El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, sostuvo este martes 30 de diciembre una videoconferencia con los integrantes de la misión diplomática persa en Venezuela, por medio de la cual reiteró la posición de principios de Irán de rechazar cualquier acción amenazante contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela.
En la misma línea, Araqchi manifestó su confianza en que el pueblo venezolano, manteniendo la unidad y la cohesión nacional, defenderá la independencia y los intereses de su país frente a las acciones ilegales de Estados Unidos y agradeció a los diplomáticos iraníes por su labor en consolidar los lazos entre ambas naciones.
A este respecto, durante la reunión virtual, Ali Chegini, embajador de Irán en Venezuela, presentó un informe detallado sobre las medidas adoptadas y el curso para fortalecer las relaciones bilaterales.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que la embajada de Irán en Venezuela es muy activa y que los rumores sobre la salida de su personal forman parte de una «guerra psicológica».
Baqai advirtió que este es un patrón repetitivo, similar al que ha enfrentado el país persa en los últimos meses, y que ahora se está utilizando también en el caso de Venezuela.
El Gobierno de Irán ha manifestado en reiteradas ocasiones su solidaridad con el Gobierno y el pueblo venezolano, resaltando que la intervención estadounidense en distintas partes del mundo solo ha generado “inseguridad, destrucción, genocidio y matanzas”.
Desde agosto pasado, fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. A pesar de estos argumentos, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos naturales del país bolivariano, en particular del petróleo.
La escalada militar impulsada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump en el Mar Caribe representa una grave y creciente amenaza para la estabilidad regional y el orden jurídico internacional. Lo que comenzó como una decisión estratégica controvertida ha evolucionado, con la profundización anunciada el 16 de diciembre, hacia una política de facto de ocupación marítima y uso de la fuerza.
Esta presencia no solo altera el equilibrio geopolítico, sino que ha estado marcada por actos de una severidad extrema, como las ejecuciones sumarias de por lo menos 105 personas a bordo de embarcaciones, hechos que por sí solos configuran crímenes de lesa humanidad y exigen una respuesta contundente de la comunidad internacional.
