El paro nacional que comenzó el 22 de septiembre de 2025 cumplen 20 días. Las jornadas han estado plasmadas desde el día uno con ciudadanos que han expresado a viva voz y de forma pacífica su descontento contra el Gobierno de Daniel Noboa.
Sin embargo, desde el primer momento la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han reprimido a los manifestantes, es así que el uso de la fuerza ya ha cobrado la vida de 2 comuneros. El escenario de represiones ha quedado al descubierto a nivel internacional, por lo que varias organizaciones han hecho un llamado al Ejecutivo ecuatoriano a sentarse a dialogar con los ciudadanos.
Con el paso de las semanas en Ecuador, la lucha social se intensifica, cada vez son más los ciudadanos que se suman a las marchas, concentraciones y movimientos en contra de Noboa, más aún cuando el Gobierno estableció un discurso de criminalización contra todo opositor a su mandato, acusándolos de terroristas.
A esto se sumó las más de 12 detenciones ilegales a comuneros, que continúan enfrentando procesos sin transparencia legal, es así que incluso mediante un comunicado oficial, la Alianza por los Derechos Humanos “alertó” que el SNAI estaría incumpliendo con la orden de la jueza de la Corte Provincial de Manabí, de trasladar de forma inmediata a los detenidos de Otavalo a Imbabura, que se encuentran en la cárcel de Manabí.
Además, reiteró que “el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar los derechos a la integridad y a la defensa de las personas privadas de libertad”. Por ahora, el movimiento indígena, encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ratificó que las protestas continuarán y se irán radicalizando hasta que el Gobierno derogue el decreto que eliminó el subsidio al diésel.
Esta medida según el dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, afecta de manera directa a los sectores productivos rurales y encarece los costos de transporte y alimentos. Al momento, la lucha social en Ecuador se mantiene, es indefinida. Las organizaciones reiteraron que pese a la represión y amenazas del Gobierno, no cederán.
Resistencia popular
Día 1
A las 00:00 del 22 de septiembre, el paro nacional inició en la provincia de Imbabura y se empezó a reportar los primeros cierres viales. En la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, alrededor de la 11 de la mañana se desarrolló una gran concentración convocada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, 30 minutos después iniciaron una marcha en los alrededores de la ciudad, ya que los ingresos fueron totalmente resguardados y sellados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador.
En todo momento, los uniformados cerraron el paso y amenazaron a los manifestantes que “si no dan un paso al costado, harán uso de la fuerza y lanzarán gases lacrimógenos”. Alrededor de las 14h00, los manifestantes en un punto fueron atacados con bombas lacrimógenas, escenario que se repitió en la comunidad de Saquisilí, a unos 30 minutos de Latacunga, donde las Fuerzas Armadas militarizaron la zona y reprimieron la lucha social.
Día 2
Las movilizaciones tomaron Fuerza en Imbabura y la ciudad de Otavalo se convirtió en el corazón del paro nacional. Miles de ciudadanos salieron a las calles a expresar su descontento contra el Gobierno, se inundaron con personas que gritaban “únete pueblo, ven a luchar”, frase a la que poco a poco se sumaron más personas.
Alrededor de las 10 de la mañana, del 23 de septiembre, más de 6 accesos a la provincia de Imbabura y uno en Pichincha estaban totalmente cerrados por movilizaciones contra Daniel Noboa. Ingresar a Otavalo se volvió imposible y quienes estaban dentro permanecían en el campo de batalla porque se vivieron horas de terror.
Las represiones en Otavalo generaron pánico en los habitantes, las bombas lacrimógenas eran lanzadas en cada rincón. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas emplearon toda su artillera para doblegar a los comuneros que los definían como amenazas y terroristas, cuando su única arma era la voz. De esta jornada, resultaron un centenar de heridos.
Día 3
El 24 de septiembre, en medio de las vías bloqueadas de ingreso a Imbabura y con las comunidades expresando su derecho a la protesta, un convoy militar ejerció represión para que el Presidente Daniel Noboa ingrese a la zona, via terrestre, para cumplir agenda.
