Luego del anuncio de esa medida en la madrugada de este sábado por el presidente Rodrigo Paz, la autoridad opinó que las personas que durante 51 días mantuvieron los bloqueos con la exigencia de la renuncia del jefe de Estado fueron enviados desde el Chapare.
Advirtió al respecto que todos los responsables de lo que denominó “perjuicios ocasionados a la ciudadanía” tendrán sobre ellos todo el peso de la ley.
Resaltó Oviedo que el estado de excepción tiene alcance nacional, por lo cual no dudarán la Policía y los militares en intervenir el Chapare, si fuera necesario.
“Es un mensaje muy claro que quiero mandar, porque los bolivianos no podemos seguir secuestrados por una banda de malhechores financiados desde el trópico para causar destrozos (…)”, reiteró.
Agregó que el decreto de estado de excepción tiene alcance nacional, lo cual quiere decir que, si se va a intervenir la zona del Trópico cochabambino, esa acción se ejecutará.
Militares y policías patrullan las rutas de Bolivia en cumplimiento del decreto dictado la madrugada de este sábado por el presidente Paz, en el día 51 de los bloqueos en que sectores sociales exigían su renuncia.
Diversos medios reportaron que, tras la difusión de la normativa en un mensaje leído por el jefe de Estado, vehículos de las Fuerzas Armadas ingresaron al cuartel Ingavi, en la ciudad de El Alto, y algunas tanquetas del cuerpo armado salieron a recorrer las calles de la sede de Gobierno.
El mandatario dio a conocer el decreto supremo 5634 poco después de la 01:00 hora de Bolivia de este sábado, que establece la medida extrema en todo el país, con el propósito de garantizar la libre circulación, el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, así como el funcionamiento de servicios esenciales, según afirmó.
La medida de excepción prohíbe los bloqueos de vías públicas, mantiene los derechos fundamentales de la población y dispone el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Boliviana, para liberar las rutas afectadas, según se informó, con el propósito de restablecer la normalidad en actividades como el trabajo, el estudio y el desplazamiento de la población.
De acuerdo con lo publicado, esta decisión excepcional se extenderá por 90 días; sin embargo, tal plazo dependerá de la evolución de las protestas de las fuerzas sociales que con ese tipo de medida de presión reclaman la dimisión de Paz, y del respaldo que brinde la Asamblea Legislativa Plurinacional en una sesión prevista para las 23:00 hora de Bolivia de este sábado.
