El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció el martes que se van a emprender «acciones judiciales» para esclarecer lo sucedido en las elecciones generales del 30 de noviembre, al darse a conocer la declaración final por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así lo evidenció el fiscal general en su cuenta en la red social X donde comentó que «el Ministerio Público, actuando con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático, no intervino ni interrumpió ninguna etapa del proceso de las elecciones generales».
El fiscal general expresó que «ningún acto que atente contra la voluntad popular y, por ende, contra la soberanía quedará en la impunidad», reforzando el compromiso con el pueblo hondureño como manifestó en su publicación.
La decisión surge tras haberse dado a conocer de manera virtual el resultado de las elecciones por parte de las consejeras del CN, Ana Paola Hall y Cossette López junto al suplente Carlos Cardona seis horas antes del cierre del plazo. El resultado favoreció al candidato Nasry Asfura del Partido Nacional, quien fuera apoyado por parte de Donald Trump durante su campaña con la promesa de más ayudas al país si este salía electo.
El 24 de diciembre se dio a conocer la victoria de Asfura, la cual ha sido catalogada como un fraude institucional al haberse quedado inconcluso el escrutinio, lo que ha generado rechazo por parte de otros sectores que piden que sea un proceso justo para el pueblo hondureño. Marlon Ochoa, consejero del CNE, denunció que no aceptaría este resultado sin haberse realizado el conteo de votos de la totalidad de actas.
Según los datos oficiales difundidos por el CNE, el Partido Nacional obtuvo 49 diputados de los 128 que conforman el Parlamento, seguido del Partido Liberal con 41 curules, Libre con 35, Innovación y Unidad Socialdemócrata con 2, y el Democracia Cristiana con 1. En las alcaldías, el Partido Nacional logró 151, el Liberal 76, Libre 69, Innovación y Unidad Socialdemócrata 1, además de un candidato independiente.
Johel Zelaya manifestó que estas acciones judiciales serían «un precedente en la historia del país» en un proceso electoral que ha estado marcado por el fraude y la injerencia estadounidense. El fiscal general resaltó su importancia «para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de derecho».