Según información extra oficial, Noboa fue respaldado por más de 100 vehículos militares, quienes en todo momento iban dispersando todo a su paso y reprimiendo a los manifestantes. Tras ello, un equipo de Telesur recorrió la zona y receptó las denuncias de los manifestantes quienes revelaron que la policía, aquel día, ingresó a las comunidades en busca de los dirigentes para golpearlos y sacarlos de sus viviendas. Además, afirmaron que lanzaron bombas lacrimógenas por toda la comunidad sin importar que residían ahí personas de la tercera edad, embarazadas y niños.
Desde ese momento los ciudadanos empezaron a tener miedo, empezaron a cubrir sus rostros por temor a ser detenidos y perseguidos por el Gobierno. Sin embargo, afirmaron que continuarán la lucha social y revelaron que no descartan presentar una denuncia internacional en contra de Daniel Noboa.
Catalogaron este ataque como sin precedentes y denunciaron como el Presidente ingresó a un territorio para provocarlos y más no para conciliar relaciones. Horas más tarde se dio a conocer por parte de la Presidencia que Daniel Noboa abandonó la ciudad de Otavalo en helicóptero, para los manifestantes esto fue por miedo al rechazo de los ciudadanos y en Pichincha, las comunidades y gremios se sumaron a las protestas.
Día 4
Para el 25 de septiembre, empezaron a sumar más ciudades y provincias al paro nacional, entre ellas Quito y Cuenca. En Quito, los alrededores de la ciudad fueron bloqueados y alto número de manifestantes, con pancartas en mano, empezaron a rechazar la criminalización de la lucha social por parte del Gobierno.
“ No somos terroristas, somos Comuneros”, se escuchó en cada rincón de los alrededores de la capital. Esto mientras transportistas dentro de la ciudad empezaron a paralizar el tránsito vehicular. Otra ciudad que se sumó a las movilizaciones fue Cuenca, donde desde el primer momento se vivió represión. Un grupo de jóvenes que protestaba de manera pacífica, sentados en una plaza fueron desalojado con violencia por la Policía.
Mientras tanto, distintos gremios empezaron a denunciar persecución política y criminalización de la protesta social. Por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) rechazó esto e informó que varios de sus dirigentes fueron citados a audiencia el próximo 3 de octubre, acusados de “tentativa de paralización de un servicio público”.
El FUT advirtió que este proceso constituye un atentado contra las libertades democráticas y recordó que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho del pueblo a la resistencia frente a medidas que atenten contra sus derechos, como el alza del diésel.
Día 5
Durante la madrugada del 26 de septiembre, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) denunció que 12 personas detenidas durante las manifestaciones en Otavalo fueron trasladadas a los centros de rehabilitación de Esmeraldas y Portoviejo, pese a que no existen garantías para su seguridad ni el respeto a sus derechos.
La organización recordó que en una de esas cárceles ocurrió hoy una masacre que dejó al menos 17 reclusos asesinados, lo que evidencia la falta de protección del Estado hacia las personas privadas de libertad.
En medio se ello, la vice prefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère Quinche, denunció que el Gobierno ejecuta una campaña de persecución judicial, política y financiera contra dirigentes del movimiento indígena nacional.
En un pronunciamiento público, rechazó el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias como una forma de intimidación y desmovilización de la protesta social, y alertó sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos tras la detención de 12 jóvenes kichwas, trasladados a cárceles de alta peligrosidad. Durante este día, la vía que conecta Jipijapa con Guayaquil, fue cerrada por manifestantes en contra del Gobierno y exigieron la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel.
Día 6
Con banderas del Ecuador y wiphalas ondeando al viento, los participantes reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos colectivos, la justicia social y la libertad de los detenidos durante el paro nacional.
