Guatemala conmemoró este lunes el vigésimo noveno aniversario de la firma de los acuerdos de paz en un contexto de denuncia por parte de los sectores populares. Aunque el fin del conflicto armado interno representó un hito histórico, los actores sociales coinciden en que la implementación efectiva de lo pactado enfrentó una constante falta de voluntad política y diversas presiones internacionales.
El reporte generado desde el territorio de Cahabón, en Alta Verapaz, subrayó que la paz firmada en papel no eliminó la desigualdad ni la violencia, que persisten en los territorios rurales. Las organizaciones advirtieron que el proceso de paz canalizó las energías sociales hacia un modelo neoliberal que dejó intactas las estructuras de poder tradicionales.
Actualmente, el país enfrenta una crisis profunda crisis caracterizada por la migración forzada y la criminalización de la protesta social de quienes defienden sus derechos y recursos naturales. El incumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala durante casi tres décadas revela las limitaciones de las democracias liberales para resolver las causas estructurales de la exclusión en la región.
En 2025, la persistencia del despojo de tierras a los pueblos originarios demuestra que la paz no puede consolidarse sin una transformación real de las bases económicas que generaron el conflicto armado. La integración regional y la unidad de los pueblos centroamericanos son esenciales para enfrentar las políticas que priorizan los intereses corporativos sobre la dignidad y la vida de las comunidades.
La situación actual en Guatemala refleja la lucha de los movimientos sociales por la soberanía y la justicia en un continente que intenta superar las secuelas de la guerra y la intervención externa. La criminalización de quienes defienden el territorio evidencia que la reconciliación sigue siendo una tarea pendiente para un Estado que mantiene deudas históricas con las mayorías marginadas.
El Gobierno de Guatemala y la URNG suscribieron los acuerdos de paz como el cierre definitivo de 13 años de negociaciones políticas. Este proceso terminó con el conflicto armado interno que afectó al territorio nacional entre 1960 y 1996. Las delegaciones establecieron compromisos en los ámbitos social, militar y económico para orientar al país hacia la estabilidad y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos mediante el consenso entre las partes.
La guerra interna provocó la muerte o desaparición de 200.000 personas durante las décadas de enfrentamiento. Cerca de un millón y medio de ciudadanos buscaron refugio en otros países o enfrentaron el desarraigo interno al abandonar sus comunidades de origen. El proceso de diálogo intentó resarcir el tejido social tras la ola de violencia que desplazó a gran parte de la población guatemalteca de su ambiente natural.
