Centenares de tractores convirtieron este viernes las principales autopistas de Francia en escenarios de resistencia campesina. Mientras los representantes permanentes de la Unión Europea aprobaban formalmente el controvertido acuerdo comercial con Mercosur, agricultores franceses y belgas bloqueaban las arterias viales del país galo en una escalada contra un tratado que consideran sentencia de muerte para la agricultura familiar europea.
Las autopistas A2 y A27 hacia la frontera belga quedaron completamente cerradas desde el amanecer. En el suroeste, productores cortaron desde la medianoche la interconexión entre las A63 y A64 que comunica Burdeos con el País Vasco español, generando atascos kilométricos. La A63 permaneció bloqueada entre Bayona Norte y Bayona Sur, mientras en el extremo oriental de los Pirineos, manifestantes cerraban la A9 en Perpiñán, cortando el flujo hacia España.
Para los líderes de sindicatos y organizaciones campesinas de ambos bloques consideran que, ni los pequeños productores europeos ni los campesinos latinoamericanos verán mejoras en sus condiciones. Los primeros enfrentan la competencia desleal de productos cultivados bajo estándares ambientales y laborales menos exigentes; los segundos quedarán atrapados en la profundización del modelo extractivista que subordina su producción a las necesidades del mercado europeo.
Tractores en la Torre Eiffel
La imagen resume la magnitud de la protesta: un centenar de tractores estacionados frente a la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y la Asamblea Nacional. El miércoles por la noche, agricultores organizados por la Coordinación Rural —segundo sindicato agrícola francés, cercano a la extrema derecha— sortearon el cerco policial que intentaba impedirles entrar a la capital.
La Confederación Campesina organizó simultáneamente una «operación caracol» con tractores, ralentizando el tráfico parisino para visibilizar su rechazo tanto al acuerdo comercial como al protocolo sanitario que obliga al sacrificio completo de rebaños cuando se detecta un caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC).
La presión campesina comenzó en diciembre, cuando agricultores bloquearon carreteras del sur en vísperas de Navidad. En Burdeos, el bloqueo de depósitos de combustible en Bassens desde el miércoles paraliza el suministro regional.
La unanimidad sindical en Francia y el giro italiano
Todos los sindicatos agrícolas, desde la histórica FNSEA hasta organizaciones de izquierda como la Confederación Campesina, pasando por la Coordinación Rural de extrema derecha, rechazan categóricamente el acuerdo. La movilización trasciende divisiones ideológicas ante lo que perciben como amenaza existencial: la apertura del mercado europeo a productos sudamericanos.
La tensión escala ante la inminente formalización del tratado el próximo 12 de enero, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viaje a Paraguay para la firma oficial. Los agricultores advierten que intensificarán las protestas si Bruselas concreta el acuerdo sin atender sus demandas.
La aprobación del acuerdo este viernes cierra 25 años de negociaciones marcadas por tensiones geopolíticas y disputas sobre modelos productivos. El cambio de posición de Italia resultó decisivo para alcanzar la mayoría cualificada: 15 de los 27 Estados miembros que representan el 65 por ciento de la población europea.
La primera ministra Giorgia Meloni, quien en diciembre exigió más tiempo para negociar durante la cumbre frustrada de Foz de Iguazú en Brasil, finalmente respaldó el tratado tras conseguir concesiones presupuestarias. La Comisión Europea ofreció adelantar 45 mil millones de euros del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y estableció salvaguardias bilaterales para suspender temporalmente preferencias arancelarias ante «perturbaciones del mercado».
Organizaciones campesinas califican estas medidas como cosméticas, insuficientes frente al volumen de importaciones previsto desde Sudamérica.
Francia mantiene su oposición férrea, respaldada por Irlanda, Polonia y Hungría. El presidente Emmanuel Macron enfrenta presión interna de la ultraderecha, que instrumentaliza el tratado como bandera contra su gobierno debilitado. Del otro lado, España y Alemania lideran el bloque favorable, respaldados por países nórdicos que vislumbran oportunidades comerciales.
La respuesta europea a Trump
Desde las instituciones europeas se reconoce que el acuerdo trasciende su dimensión económica. El tratado representa la respuesta de Bruselas a la política exterior unilateral de Donald Trump, quien acelera su versión de la doctrina Monroe con intervención militar en Venezuela y amenazas contra Colombia y México.
La firma creará la mayor área de libre comercio del planeta: 780 millones de habitantes entre dos bloques. La UE proyecta incrementar exportaciones por 84 mil millones de euros, principalmente maquinaria, vehículos y productos agrarios como vino y queso.
El Mercosur —fundado en 1991 e integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia como miembros plenos— representa 250 millones de personas y concentra más del 75 por ciento del PIB sudamericano. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam mantienen estatus de Estados asociados.
Organizaciones sociales y movimientos campesinos del Mercosur advierten que el acuerdo profundizará el modelo extractivista y subordinará la producción regional a las necesidades del mercado europeo. La alianza sudamericana enfrenta el desafío de diversificar su matriz productiva, altamente dependiente de la exportación de materias primas agrícolas y recursos naturales.