La reunión se desarrolló en un ambiente de unidad y firmeza, con llamados a mantener la organización y la resistencia frente a la represión estatal. A la par, en Otavalo se desarrolló una movilización en respaldo a las personas detenidas durante las protestas nacionales. Con pancartas y consignas, los manifestantes rechazaron la represión estatal y exigieron el cese de la criminalización de la lucha social. Entre los mensajes más visibles destacó uno que resume el sentir colectivo: “Violentos los que disparan al pueblo”, en alusión a las acciones policiales contra quienes ejercen su derecho a la protesta.
Mientras tanto, la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador reportó cerca de 100 detenciones durante el Paro Nacional 2025, de las cuales 62 han sido verificadas y 38 permanecen sin información confirmada.
Además, afirmó que se documentaron 88 reportes de vulneraciones a derechos humanos y 42 personas heridas. La Alianza demandó transparencia y rendición de cuentas ante lo que considera un patrón de represión policial y militar en contra de manifestantes que ejercen su legítimo derecho a la resistencia.
Día 7
Desde la medianoche del 28 de septiembre, la represión en Cotacachi aumentó. En el tramo comprendido entre Partidero, sector Pinsaquí, y el redondel de González Suárez, fuerzas policiales y militares ese día despegaron un operativo con uso de gases lacrimógenos y armas no letales.
Organizaciones comunitarias reportaron decenas de heridos y confirman el fallecimiento de Efraín F., miembro de la comunidad Inguinzalá de Quiroga, en el cantón Cotacachi. Habitantes de la zona denunciaron un uso desmedido de la fuerza y exigieronla presencia de organismos de derechos humanos.
Posteriormente, la Fundación INREDH calificó el hecho como un crimen de Estado y exigió una investigación inmediata, independiente y transparente que determine responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación de oficio por el asesinato de Efraín Fuerez, ocurrido en la provincia de Imbabura durante el paro nacional. El Ministerio Público informó que la indagación se realizará “con base en protocolos internacionales”, tras difundirse videos y testimonios que señalan a miembros de la fuerza pública como responsables del hecho.
Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que el proceso sea independiente y transparente, y que se identifique a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Día 8
Para el 29 de septiembre, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañarís (UPCCC), filial de la Ecuarunari y la CONAIE, resolvió sumarse de manera inmediata al paro nacional en la provincia de Cañar, en rechazo a las políticas del Gobierno de Daniel Noboa.
En un pronunciamiento, la organización llamó a la unidad de todos los sectores comunitarios y estableció medidas de hecho coordinadas desde sus estructuras de base, priorizando corredores humanitarios y justicia comunitaria ante posibles infiltraciones. Además, rechazó contundentemente la presencia del Ejecutivo o sus delegados en territorio cañarí, al considerar que sus acciones buscan dividir y engañar al pueblo.
Mientras tanto, en la capital de los ecuatorianos, Quito, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, en rueda de prensa reafirmó que la lucha contra las medidas del Gobierno continuará, pese a la criminalización del Ejecutivo, la persecución a los dirigentes de las organizaciones indígenas y las amenazas de ser llevados detenidos bajo acusaciones de terrorismo. Vargas expuso que no van a declinar mientras el Gobierno Nacional continúe hostigando a los territorios donde hay resistencia.
Además, Vargas calificó como crimen de Estado el asesinato del comunero Efraín Fuerez y exigió una investigación inmediata e independiente y advirtió que el movimiento indígena llegará hasta las últimas instancias nacionales e internacionales para que este hecho no quede en la impunidad. Durante su pronunciamiento, reiteró que los pueblos en resistencia no son terroristas, sino herederos de una lucha histórica por la vida, la justicia y la dignidad.
Día 9
Para el 30 de septiembre, desde San Rafael de la Laguna, en Otavalo, se reportó la presencia de fuerzas militares dentro de las comunidades, donde se registraron disparos. Esto mientras la comunidad de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, denunció un nuevo operativo militar dentro de su territorio en el marco del Paro Nacional 2025.
Habitantes reportaron el uso de gases lacrimógenos y la presencia de uniformados en zonas pobladas, lo que mantiene a las familias en situación de riesgo y alarma. Organizaciones sociales advirtieron que el asedio y la represión en comunidades indígenas del norte del país se han intensificado pese a los llamados al diálogo y al respeto de los derechos humanos.
Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur pidió hoy un “diálogo urgente” entre el Gobierno de Ecuador y organizaciones sociales, en el marco de las recientes protestas.
Durante este día, la organización Inredh confirmó el fallecimiento de una segunda persona en el marco del paro nacional. Según el reporte, se trató de un hombre que se movilizaba en motocicleta en la zona de El Cajas, cantón Pedro Moncayo, quien al percatarse de la llegada de militares intentó huir y sufrió un accidente. Inredh aclaró que este deceso no está vinculado a una acción directa de la Fuerza Pública, a diferencia del caso de Efraín Fuerez, comunero asesinado en Imbabura tras un operativo militar.
Dia 10
El Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa Karanki emitió un pronunciamiento este 1 de octubre en el que denunció las “graves violaciones a los derechos humanos y colectivos” cometidas por el Gobierno nacional durante las jornadas de movilización social.
La organización atribuyó la actual crisis política y social a la imposición del modelo económico del Fondo Monetario Internacional y al Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, medidas que aseguró han profundizado la precariedad y la represión en el país.
Asimismo, rechazó el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta, y exigió la derogatoria del decreto y el respeto a los derechos conquistados. El pronunciamiento también desconoció las declaraciones del presidente de CHIJALLTA FICI, Mesías Flores, a quien acusan de actuar sin legitimidad y de contradecir las demandas del pueblo Karanki.
En este décimo día del paro nacional, las organizaciones sociales anunciaron que mantienen su postura de resistencia frente al gobierno de Daniel Noboa, al que acusan de responder con represión ante demandas consideradas justas: la derogatoria del Decreto 126, presupuesto real para salud y educación, reducción del IVA del 15% al 12%, libertad para los 12 detenidos de Otavalo, respeto al derecho a la protesta y fin de la expansión minera y petrolera.
El Consejo Ampliado del movimiento indígena anunció que se reunirán el jueves 2 de octubre para definir y anunciaría nuevas acciones en el marco de la movilización indefinida.
Dia 11
Para este 2 de octubre, representantes de diversas nacionalidades y sectores sociales marcharon por las calles en respaldo al Paro Nacional, incluso las comunidades amazónicas se sumaron a la lucha, exigiendo la liberación de los detenidos, justicia por el asesinato del comunero kichwa Efraín Fuerez y el respeto a los derechos colectivos. Con tambores, consignas y banderas, reafirmaron su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y los pueblos originarios.
En Quito culminó el Consejo Ampliado de la CONAIE. La organización resolvió continuar con el paro nacional y no ceder ante las amenazas del Gobierno. Al mismo tiempo, ratificó los pedidos al Ejecutivo, como: derogar el Decreto 126 que dio paso a la eliminación del subsidio al diésel; la reducción del IVA del 15 al 12%; garantías plenas para ejercer el derecho a la resistencia; y, verdad y justicia para las víctimas de la represión.
También, resolvió realizar una campaña por el NO a la Asamblea Constituyente, se informó que para ello la decisión parte de que “este mecanismo no responde a las verdaderas demandas del pueblo, sino que busca distraer la atención de la crisis social y económica. Pretende eliminar los derechos colectivos de la naturaleza, derechos laborales y gestión comunitaria del agua”, dijo el Presidente de la CONAIE.
Día 12
Entre tambores y consignas como “¡Viva el paro nacional!” y “¡Fuera Noboa, fuera!”, estudiantes, artistas y docentes realizaron un plantón artístico en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador el 3 de octubre.
La jornada se sumó a las movilizaciones que exigieron la derogatoria del Decreto 126 y rechazaron la criminalización de la protesta. Los participantes denunciaron que el Gobierno intenta catalogar como “terrorismo” lo que han sido manifestaciones pacíficas, reprimidas con gases y violencia por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Esto mientras la represión en las comunidades aumenta. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que continúan aumentando las víctimas de la represión estatal durante el paro nacional.
