El panorama democrático en Ecuador enfrenta una de sus crisis más agudas debido al uso desmedido de las instituciones públicas para amedrentar a sectores opositores. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) levantó una alerta internacional ante lo que considera un preocupante giro autoritario por parte del Ejecutivo.
Según el organismo, se configuró un esquema sistemático donde el aparato estatal ya no garantiza derechos, sino que funciona como una herramienta de hostigamiento político.
La denuncia resalta un patrón de comportamiento orientado a sofocar la libertad de expresión y la labor de quienes cuestionan la gestión gubernamental. Periodistas y comunicadores cuya línea editorial es incómoda para los funcionarios actuales son el blanco principal de estas tácticas de silenciamiento. El CDH sostiene que esta estrategia busca anular el debate público y establecer un pensamiento único, debilitando los cimientos de la convivencia social y el respeto a la pluralidad de ideas en el país.
Uno de los puntos más críticos señalados por la organización es la actuación de los entes electorales en contra de movimientos sociales y figuras políticas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició procesos que amenazan con borrar del registro a partidos de oposición y arrebatar derechos políticos a líderes como la excandidata Luisa González. Asimismo, colectivos ambientalistas como Yasunidos enfrentan trabas administrativas que obstaculizan su legítima defensa del territorio y la naturaleza, evidenciando una persecución ideológica.
La justicia penal también fue señalada por su falta de proporcionalidad en casos de alto perfil, como el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El organismo defensor de derechos humanos calificó como excesivo el operativo policial realizado en su domicilio durante la madrugada, especialmente cuando el funcionario ya colaboraba con procesos previos. Estas acciones, lejos de buscar la transparencia, parecen diseñadas para enviar un mensaje de intimidación a cualquier autoridad que no se alinee con el poder central, dijo la entidad.
El CDH manifestó su profunda inquietud por el uso de la prisión preventiva en un sistema penitenciario que actualmente está bajo el asedio de grupos delictivos organizados.
Exponer a dirigentes sociales y figuras políticas a estos entornos vulnera directamente su derecho a la vida y a la integridad personal, según detalla el informe. Esta situación convierte a las cárceles en centros de alto riesgo para quienes son procesados bajo una óptica de criminalización de la política y la protesta social.
El organismo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para observar de cerca el retroceso en las garantías constitucionales del Ecuador. Al desnaturalizar la función de la Fiscalía y los entes electorales, se está fracturando el carácter democrático de la nación andina.
El CDH reafirmó su compromiso con la vigilancia ciudadana, asegurando que el uso de la fuerza y la ley para fines partidistas representa un peligro inminente para la estabilidad regional.
