La denominada “última batalla de su vida” es como se presenta el juicio actual de 117 mujeres surcoreanas víctimas de explotación sexual, en el marco de un acuerdo posbélico entre Estados Unidos y Corea del Sur.
En 2018, las demandantes —en su mayoría mujeres de edad avanzada— obtuvieron una victoria parcial en un proceso judicial en Corea del Sur. El Tribunal Superior de Seúl ordenó al gobierno otorgar compensaciones, al reconocer que el Estado no solo incumplió su deber de protección, sino que también promovió y administró de manera activa la explotación sexual como una política institucional.
El fallo estableció compensaciones de 7 millones de wones para 74 demandantes cuyas denuncias incluían prostitución forzada y aislamiento ilegal, y de 3 millones de wones para otras 43 mujeres, a quienes solo se les reconoció la promoción de la prostitución.
Sin embargo, las disposiciones judiciales nunca se cumplieron. Una de las sobrevivientes, Lee Young Sook, lamentó haber recibido apenas 100.000 wones, mientras que otras no obtuvieron nada, lo que llevó a calificar la victoria como parcial e insuficiente.
Siete años después, en septiembre de 2025, las 117 mujeres presentaron una demanda contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea (USFK). El documento acusa al ejército de haber fomentado una red de trata sexual que operó durante décadas, iniciada con la llegada de tropas extranjeras en 1945, poco antes de la Guerra de Corea.
Las acusaciones incluyen la promoción activa de la prostitución, la gestión discriminatoria de enfermedades y la imposición de aislamiento forzoso por infecciones de transmisión sexual en Corea del Sur entre las décadas de 1970 y 1980, pese a que la medida ya había sido abolida en Estados Unidos en 1953.
Asimismo, se denuncia la complicidad y la ausencia de medidas de protección, al desatender los crímenes y abusos perpetrados por soldados estadounidenses contra las mujeres. Esta situación fortalece la demanda de que Washington reconozca la explotación como una política estructural y no como hechos aislados.
Las sobrevivientes reclaman una disculpa oficial, la creación de comisiones de investigación histórica y mecanismos legales que impidan la repetición de estos crímenes. “Lo que quiero decirles tanto al gobierno surcoreano como a las fuerzas estadounidenses es, por favor, que dejen que nuestras hermanas vivan sin dolor. Que pasen sus últimos días sin preocuparse, al menos, por los gastos médicos”, expresó Kim, una de las demandantes.