En la ciudad de Guaranda, mujeres habrían sido agredidas, niños y niñas expuestos a gases lacrimógenos, y varios ciudadanos resultaron heridos por disparos, además de enfrentar procesos de criminalización. La organización responsabilizó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por el uso desproporcionado de la fuerza y exigió al Gobierno de Daniel Noboa el cese inmediato de la violencia y el respeto a los derechos humanos.
.Pero hay más, este día militares y policías arremetieron contra comunidades del Pueblo Waranka, en la zona de Unión y Progreso – Larkaloma, en Guaranda, que ejercen su derecho legítimo a la protesta en el marco del paro nacional. Organizaciones locales denunciaron el uso excesivo de la fuerza, allanamientos y agresiones contra pobladores que mantienen una resistencia pacífica frente al Decreto 126 y las políticas del gobierno de Daniel Noboa.
Día 13
Para este sábado 4 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) informó que la Nacionalidad Waorani se unió a las movilizaciones en rechazo al Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, y a la represión ejercida por el Estado durante las protestas. Desde la Amazonía, los Waorani reafirmó su lucha en defensa de la selva, la vida y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Durante esta jornada, según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta las 19:00 del 3 de octubre —día 12 del Paro Nacional Ecuador 2025— se registraron 196 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 110 personas heridas y una persona fallecida.
Además, se reportaron 102 detenciones, de las cuales 93 han sido verificadas, y 12 personas desaparecidas temporalmente en el marco de la represión policial y militar. Los principales derechos vulnerados, expusieron, son el derecho a la protesta y resistencia, la integridad personal, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos.
Día 14
Mediante un comunicado oficial, el 5 de octubre, la CONAIE denunció las acciones del Gobierno de Daniel Noboa y señaló que el “estado de excepción agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias, al tiempo que pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis”. Además, detalló que “el país no necesita más estados de excepción, necesita respuestas reales a las demandas del pueblo “.
Mientras tanto en Quito, desde las 9 horas, distintos gremios y organizaciones se movilizaron en Quito contra las medidas del Gobierno de Daniel Noboa. Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, señaló que la lucha social continuará y se pronunció sobre la marcha convocada por el oficialismo, horas más tarde las fuerzas del orden reprimieron la lucha social.
Efectivos de la Policía Nacional emplearon granadas aturdidoras para dispersar a un grupo de manifestantes que se encontraba de manera pacífica en el lugar.
Día 15
Para el 6 de octubre se confirma la deportación del periodista y creador de contenido español Bernat Lautaro, quien transmito información del paro nacional desde Otavalo. De acuerdo con la organización INREDH, Lautaro fue deportado sin un proceso transparente.
Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que este hecho constituye una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho a informar sobre acontecimientos de interés público, como las movilizaciones sociales.
En el decimoquinto día del Paro Nacional, las comunidades amazónicas del Ecuador se movilizan en la Marcha por la Vida y el Territorio, una acción que busca visibilizar las demandas históricas de los pueblos originarios y exigir respuestas al Gobierno.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) informó que las marchas partirán desde diversos puntos de la Amazonía hacia las principales ciudades del país, con un llamado a la derogatoria del Decreto 126, la reducción del IVA al 12 %, y la garantía de derechos fundamentales como salud, educación, justicia y dignidad para todos los ecuatorianos.
Día 16
El 7 de octubre se da desarrolla una gran protesta en Latacunga en contra de las medidas del gobierno de Daniel Noboa. Aquí, el expresidente de la CONAIE, Leonidas Iza rechazó las acusaciones del gobierno de Noboa que ha tildado de “terroristas” a quienes llevan adelante, desde hace 16 días, un paro nacional.
Mientras tanto en Quito, los ciudadanos se dieron cita en la casa Kitu Kara para realizar una manifestación pacifica, con tambores, pancartas y cánticos, como : “Fuera Noboa, fuera”, “ No somos terrorista, somos pueblo que lucha” y “viva el paro nacional”.
