Efectivos de la Policía Boliviana reprimieron este martes a trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) que se movilizaban en la ciudad de La Paz contra el Decreto Supremo 5503. Los incidentes se registraron en inmediaciones de la Plaza Murillo, donde los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Un dirigente de mineros, Andrés Paye, denunció que la intervención policial respondió a una directriz gubernamental. “Esa es la instrucción del Gobierno, arremeter contra el pueblo y los trabajadores”, afirmó, tras la gasificación registrada cerca de las 10H45, cuando maestros, mineros y otros sectores cercaron el centro político del país.
Los enfrentamientos se prolongaron por unos 25 minutos y concluyeron con el repliegue de los manifestantes hacia la avenida Mariscal Santa Cruz. La manifestación comenzó en horas tempranas de la jornada en la avenida Montes y marcó el segundo día consecutivo de movilizaciones contra la eliminación del subsidio gubernamental a los combustibles y otras medidas económicas, en un contexto de fuerte presencia policial.
Las protestas se intensificaron luego de que, el lunes, dirigentes de la COB y otras organizaciones esperaran durante más de una hora una reunión con el presidente Rodrigo Paz y ministros del Ejecutivo, que no se concretó. Ante la ausencia de respuestas, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ratificó que las movilizaciones continuarán hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5503.
Argollo sostuvo que la dirigencia sindical actúa en función de su responsabilidad con la clase trabajadora y aclaró que están abiertos al diálogo. “No somos intransigentes”, señaló, al tiempo que aseguró que la COB acudirá a cualquier convocatoria formal del Gobierno. También remarcó que las demandas planteadas responden a reivindicaciones laborales y sociales, y no a intereses partidarios.
Según el Ejecutivo, se lograron acuerdos con cerca de 20 organizaciones sociales, que decidieron retirarse de las protestas. No obstante, aún se mantienen al menos una docena de bloqueos en carreteras de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.
El Decreto Supremo 5503, núcleo del conflicto, contempla una serie de medidas económicas impulsadas bajo el argumento de enfrentar la crisis fiscal, entre ellas la reducción de la subvención a los combustibles y ajustes que repercuten de forma directa en el precio del transporte y de la canasta básica.
Desde los sectores sindicales y populares se denuncia que la norma traslada el peso del ajuste a la clase trabajadora y a los sectores de menores ingresos, provocando un aumento del costo de vida y una pérdida del poder adquisitivo.
Organizaciones sociales advierten además que el decreto carece de mecanismos reales de protección o compensación para los sectores más vulnerables, lo que profundizará las desigualdades sociales.
