Las mayores empresas nacionales obtienen ganancias récord. En 2024 se distribuyeron 2.900 millones de euros en dividendos a los accionistas y se prevén 3.200 millones en 2025. La necesidad de «flexibilización» para aumentar la productividad a costa de la destrucción de derechos choca con el empobrecimiento de los trabajadores.
En un año en que las principales empresas cotizadas en bolsa alcanzaron ganancias anuales históricas por cuarto año consecutivo y distribuyeron 2.900 millones de euros en dividendos a los accionistas, el Gobierno presentó una propuesta de modificación de la legislación laboral que representa una transformación profunda en el mercado de trabajo.
Esta iniciativa legislativa surge precisamente cuando el PSI-20 alcanzó un beneficio conjunto de 6.100 millones de euros, un crecimiento significativo frente al año anterior, que ya había sido considerado excepcional. Gigantes como Galp, EDP, BCP y Jerónimo Martins lideran esta fase de prosperidad financiera.
Al servicio de estos grandes grupos económicos, la propuesta del Gobierno, compuesta por más de un centenar de modificaciones, busca promover cambios estructurales en el Código del Trabajo. Las medidas incluyen la ampliación de los plazos y motivos para la celebración de contratos temporales, la introducción de la posibilidad de pago de las pagas extraordinarias (vacaciones y Navidad) en doceavas partes, la facilitación de los procesos de despido, la desregulación de los horarios de trabajo mediante la reinstauración del banco de horas individual, y modificaciones profundas en la contratación colectiva y en el ejercicio de los derechos sindicales y de huelga. El conjunto se justifica por la necesidad de introducir «flexibilización» para hacer a las empresas más «competitivas» y enfrentar desafíos económicos.
Es aquí donde, sin embargo, existe una contradicción evidente entre el discurso oficial que sostiene el paquete laboral y la realidad financiera del tejido empresarial portugués al que sirve el Gobierno. La justificación de la necesidad apremiante de flexibilización para la supervivencia y competitividad de las empresas pierde credibilidad cuando se confronta con los indicadores de rentabilidad del principal índice bursátil nacional, que baten récords sucesivos.
La modificación de la legislación laboral surge, no en un contexto de crisis o de dificultades generalizadas de las empresas, sino en una fase de ganancias excepcionales y de distribución generosa de dividendos. Esta coyuntura plantea la cuestión de si la «flexibilidad» es un instrumento necesario para salvar empresas o, más bien, una herramienta para aumentar aún más la rentabilidad del capital, ya elevada, a costa de la seguridad y de los ingresos de los trabajadores.
El núcleo del paquete parece ser una transferencia de poder de las manos de los trabajadores a las manos de los patronos. Al mismo tiempo, los datos financieros revelan una transferencia masiva de riqueza hacia los accionistas, descapitalizando a las empresas y eliminando factores que aumenten la productividad. El conjunto del paquete laboral no está destinado a crear una nueva riqueza en un contexto adverso, sino a redistribuir la riqueza existente de forma aún más asimétrica: de la fuerza de trabajo, a través de la precarización y del estancamiento salarial, hacia el capital, mediante la consolidación de ganancias y dividendos récord.
La propuesta de modificación de la legislación busca, así, optimizar e intensificar el modelo de explotación, en lugar de promover una transición hacia un paradigma basado en la innovación, la productividad cualificada o la inversión. En otras palabras, el Gobierno y la patronal parecen estar optando por reforzar un camino de bajos salarios que ya beneficia claramente al capital, en detrimento de una vía alternativa que también pudiera beneficiar a los trabajadores con mejores salarios y mayor estabilidad.
Dada la evidencia de las ganancias excepcionales de los grandes grupos económicos, la justificación de que es necesaria más «flexibilidad laboral» para garantizar la viabilidad de las empresas aparece como un pretexto. Una apreciación crítica permite concluir que el paquete laboral representa un ataque desproporcionado a los derechos de los trabajadores y sus objetivos parecen ser más ideológicos y de redistribución de poder que económicos, buscando profundizar un desequilibrio ya existente entre las ganancias del capital y los derechos de los trabajadores.
La injusticia social subyacente se vuelve flagrante: se promueve activamente la precarización del trabajo mientras se celebran, en paralelo, ganancias y distribuciones de dividendos sin precedentes.
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