El Gobierno de Argentina despidió a 63.234 trabajadores del sector público entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, en el marco del programa de ajuste neoliberal impulsado por el presidente Javier Milei, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El director del organismo, Hernán Letcher, confirmó a una agencia internacional de noticias que el actual Gobierno argentino ejecutó uno de los recortes laborales estatales más profundos de las últimas décadas.
“Desde que asumió Milei estamos hablando de más de 60.000 puestos de trabajo del sector público perdidos”, señaló el economista.
De acuerdo con el informe, el empleo público nacional se contrajo 18,4 % en apenas 24 meses, como resultado de despidos masivos, no renovación de contratos y reestructuraciones administrativas.
El ajuste se concentró principalmente en tres áreas clave del Estado: los organismos descentralizados —entes públicos con autonomía técnica, administrativa y financiera— registraron 20.537 despidos, lo que representa una reducción del 15 % de su plantilla total. Este sector incluye instituciones vinculadas a servicios estratégicos, regulación económica y políticas sociales.
En los organismos que conforman el Poder Ejecutivo nacional el recorte fue aún más severo en términos porcentuales. La administración centralizada eliminó 16.918 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 30,2 % del personal.
Las dependencias del Gobierno central distribuidas en el territorio nacional también fueron alcanzadas por la política de ajuste. Este segmento perdió 3.199 empleos, lo que representa una contracción del 12,8 %.
Los despidos se inscriben dentro del programa económico del Ejecutivo, centrado en la reducción del gasto público, el achicamiento del Estado y la liberalización de la economía, exigencias alineadas con los compromisos asumidos ante organismos financieros internacionales.
Especialistas advierten que esta política impacta directamente en la capacidad operativa del Estado, afecta la prestación de servicios públicos y profundiza la precarización laboral en un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza.
