potencias que han masacrado pueblos enteros, que han invadido naciones soberanas, que han impuesto bloqueos criminales y que ahora pretenden erigirse como jueces universales. Ese espacio dejó de servir a la justicia hace rato. Se volvió un instrumento de guerra política contra los países que no aceptan órdenes imperiales, una mesa donde se dictan condenas prefabricadas mientras los responsables de genocidios modernos se lavan las manos con discursos pomposos.
Ese Consejo no es un templo de justicia,
lo controlan las potencias que se sienten dueñas del planeta, las mismas que han impuesto guerras, sanciones y hambre desde despachos lujosos y de conspiración permanente en Washington y en París.
Ahí mandan gobiernos que jamás han pagado por los crímenes que cometieron desde la OTAN en Irak, Libia, Afganistán, y tantos otros pueblos golpeados por sus misiles y sus bancos. Lo financian los que compran votos, pagan campañas de terror mediático y sostienen redes criminales y corruptas de ONG’s que funcionan como brazos políticos para repetir el guión que conviene al imperio yanqui y a los neocolonialistas. Ese no es un foro libre, es una sala de control donde se alinean los países que obedecen al dólar y al euro.
Según ese chancho informe que ellos fabrican desde escritorios bien lejos de la vida real y de los pueblos, Nicaragua estaría obligada a aceptar acusaciones basadas en supuestos testimonios, ONG’s financiadas por gobiernos hostiles y relatos repetidos sin verificación alguna, pero Nicaragua les dejó claro que así no se juzga a un país, que con recortes, chismes y operadores políticos disfrazados de libertadores, no se construye verdad, por eso se exige que se termine ese mandato sesgado y se abra paso a un proceso serio, verificable, donde los hechos se comprueben y no en papeles cocinados por intereses extranjeros, porque lo que está en juego aquí es evitar el chantaje, la coerción y la injerencia disfrazada de preocupación, y Nicaragua dejó claro que no acepta informes basados en campañas financiadas, imposiciones ajenas ni sanciones usadas como arma política contra un pueblo soberano.
Nicaragua emplaza a declarar la nulidad política y jurídica de ese mandato, lo califica de instrumento nacido sin consentimiento del Estado, sustentado en campañas financiadas y operadores con agenda, y por ello exige su cierre inmediato, plantea que los mecanismos actuales funcionan por coerción y chantaje, que desvirtúan cualquier escrutinio y vulneran la soberanía y reclama que no se impongan procedimientos unilaterales sino que primen criterios jurídicos claros, transparencia en las fuentes y en las metodologías, y el respeto a la condición innegociable de la soberanía como marco para cualquier actuación internacional.
En ese mecanismo del espurio informe, Nicaragua señala que la base probatoria está contaminada desde el origen, construida con actores financiados desde afuera y con voces organizadas para fabricar un relato político, no para buscar verdad, y deja claro que ese material no cumple estándares serios de investigación, porque no proviene de hechos comprobados sino de alineamientos interesados, así se expone que el propósito no es esclarecer nada sino justificar presión y sanciones, y por eso Nicaragua insiste en que sin verificación real no hay legitimidad y sin legitimidad lo que existe es un libreto para atacar a un Estado soberano.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su más reciente informe contra Nicaragua, recurre a un andamiaje discursivo que intenta presentarse como defensa universal, pero el país subraya que detrás de esa fachada opera un dispositivo orientado a legitimar sanciones, manipular narrativas y presionar a Estados que no se alinean, y al exponerlo así, Nicaragua marca que este mecanismo no actúa por principios sino por directrices políticas, poniendo en evidencia que la construcción del documento no responde a parámetros jurídicos ni técnicos, sino a una estrategia donde se combinan financiamiento externo, acusaciones sin sustento verificable y una agenda de aislamiento, lo cual descalifica su pretendida autoridad.
Cuando uno se mete a revisar ese documento y mira cómo está armado, lo primero que se nota es que ahí no hay búsqueda genuina de hechos, más bien una estructura levantada para apuntar siempre hacia el mismo lado, porque no hay imparcialidad ni rigor, hay selectividad dirigida a un solo país, una politización abierta del sistema y una instrumentalización del discurso de derechos humanos para encubrir agendas externas que buscan doblegar a un Estado soberano; Nicaragua subraya que estas acusaciones prefabricadas no respetan normas ni métodos, se construyen desde afuera y se colocan como verdad para justificar imposición y presiones, violando principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas y convirtiendo el mecanismo en una herramienta para golpear a una nación libre y a su pueblo, no para defender derechos, y eso le quita la máscara a ese Consejo de Derechos Humanos, que ya no actúa como garante, sino como instrumento de presión política disfrazado de un juez pulcro y acusador.
Los que creen que con papeles manchados de sangre y acusaciones compradas van a quebrar la voluntad de este pueblo no conocen la historia de esta tierra. Nicaragua es libre, Nicaragua es dueña de su destino y Nicaragua no se vende ni se rinde. Desde la Patria del General Sandino, desde este pueblo sandinista libre y soberano y desde el Buen Gobierno dirigido por la Compañera Rosario y el Comandante Daniel, les decimos con claridad al supuesto Consejo de Derechos Humanos que si con esos informes politizados intentan rendirnos, se estrellarán contra nuestra dignidad y recibirán la respuesta valiente y decidida de nuestro poeta Leonel Rugama: que se rinda tu madre.
