Los acusados son seis, cinco militares en servicio pasivo y un civil, que enfrentan cargos por la detención ilegal, tortura y violencia sexual contra tres integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, organización con ideas de izquierda.
El proceso, conocido como caso Vaca, Cajas y Jarrín, se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, con la presencia del fiscal general del Estado en funciones, Leonardo Alarcón, y un tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz.
Los acusados son los exmilitares Juan Viteri, Manuel Delgado, Nelson Enríquez, Fernando Ron, Mario Apolo y Luis Piñeiros, este último exministro de Defensa de 1984 a 1986.
La Fiscalía los responsabiliza de haber ejecutado una política sistemática de represión, que incluyó detenciones clandestinas y torturas contra opositores políticos.
El fiscal Alarcón afirmó que “hubo una actuación coordinada de estructuras estatales bajo una cadena de mando militar y de inteligencia” que trató a los detenidos como “enemigos internos”.
Según la investigación, las víctimas Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín fueron capturados sin orden judicial en la provincia de Esmeraldas y trasladados al Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), en Conocoto, cerca de Quito.
Según los testimonios, en ese sitio los sometieron a interrogatorios, torturas físicas y violencia sexual, e incluso Vaca permaneció desaparecido durante casi dos años bajo custodia militar.
La Fiscalía sostiene que estas prácticas se enmarcaron en las doctrinas de seguridad nacional que, durante las décadas de 1970 y 1980, inspiraron operaciones encubiertas y persecuciones políticas en varios países de América Latina.
Los procesados y su defensa señalaron que no existen pruebas que demuestren las acusaciones.
El caso es considerado histórico, ya que constituye el primer proceso judicial en Ecuador por delitos de lesa humanidad vinculados con el aparato estatal.
El tribunal escuchará más pruebas testiarmoniales y documentales presentadas por las partes antes de emitir su fallo.
El juicio se retoma tras una década de demoras judiciales, pues intentos previos de instalación, en 2015 y 2016, fueron suspendidos por ausencias médicas de los acusados y otros obstáculos procesales.
En 2007, bajo la administración del presidente Rafael Correa, el Estado conformó la Comisión de la Verdad para esclarecer abusos cometidos en ese periodo y quedaron registradas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales contra opositores.
