Luis Ángel Saavedra, representante del colectivo, explicó este martes en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (Parlamento) que la nueva víctima murió en un accidente de moto al intentar huir ante la llegada de militares.
“Era un hombre que iba en motocicleta. Al ver la llegada de militares, intentó huir y realizó una maniobra que terminó en accidente”, relató.
Aclaró que su deceso no se vincula con una acción directa de la fuerza pública, a diferencia del caso de Efraín Fuerez, quien murió el pasado domingo baleado en una manifestación en la provincia de Imbabura.
En este noveno día de protestas contra la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel y otras políticas del Ejecutivo, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) comparecieron también ante la mesa legislativa.
Allí, Marlon Vargas, titular de la organización, solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones.
Junto a la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, pidieron al presidente de, Daniel Noboa, que rinda cuentas por las detenciones arbitrarias y el crimen de Estado contra Efraín Fuerez, quien murió el pasado domingo tras ser baleado en una manifestación.
Mientras, en las afueras del Parlamento, en esta capital, los familiares de 12 detenidos en Otavalo (Imbabura), en el marco de las movilizaciones, realizaron un plantón para exigir su liberación y denunciaron que fueron impedidos de ingresar a la Asamblea.
Las manifestaciones, iniciadas el 22 de septiembre, dejan reportes de más de un centenar de violaciones de derechos, según organizaciones de la sociedad civil.
A esta hora en diferentes puntos del país, principalmente de Imbabura y la sierra norte ecuatoriana, existen movilizaciones y bloqueos de vías.
El Gobierno se niega a retroceder con la medida que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón y acusó a los manifestantes de vínculos con el crimen organizado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur instó a un “diálogo urgente” y advirtió que el despliegue militar en protestas sociales conlleva un “riesgo real de violaciones de derechos humanos”.
