La decisión del Knesset de aprobar una ley que impone la pena de muerte a los palestinos supone una escalada muy peligrosa en la represión institucionalizada de todo un pueblo, una escalada que ha recibido una respuesta enérgica e intransigente por parte del Partido Comunista de Israel .
Aprobada la noche del 30 de marzo, la ley estipula que se impondrá la pena capital a cualquiera que lleve a cabo un ataque mortal «con la intención de negar la existencia del Estado de Israel». Sin embargo, en la práctica, la ley está redactada de tal manera que se dirige mayoritariamente contra los palestinos. La carga ideológica de la prueba que introduce funciona como un filtro político: está diseñada para garantizar que los palestinos puedan ser condenados a muerte, mientras que los autores judíos de actos de violencia quedan protegidos tras resquicios legales e ideológicos,
El entusiasmo manifiesto que rodea al proyecto de ley entre ciertos sectores del gobierno israelí no hace sino subrayar su carácter reaccionario. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir —uno de los principales artífices y promotores de la medida— ha exhibido repetidamente un pin con forma de soga y se ha referido públicamente a métodos de ejecución como la horca y la silla eléctrica. Este simbolismo no es casual; refleja la normalización de la violencia extrema, sancionada por el Estado, contra los palestinos.
En este contexto, el Partido Comunista de Israel emitió una denuncia clara e inequívoca: «La ley que impone la pena de muerte a los árabes es una legislación racista que afianza el apartheid legal contra los palestinos».
Esto no es una exageración retórica, sino una caracterización política precisa. La ley no solo introduce la pena capital, sino que codifica la discriminación en el propio sistema jurídico, transformando al poder judicial en un instrumento de opresión nacional.
La alianza parlamentaria Hadash-Ta’al reforzó esta postura en términos igualmente contundentes, declarando: “Esta ley no es simplemente una medida punitiva, sino una declaración oficial de la institucionalización del apartheid y el racismo, y la transformación del sistema legal en otra herramienta más para la violenta represión política del pueblo palestino”.
Desde una perspectiva de principios, el Partido Comunista de Israel y sus aliados reafirman su total oposición a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. Como enfatizan, la santidad de la vida humana es incompatible con las ejecuciones estatales. Sin embargo, subrayan que la ley actual representa algo cualitativamente peor:
«Basándose en el principio de la santidad de la vida, Hadash-Ta’al se opone a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia y contra cualquier persona, pero aún más cuando se trata de legislación selectiva y racista que contradice las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional».
En el centro de su crítica subyace una acusación política fundamental: que el Estado israelí está consolidando abiertamente un régimen jurídico dual estructurado según criterios nacionales y raciales. Como advierten: «Al aprobar este proyecto de ley, el gobierno admite que el Estado de Israel opera dos sistemas jurídicos separados basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que brinda protección e inmunidad a los delincuentes judíos; esto es apartheid en su máxima expresión».
Esto no es simplemente un avance legal, sino un hito político. La ley expone, de forma contundente, el carácter clasista y nacional del Estado israelí, donde la represión no es una excepción, sino un principio rector en lo que respecta al pueblo palestino.
En respuesta, Hadash-Ta’al ha anunciado que presentará una petición urgente ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación de la ley, lo que indica que la lucha contra esta medida continuará tanto en el ámbito político como en el jurídico.
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