Los 252 migrantes venezolanos que permanecieron secuestrados ilegalmente durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos, denunciaron formalmente torturas sistemáticas, abusos sexuales y desaparición forzada durante su retención. Exigen a la Administración Trump cumplir la orden judicial que les permitiría acceder al debido proceso legal en suelo estadounidense.
«Hacemos un llamado al tanto al Gobierno de EE.UU. como de El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial y exigimos a las autoridades de ese país que generen las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas«, señala el comunicado leído por los afectados.
Los ciudadanos contaron que eran golpeados constantemente en el centro penitenciario salvadoreño, además, sufrían de torturas, abusos psicológicos, falta de atención médica y tratos degradantes que dejaron secuelas físicas y emocionales. La denuncia se realizó en Caracas durante una jornada de evaluación de acciones legales, en la que los migrantes exigieron justicia y el acompañamiento de organismos internacionales.
El juez federal James Boasberg determinó el 22 de diciembre que los venezolanos deportados fueron privados de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, dictaminó que tienen derecho a regresar a Estados Unidos para impugnar la decisión de expulsión ante un tribunal competente. Esta resolución legal es un precedente crucial, ya que reafirma la primacía de los derechos individuales frente a las políticas migratorias que no respetan el debido proceso.
Al respecto, los deportados manifestaron su satisfacción con la mencionada resolución, al considerarla una reafirmación esencial de los derechos humanos de los migrantes. «Celebramos la decisión del juez federal que reafirma el principio de que ningún gobierno, sin importar su procedencia, está por encima del derecho internacional, de los principios fundamentales del debido proceso y del respeto de los derechos humanos», destacó el texto leído por los afectados.
Además de las demandas inmediatas, los excarcelados solicitaron que se detenga de manera categórica la violación de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. Asimismo, instaron a que se garanticen condiciones dignas de retorno para aquellos que no deseen o no puedan permanecer en territorio estadounidense. «Esta sentencia sienta un precedente crucial para la protección de los derechos de todos los migrantes quienes salen de sus hogares con dificultades y vulnerabilidades, y que en su mayoría son familias humildes y trabajadoras», resalta el comunicado.
Los ciudadanos venezolanos enfatizaron la imperiosa necesidad de que la migración sea abordada desde un enfoque de derechos humanos, cooperación internacional y respeto a la dignidad inherente a cada persona. Rechazaron de plano cualquier aproximación que conlleve la criminalización, la tortura o el trato indigno hacia los migrantes. De igual manera, solicitaron el apoyo de organizaciones de juristas internacionales para fortalecer su defensa legal y lograr que los responsables de los abusos cometidos «paguen» por el daño irreparable causado.
Es importante recordar que los 252 migrantes fueron liberados en julio pasado y repatriados a territorio venezolano, mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros negociado entre los Gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos. Según información proporcionada por Washington, Caracas liberó a diez ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en la nación caribeña como parte de este complejo acuerdo diplomático.
En marzo, el presidente estadounidense Donald Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa anacrónica, para justificar la expulsión de cientos de venezolanos mayores de 14 años. La administración Trump argumentó que estos individuos integraban la banda delictiva Tren de Aragua —declarada extinta por el Gobierno de Venezuela— o carecían de pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en ese país.
Mediante un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de Nayib Bukele, 252 venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela aseguró que se trataba de migrantes comunes y calificó la medida como un «secuestro», rechazando la criminalización y la violación de sus derechos.
