Una vez que la ley entre en vigor, los recursos que el Estado les asigna anualmente a los centros de altos estudios e institutos públicos se calcularán sobre el Índice de Costos de la Educación Superior en vez de usar como referencia el Índice de Precio al Consumidor, que suele ser menor que el primero de esos indicadores.
La norma asegura que, para garantizar la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes o lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, se dispondrán recursos adicionales provenientes de los aportes del Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales.
Rojas celebró en sus redes sociales la aprobación de la reforma a la Ley 30 y lo calificó como un logro tras décadas de lucha de la juventud y un homenaje a quienes fueron reprimidos antes por el Estado por reclamar el derecho a la enseñanza.
“A estudiantes, profesores, rectoras, rectores y a toda la comunidad académica les decimos que este es un país que ha entendido que la educación es el primer instrumento para la paz”, escribió en su cuenta de X.
Añadió que la cartera ministerial que lidera esta ya lista para radicar una reforma integral de la Ley 30, lo cual catalogó como el segundo paso para que la educación se consolide como un derecho y no como un negocio.