Desde el primer minuto, la sede fue rodeada por la Policía Nacional, lo que desató el rechazo de los ciudadanos. Denunciaron que el Gobierno quiere callarlos y criminalizarlos, acusarlos de terroristas con la única arma que es voz. En medio de ello y pese a las amenazas, llevaron la lucha social por varias calles y se sumaban más personas, exponiendo que las acciones del Ejecutivo afectan al pueblo.
Día 17
Para el miércoles 8 de octubre, el paro nacional continua, pero con una victoria frente al Gobierno, la jueza de Garantías Penales de Cañar, Erika Álvarez, declaró ilegal la detención de las cinco personas arrestadas tras el incidente con la caravana presidencial en El Tambo.
Según el fallo, se vulneraron derechos fundamentales como la comunicación con familiares, la lectura de derechos y el acceso oportuno a defensa. Ante estas irregularidades, se dispuso su liberación inmediata, mientras la Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones sin formular cargos por el momento.
Esto mientras se sumaron más voces a la protesta. Una de las concentraciones se llevó a cabo en la capital, Quito, en la Universidad Central del Ecuador. Aquí, estudiantes y gremios se manifestaron pacíficamente, a esta jornada de movilizaciones se sumaron artistas, malabaristas y payasos, quienes con tambores, cánticos y su singular sentido del humor, denunciaban que el Gobierno actúa a favor de las élites y no de los sectores vulnerables.
En Ibarra, organizaciones indígenas de Cotacachi realizaron un plantón frente a la Gobernación de Imbabura para exigir justicia por la muerte de Efraín Fuerez, primer fallecido en el marco del paro nacional. Los manifestantes demandaron al Gobierno la atención a sus reclamos, entre ellos, la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, la reducción del IVA y el respeto al derecho a la protesta.
Día 18
Desde la madrugada del 9 de Octubre, en la capital del Ecuador, Quito, las protestas tomaron fuerza. Aquí los habitantes de San Miguel del Común mantuvieron bloqueada la vía principal en rechazo a las medidas económicas de Daniel Noboa.
Con bailes, de manera pacífica, los manifestantes exigieron la derogación de los decretos que afectan al precio del diésel. Sin embargo, minutos más tardes, un convoy militar atacó a los ciudadanos, desplegaron en la zona con camiones antimotines y equipos de dispersión, reprimiendo a los manifestantes que exigían el fin de la represión y la atención a sus demandas sociales.
De inmediato, la CONAIE se pronunció frente a la represión que ha ejercido la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la comuna de Quito, San Miguel del Común. “Esto es una guerra sucia del Gobierno Nacional contra el pueblo. Responsabilizamos al Gobierno de Daniel Noboa por esta política de guerra interna que viola derechos humanos, siembra terror y persigue la resistencia social legítima”, detalló.
Esto mientras en el centro de Quito, con banderas, consignas y tambores, cientos de manifestantes avanzaron gritando “¡No les tenemos miedo!”, mientras eran rodeados en distintos puntos por efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En todo momento, frases como : “ somos pueblo, no terroristas” y “fuera Noboa, fuera” resonaban en la capital de los ecuatorianos, incluso, los ciudadanos en vehículos hacían sonar el claxon para apoyar las consignas. Esta marcha recorrió puntos, como la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
Día 19
Para este día 19 del paro nacional, que se cumple este 10 de octubre, las manifestaciones y bloqueos en las vías como sinónimo de rechazo contra el Gobierno de Daniel Noboa continúan. Esto mientras varios analistas se han empezado a pronunciar.
El analista Santiago Machuca se pronuncia frente a la criminalización de la lucha social por parte del Estado y la represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra las comunidades que realizan movilizaciones para expresar su rechazo al Gobierno de Daniel Noboa.
Destacó que éstas acciones son un atentado a los derechos humanos, por lo que, expone, esto debería ser investigado por organismos internacionales. Además, expuso que el asesinato de Efraín Fueres puede ser un crimen de Estado que requiere ser investigado.
