Ambos sindicatos recuerdan que los empresarios y las administraciones están obligados por la ley a proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los EPI y las medidas de protección necesarias para salvaguardar su seguridad y salud, y que los gobiernos y la Inspección de Trabajo están obligados a velar por el cumplimiento de esas medidas.
CCOO y UGT exigen al Gobierno que realice las acciones necesarias para asegurar el abastecimiento de dichos equipos y sistemas de seguridad y protección, que articule las medidas que aseguren su distribución entre los trabajadores y trabajadoras, y que proporcione los test necesarios para la detección temprana de posibles positivos y frenar el contagio.
