Yarisley Urrutia (Sputnik).— El Gobierno español estableció en septiembre una serie de restricciones al comercio de armamento con Israel mediante el Real Decreto-ley 10/2025. Fue su respuesta a las exigencias de buena parte de la sociedad del país y del espectro político de la izquierda, incluidos los socios de coalición de Pedro Sánchez, que demandaban la imposición de un embargo de armas al Estado hebreo.
Pero el texto incorporó desde su origen una cláusula de excepcionalidad. El 23 de diciembre, durante su última reunión del año, el Consejo de Ministros hizo efectiva esta cláusula, autorizando transferencias de material de defensa y de doble uso israelí destinado a las fábricas del consorcio aeronáutico Airbus en España. Esta decisión, según reza en la referencia de la citada reunión, se justifica para «preservar miles de empleos de alta cualificación en España» y evitar afectar a los «intereses generales nacionales».
La excepción está directamente vinculada a varios programas estratégicos de Airbus, mencionados expresamente en la comunicación gubernamental: el avión de transporte militar A400M, el cisterna A330MRTT, el avión táctico C295 y el dron SIRTAP. El Ejecutivo argumenta que estos proyectos son «indispensables» para la continuidad de las líneas de producción. También subraya la falta de alternativas inmediatas para ciertos componentes tecnológicos israelíes, considerados imprescindibles.
El Gobierno español no detalla los productos ni las empresas proveedoras, pero se sospecha que el radar ELM-2022A de la compañía israelí Elta Systems se destinará al avión C295, mientras que la empresa Elbit Systems surtirá de sistemas de contramedidas al A330MRTT. Las transacciones recibieron previamente la aprobación de una Junta Interministerial, cuyas deliberaciones están amparadas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Es sabido que los ministros de Sumar, el socio de coalición del PSOE de Pedro Sánchez, objetaron la decisión durante la celebración del Consejo de Ministros, al no ver «motivos suficientes» para aplicar la cláusula de excepcionalidad. Desde Podemos, uno de los apoyos externos clave del Gobierno, su secretaria general, Ione Belarra, habla de «embargo fake». La exministra Irene Montero lo califica de «gran mentira» y tilda a los partidos de la coalición gubernamental de «cómplices del genocidio».
¿Doble rasero con disimulo?
La fecha elegida para aplicar excepciones al embargo, en vísperas de Nochebuena y en la antesala del parón parlamentario por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, solo puede demorar por unos días la discusión política, hasta el reinicio de las sesiones de control al Gobierno en el Parlamento.
Las organizaciones de apoyo al pueblo palestino critican el hermetismo reinante, pues la figura ambigua de los «intereses generales nacionales» y la confidencialidad de los procesos ampararon a la postre el flujo de material que, en teoría, el embargo pretendía suspender.
«Esta decisión convierte en papel mojado el compromiso anunciado por el Ejecutivo y demuestra lo que ya venimos alertando desde hace meses: el Real Decreto-ley es un colador lleno de agujeros y ahora el Gobierno ha puesto en práctica el más peligroso, las excepciones», declara en un comunicado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), organización impulsora de la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, apoyada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil española.
RESCOP califica la decisión del Gobierno español de «ilegal, ilegítima e inmoral», dado que, aparte de evidenciar un «doble rasero» y faltar al «clamor popular» de la sociedad civil, se incumple «la obligación de no facilitar, directa ni indirectamente, apoyo militar» a un país ante el riesgo de que esté perpetrando «un genocidio».
Cuestión de soberanía
La falta de integralidad de un embargo de armas, que permite ciertas contrataciones con la industria militar israelí, refleja una situación contradictoria. Un Gobierno que apoya la creación de un Estado palestino y que en 2025 se alineó con la opinión pública propalestina ahora justifica estas decisiones en función de intereses comerciales y laborales.
Para el politólogo y ensayista Manuel Monereo, la situación es producto de la carencia de soberanía del sistema político español frente a los poderes económicos que encarnan la UE y la OTAN. Como resultado, explica a Sputnik, «el sistema no es autosuficiente en sí mismo» y Pedro Sánchez experimenta limitaciones. «Algo parecido a lo que pasó con [el expresidente] Zapatero, que traicionó su proyecto explícito y terminó pactando con la UE un programa de austeridad», asegura.
«Sánchez ganó mucho apoyo por su posición aparentemente valiente en el tema de Gaza. Pero su postura de apoyar la creación de un Estado palestino era muy fácil, no implicaba ningún riesgo político. Era una respuesta falsa a una cuestión de imposible consecución, dada la situación actual. Lo que había que hacer era impedir el genocidio, y eso exigía un boicot rotundo, económico, político y tecnológico al Estado de Israel», afirma.
Pero una ruptura total de relaciones con Israel conduciría a enfrentarse «primero con el Estado de Israel y por derivación con Donald Trump y la OTAN», añade Monereo, que alude a las palabras del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien refirió que los problemas con Israel «son también problemas de la seguridad nacional española».
En este contexto, en RESCOP destacan que han sido muy escasos los casos en que las autoridades españolas decidieron denegar la escala en puertos nacionales a buques sospechosos de transportar armamentos hacia o desde Israel.
«Los hechos muestran que a pesar de la aprobación del Real-Decreto Ley 10/2025, los buques vinculados al tránsito de armas siguen pasando de forma rutinaria por puertos españoles», afirman en esta organización, que apunta que barcos como el Maersk Norfolk, el Nysted Maersk, el Maersk Narmada pasan por puertos españoles «antes de cargar componentes de los F35 en Tánger». También señalan al Ocean Gladiator, «que atracó en Algeciras el 13 de noviembre después de descargar en Israel el mayor cargamento de munición detectado hasta la fecha con 1.605 toneladas».
Un rearme sin debate
El Gobierno español cierra 2025 con una inversión total en defensa de 38.670 millones de euros, con la esperanza de que la OTAN valide en enero la consecución de las capacidades exigidas, dedicando un 2,1% del PIB. En el mismo Consejo de Ministros, que decidió autorizar la transferencia de tecnologías israelíes para Airbus, se aprobaron algo más de 2.000 millones para comprar camiones de transporte tácticos, refinanciar el programa de submarinos S-80 o ampliar la base naval de Rota.
Tampoco se dio publicidad a este dispendio, que incluyó una «contribución voluntaria» a la OTAN por valor de 100 millones de euros. La incomodidad de los socios de coalición de Sánchez es evidente. «El mayor error de la izquierda que está gobernando con Pedro Sánchez, es aceptar un plan de rearme de grandes dimensiones de España sin un debate público, a espaldas del Parlamento y de la opinión pública española», comenta al respecto Monereo, que subraya el aprieto existencial de Sumar. «Si la izquierda no tiene identidad en este tema, ¿sobre qué va a tener identidad? Esa es la clave».
Pese a las apariencias, los hechos muestran el «alineamiento estricto» de Sánchez con la OTAN, Washington y Bruselas, algo que excede la dimensión económica. De ahí que no haya debate sobre el rearme en España, pues de tener lugar, explica Monereo, «se demostraría que este es el Gobierno más militarista de la historia reciente del país».
