Otra vez, la motosierra Milei pretende arrasar con normas luchadas por el pueblo Argentino en la búsqueda de su bienestar. En medio de una creciente crisis climática mundial y tras una temporada de incendios forestales devastadora en la Patagonia durante la temporada 2024-2025, el gobierno de Javier Milei ha iniciado gestiones para derogar o modificar profundamente la Ley de Glaciares, una normativa esencial que desde el 2010 aporta un marco legal sólido para proteger las reservas hídricas del país, imprescindible para todo el territorio, en especial para provincias más áridas.
La iniciativa, que busca “destrabar proyectos mineros” —en particular de cobre y litio— según afirma el Ejecutivo, se aceleró en las últimas semanas con el apoyo de gobernadores ávidos de inversiones, en un contexto donde el gobierno nacional recorta transferencias federales y promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios extraordinarios a corporaciones extractivistas.
A la par, se intenta presentar a la megaminería a cielo abierto como productora de ganancias y riquezas para el país, cuando las regalías mineras para las provincias tienen un por ciento bajísimo, que se decide, por demás, sobre las declaraciones juradas presentadas por las empresas privadas.
Lejos de ser técnica, esta es un diputa política: se trata de definir si el país va a priorizar el agua como bien común o si va a sacrificarla para facilitar negocios extractivos que envenenarán las reservas de agua potable más importantes.
¿Qué es la Ley de Glaciares que la agenda Milei pretende derogar?
La Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, conocida como Ley de Glaciares, fue sancionada en 2010 tras una intensa movilización ciudadana, científica y política que logró revertir el veto presidencial de Cristina Fernández en 2008, impulsado entonces por intereses mineros del llamado “veto Barrick”.
La norma establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, entendidos como reservas estratégicas de agua. Argentina se convirtió así en el primer país del mundo en contar con una legislación específica para la protección de estos ecosistemas, reconocida internacionalmente como un hito en la lucha contra el cambio climático.
De forma expresa, la normativa prohíbe «la exploración y explotación minera e hidrocarburífera», y toda actividad en zonas glaciares y periglaciares que pueda afectar su integridad, ya que de esta depende el abastecimiento de agua en amplias regiones del oeste argentino, especialmente en provincias áridas y semiáridas. Estas están recostadas sobre la cordillera de Los Andes, entre las montañas y la diagonal seca/árida que atraviesa Argentina de norte a sur e involucra más del 70% de su territorio.
El sector empresarial precisamente presiona para reducir la definición de “ambiente periglaciar”, lo cual de inmediato habilitaría el uso de zonas que hoy están protegidas para realizar acciones extractivistas. Mientras se aboga por trasladar la responsabilidad de determinar la delimitación de ambientes periglaciares a las provincias en lugar de a un organismo científico y capacitado para entender estos ecosistemas y sus cambios.
Marta Maffei, impulsora de la Ley, explica por qué su derogación sería una pérdida irreversible en la batalla climática
Marta Maffei, ex diputada e impulsora de la Ley de Glaciares, advierte que derogar esta norma representaría un retroceso catastrófico para Argentina y toda la región andina. Para Maffei, la Ley de Glaciares no es solo ambiental: es una garantía del derecho humano al agua y un pilar en la defensa de la vida frente al saqueo de bienes no renovables.
Recuerda que desde su aprobación, la ley ha enfrentado embates constantes: vetos, leyes provinciales contrarias, concesiones mineras en violación directa de la norma y juicios de inconstitucionalidad. “Hoy aparecen nuevos escollos: las múltiples gestiones de Milei, vocero incondicional de las corporaciones mineras, para desguazar la ley o adulterar el texto”, denuncia Maffei.
Contra los argumentos del Ejecutivo sobre posibles beneficios para los sectores más pobres, Maffei es enfática: “Las regalías mineras provinciales no superan el 3% del valor boca de mina —es decir, el valor del mineral menos los costos de producción, que en la práctica, apenas rozan el 2%—, mientras el gobierno eliminó los derechos de exportación de 231 minerales mediante el decreto 563/2025”, señala.
A ello se suma la ausencia de un mecanismo de control sobre estos procentajes que se cobran a las mineras, pues se realizan sobre la base de «declaraciones juradas» de las mismas, que pueden decir que se llevan a una cantidad y en realidad llevarse otra, como en efecto sucede, asegura Maffei.
En resumen, permitir que el sistema de glaciares argentino sea intervenido por actividades megamineras de forma intensa afectará el papel crítico del periglaciar en la estabilidad hídrica, dadas las explosiones, drenajes ácidos, movimientos de suelos y desvío de cursos de agua que estas conllevan.
El verdadero apuro de Milei: presión de las mineras ilegales que operan en los glaciares
Detrás de la urgencia del gobierno por reformar la ley hay una realidad incómoda: decenas de proyectos mineros que ya operan ilegalmente sobre glaciares y ambientes periglaciares. Al menos 53 casos han sido identificados en Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Catamarca y San Juan, donde obras de infraestructura y explotaciones extractivas se instalaron sin siquiera declarar su ubicación en los estudios de impacto ambiental.
Ello sucede porque las provincias no poseen informes propios, se limitan a aceptar los informes en inglés y sin revisión técnica independiente que presentan las propias mineras, en un círculo infinito de ilegalidad e impunidad.
“El presidente procura excluir del resguardo legal al ambiente periglacial, ignorando avances científicos como el mapeo gratuito de la Universidad de Zúrich, validado por glaciólogos argentinos, que demuestra la presencia de suelos congelados en zonas de explotación minera”, explica Maffei en el artículo ya citado.
Las provincias, lejos de ejercer control, aceptan pasivamente los informes corporativos. En ese contexto, la propuesta de Milei de transferir a las provincias la potestad de definir zonas mineras equivale a entregar el agua y los ecosistemas a intereses privados sin salvaguardas legales de ningún tipo.
El IANIGLA no ha sido informado por el Gobierno sobre ninguna propuesta de modificación de la Ley
Por demás, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (ING) de acuerdo con la Ley de Glaciares, emitió un comunicado clave en medio del debate: no ha sido consultado ni informado oficialmente por el gobierno sobre ninguna propuesta de modificación o derogación de la Ley de Glaciares.
El ambiente periglacial, definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, es una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos períodos, por lo cual los daños que sufra tardan años en revertirse, cuando no son irreparables.
El IANIGLA reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol hidrológico crítico, especialmente en provincias áridas, «pudiendo aportar entre un 25% y un 50% del caudal total en cursos de agua en los Andes Áridos, especialmente en años de sequía».
Un contexto de fuego y sequía
La ofensiva contra la Ley de Glaciares ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad climática. La temporada 2024-2025 dejó más de 31.700 hectáreas arrasadas por incendios en Neuquén, Río Negro y Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el verano 2025-2026 temperaturas elevadas, precipitaciones por debajo de lo normal y altas probabilidades de que el fenómeno conocido como La Niña se manifieste con más fuerza. Ello se traduce en temperaturas más cálidas de lo habitual y agravamiento de la sequía.
En este escenario, la ONG Amigos de la Patagonia relanzó su campaña “Alerta Patagonia”, llamando a la ciudadanía a ser “guardianes del bosque”. Mientras tanto, el gobierno avanza con una agenda que prioriza la minería sobre la seguridad hídrica, ignorando tanto a la comunidad científica como a las necesidades de millones de argentinos que dependen del agua que nace en los glaciares.
Derogar la Ley de Glaciares no solo socavaría un pilar de la política ambiental argentina, sino que entregaría el futuro hídrico del país a intereses corporativos en un momento en que el agua es —más que nunca— cuestión de vida o muerte.
