Palestina y Sáhara: dos pueblos, una misma cadena.
Por André Abeledo Fernández
Hay verdades que la diplomacia prefiere enterrar bajo capas de eufemismo y lenguaje técnico. Pero las verdades, por mucho que las entierren, terminan saliendo a la superficie. Y esta es una de ellas: Palestina y el Sáhara Occidental son dos pueblos sometidos a una ocupación ilegal, a un apartheid sistemático y a un expolio organizado, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado, cuando no mira directamente hacia sus propios intereses económicos.
No son casos aislados. Son la misma lógica de dominación colonial con distinto acento.
La misma impunidad, distinto escenario
Israel ocupa territorios palestinos en violación flagrante de docenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Marruecos ocupa el Sáhara Occidental en idéntica violación de la legalidad internacional, ignorando resoluciones que llevan décadas acumulando polvo en los archivos de Naciones Unidas. En ambos casos, los ocupantes actúan con total impunidad. En ambos casos, hay potencias occidentales que los amparan, los arman y los financian. Y en ambos casos, los pueblos ocupados pagan con su sangre, su tierra y su dignidad el precio de esa complicidad.
Israel construye muros, checkpoints y colonias ilegales en Cisjordania. Marruecos construye un muro de más de dos mil kilómetros, el llamado «muro de la vergüenza», para separar al pueblo saharaui de su tierra. Dos muros. Dos pueblos encerrados. Una misma voluntad de borrarlos del mapa.
El apartheid no es una palabra que se use a la ligera. Pero cuando un pueblo vive bajo un régimen de leyes diferenciadas según su origen étnico, cuando se le niega el acceso al agua, a la tierra, a la libertad de movimiento y a sus propios recursos naturales, cuando se le somete a detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, ese sistema tiene un nombre. Y ese nombre es apartheid. Lo dijeron jueces, relatores de la ONU, organizaciones de derechos humanos de reconocido prestigio internacional. No es propaganda. Es la descripción de una realidad documentada.
El expolio como política de Estado
Mientras los palestinos ven cómo sus olivos son arrancados y sus casas demolidas para construir colonias para ciudadanos de primera, el pueblo saharaui contempla cómo sus riquezas, los bancos de pesca más ricos del Atlántico, los fosfatos del subsuelo, son explotados por empresas europeas con la bendición de Rabat. Un expolio en toda regla que cuenta además con la complicidad activa de la Unión Europea, que firma acuerdos pesqueros con Marruecos incluyendo aguas saharauis, en una violación flagrante del derecho internacional que el Tribunal de Justicia de la UE ha tenido que recordar en varias ocasiones.
El capitalismo y el imperialismo no tienen escrúpulos. Donde hay recursos, hay intereses. Y donde hay intereses, la justicia puede esperar.
La traición española al Sáhara
España tiene una responsabilidad histórica que ningún gobierno ha querido asumir con honestidad. Fuimos la potencia colonial que abandonó al pueblo saharaui a su suerte en 1975, firmando a escondidas los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, entregando un territorio que no era nuestro para entregar. Una vergüenza que se arrastra hasta hoy.
Y cuando en 2022 el gobierno de Pedro Sánchez decidió apoyar la posición marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Rabat gestionara los flujos migratorios, consumó una nueva traición. Geopolítica de mercado. Soberanía de un pueblo a cambio de que alguien haga el trabajo sucio en la frontera. Eso no es política exterior. Es una claudicación miserable.
El derecho a la autodeterminación no se negocia.
La autodeterminación de los pueblos no es un capricho ni una reivindicación menor. Es un derecho humano fundamental reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en múltiples resoluciones de la Asamblea General. No hay matices que valgan. No hay «contextos geopolíticos complejos» que lo anulen. Un pueblo tiene derecho a decidir su propio destino. Sin condiciones. Sin tutelas. Sin que una potencia ocupante, sus aliados y sus intereses económicos lo veten.
Los palestinos llevan décadas reclamando ese derecho. Los saharauis llevan medio siglo esperando el referéndum de autodeterminación que la ONU les prometió y que Marruecos, con el apoyo de Occidente, ha bloqueado sistemáticamente. En ambos casos, la respuesta del poder ha sido la misma: ignorar, dilatar, criminalizar la resistencia y llamar «terrorismo» a quien se niega a aceptar su propia desaparición como pueblo.
Resistir es un derecho.
Hay quienes equiparan la resistencia de los pueblos oprimidos con la violencia del ocupante. Es una falsedad moral inaceptable. No hay simetría posible entre el que tiene el F-16, el tanque Merkava y la bomba de fósforo blanco, y el que tiene una piedra o un fusil oxidado.
No hay simetría entre el Estado con ejército, policía, muros y colonias, y el pueblo que resiste su propio exterminio.
La resistencia frente a la ocupación colonial es un derecho reconocido por el derecho internacional. Siempre lo fue. Lo fue en Argelia, en Vietnam, en Sudáfrica. Y lo es hoy en Palestina y en el Sáhara Occidental.
La solidaridad no es opcional
Desde la izquierda, desde el movimiento obrero, desde cualquier posición que se reclame de la dignidad humana, la solidaridad con estos pueblos no es una opción. Es una obligación. No podemos mirar hacia otro lado mientras se comete un genocidio en Gaza con armas pagadas con dinero público occidental. No podemos callar mientras el pueblo saharaui languidece en los campamentos de Tinduf esperando una justicia que los gobiernos de este mundo se niegan a darle.
Palestina libre. Sáhara libre. No son consignas vacías. Son la expresión más elemental de lo que significa creer de verdad en la justicia, en la igualdad y en el derecho de todos los pueblos del mundo a vivir en libertad y con dignidad.
Eso, y no otra cosa, es el internacionalismo.
André Abeledo Fernández
