Los narcotraficantes de Río de Janeiro se enfrentan a la policía con drones, como en los campos de batalla de Ucrania, que en tres años y ocho meses ha cambiado la forma en que se llevan a cabo los combates cercanos. Hasta ahora los drones militares eran considerados como aviones, aparatos grandes y costosos. Estos drones siguen volando por todo el mundo, incluso en los cielos ucranianos, pero la diferencia está en la gestión microscópica de la guerra: los modelos que cuestan unos pocos cientos de dólares fueron adaptados para misiones de vigilancia y, por lo tanto, de ataque.
En lugar de disparar misiles Hellfire de 800.000 reales cada uno, lanzan viejas granadas antipersonas soviéticas que pueden costar menos de 30 reales. Si son derribadas o capturadas, los daños no superan los 2.500 reales para los modelos más sencillos, en comparación con los 28 millones que cuesta un dron turco Bayraktar TB2 de gran tamaño.
La línea del frente, que solía ser una “tierra de nadie” de cientos de metros, ahora puede alcanzar casi los 50 kilómetros de longitud. Cualquier cosa que se mueva dentro de ella está expuesta a ser alcanzada por las municiones que cuelgan de los pequeños drones.
Cuando los sistemas de interferencia electrónica se volvieron demasiado sofisticados, los rusos tomaron la delantera y adaptaron un dispositivo chino: un dron controlado por kilómetros de cable de fibra óptica, impenetrable salvo por medios físicos.
La realidad pronto cambió al ámbito del crimen. Los cárteles de la droga en México utilizan drones con frecuencia. En Brasil, los primeros informes comenzaron a surgir el año pasado, con evidencia de que los narcotraficantes llevaban la delantera táctica a la policía. En enero y julio, la policía incautó armas antidrones a los delincuentes. En al menos una ocasión, se encontraron modelos de la empresa ucraniana Kvertus, el KVS G-6, un cañón electrónico que inutiliza las señales de control y vídeo de drones a una distancia de hasta 6 kilómetros.
En abril la empresa ucraniana estuvo en Río de Janeiro para vender sus drones a la policía, pero no tuvo mucho éxito. La competencia ya llevaba ventaja con las rutas de contrabando. Las armas pasan por traficantes de armas desde Europa oriental a países como Paraguay y luego entran a Brasil. Son productos caros: un KVS G-6 cuesta alrededor de 63.000 reales. Pero la ruta más barata ya está en funcionamiento.
En julio del año pasado la policía de Río de Janeiro confiscó un dron de la empresa china DJI, la mejor del mercado, valorado en 20.000 reales, adaptado para lanzar granadas contra los policías de la zona norte de la ciudad. Aun así, se trata de un dispositivo costoso, y el Estado declaró no tener certeza sobre su uso.
En las imágenes disponibles se observa lo que parecía ser un cuadricóptero de 3.000 reales lanzando una carga incandescente. No era una granada; podría haber sido munición trazadora o explosivos simples, pero la policía afirma que se lanzaron explosivos: los dispensadores, las pinzas que sujetan el arma, cuestan 120 reales.
Tan importante como poseer las armas es capacitar a quienes las utilizan. La Operación Buzz Bomb, llevada a cabo por la policía el año pasado, detuvo al menos a un oficial de la Marina en Río que impartía cursos a operadores de drones, lo que sugiere la difusión del arma.
Neutralizar drones en entornos urbanos es problemático debido al riesgo que representan para las personas en tierra. Si la policía quiere tomar la iniciativa, tendrá que invertir en tecnologías electrónicas de captura de drones que les permitan controlar el dispositivo.
De vez en cuando surge algún rumor o evidencia de una nueva y poderosa arma en manos de los traficantes: lanzagranadas, ametralladoras capaces de derribar helicópteros. Pero es probable que el futuro presente un panorama similar al de los campos de batalla europeos.
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