El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados denunció, en un comunicado, una iniciativa de la Knesset (Parlamento) que cortaría la electricidad y el agua a las instalaciones propiedad u operadas por la Unrwa en los territorios ocupados.
La nueva normativa también permitiría al Gobierno confiscar “sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos” propiedades en Jerusalén Este que fueron arrendadas a ese organismo.
Esta medida constituye un ataque directo contra una agencia humanitaria de la ONU que goza de inmunidad jurídica internacional y cuyo papel vital e irremplazable es reconocido internacionalmente, advirtió la cartera.
Recordó que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino, incluida Jerusalén Este, ni sobre la Unrwa.
La Cancillería afirmó que los continuos ataques contra esa institución no sólo la afectan a ella, sino que también constituyen un duro golpe a todo el sistema humanitario internacional y un intento deliberado de criminalizar la ayuda a los palestinos.
Rechazó también “la guerra de exterminio, el desplazamiento y la hambruna” impulsadas por ese país.
El Ministerio llamó al mundo a adoptar medidas urgentes para proteger a la Unrwa y a sus trabajadores.
Es necesario garantizar el continuo desempeño de sus tareas humanitarias sin obstáculos ni amenazas, imponer sanciones disuasorias a Israel, la potencia ocupante ilegal, y exigirle cuentas por sus graves y constantes violaciones, recalcó.
La semana pasada, el Ejército irrumpió en la sede de la Agencia en Jerusalén e incautó todo el material en su interior, en medio de acusaciones del Gobierno contra la institución por su supuesto apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica y al ataque del 7 de octubre de 2023.
En respuesta, el comisionado general del organismo, Philippe Lazzarini, denunció que Israel está violando los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas al atacar la sede de la agencia.
Al intervenir en una reunión sobre refugiados en Ginebra, Lazzarini acusó a ese país de asesinar en Gaza a más de 380 miembros del personal de Unrwa en los últimos dos años.
En enero de este año, entraron en vigor dos leyes adoptadas por Israel contra la agencia, pese a las condenas internacionales.
La primera de ellas prohibió las actividades de la Unrwa dentro de “áreas bajo soberanía israelí”, incluida la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, ocupada desde la guerra de 1967.
La prohibición se extendió a la operación de oficinas de representación y la prestación de servicios, mientras que la segunda ley impide cualquier contacto de las autoridades con el organismo.
También impuso obstáculos a la negociación de la agencia con bancos israelíes, la obtención de transferencias financieras y el pago de salarios.
