Anna Margoliner (Voz).— Lo que ocurre en ambos lados del Atlántico no es coincidencia, es una tendencia global que amenaza la dignidad de millones de personas.
Durante meses, la imagen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, recorrió el mundo como símbolo de una política migratoria endurecida al extremo: redadas en lugares de trabajo, vuelos chárteres de deportación y familias separadas.
Muchos en Europa señalaban ese modelo con distancia, incluso con reproche. Hoy todo suena hueco.
La nueva ley
El Parlamento Europeo aprobó recientemente el llamado Reglamento de Retornos con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La normativa permite a los Estados miembros deportar a personas migrantes a “centros de retorno” ubicados en terceros países, y endurece como nunca las condiciones para quienes esperan resolución de sus casos.
Expertos y activistas ya han bautizado esta reforma como la creación de un “ICE a la europea”. La referencia no es casual. Ambos modelos comparten un enfoque punitivo que prioriza redadas en espacios públicos, vuelos para deportaciones masivas y la externalización del control migratorio hacia países fuera del bloque.
El corazón del reglamento es su apuesta por desplazar el problema fuera de las fronteras europeas. La propuesta crearía lo que la Comisión Europea denomina un “Sistema Europeo Común de Retorno”, diseñado para que los procedimientos de deportación sean más rápidos y eficaces, y contempla centros de deportación situados fuera de la Unión Europea a los que podrían ser enviados los solicitantes de asilo rechazados mientras esperan ser expulsados.
Pero no se trata solo de geografía. El texto exige a las personas migrantes “cooperar activamente” en su proceso de retorno. Si no lo hacen, se les pueden imponer sanciones que incluyen la retirada de prestaciones sociales, permisos de trabajo y castigos penales que contemplan el encarcelamiento.
Además, se permite la detención de migrantes por riesgo de fuga u otros motivos de seguridad, con un período de internamiento que puede extenderse hasta doce meses, prorrogable en caso de falta de cooperación.
La organización Amnistía Internacional advirtió que esta normativa, “amplía considerablemente el uso de la detención y durante períodos mucho más prolongados, incumpliendo las normas jurídicas internacionales”, y que las personas correrán el riesgo de ser enviadas a centros de detención en países en los que nunca han estado.
Una ola que no conoce fronteras
Lo que está ocurriendo en Europa no puede leerse de forma aislada. Es parte de un movimiento global que ha encontrado en la figura del migrante un chivo expiatorio conveniente para canalizar ansiedades económicas, culturales y políticas.
Estados Unidos endureció su política bajo la administración del presidente Donald Trump. El Reino Unido intentó enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Italia construyó en 2024 centros de retorno en Albania, que permanecen inutilizados por decisiones judiciales, pero que sirvieron de inspiración directa para el modelo europeo que acaba de aprobarse.
La externalización del control migratorio —mover el problema a países más pobres, con menos capacidad de supervisión y garantías más débiles— es la nueva estrategia de los Estados ricos para gestionar la movilidad humana sin tener que mirar de frente sus consecuencias. Es, en esencia, tercerizar la violación de los derechos humanos.
Según Amnistía Internacional, esta tendencia representa “políticas cada vez más nocivas, excluyentes y draconianas en materia de migración, con repercusiones preocupantes para el debido proceso”, y advierte que lejos de reducir la irregularidad, estas propuestas corren el riesgo de atrapar a más personas en situaciones precarias.
El peligro de nombrar mal a las personas
En el centro de todo este debate hay un problema que va más allá de las leyes: el lenguaje. Hablar de “flujos migratorios”, “irregulares” o “ilegales” deshumaniza a quienes en realidad son personas que huyen de la violencia, la pobreza o el colapso climático. Convertir a los migrantes en categorías administrativas —un “riesgo de fuga”, una “carga para el sistema”— facilita que las sociedades acepten medidas que, aplicadas a cualquier otro grupo, serían inaceptables.
Los conflictos, la persecución, la limpieza étnica, la pobreza extrema y los desastres naturales son algunas de las causas que impulsan la migración, y ningún reglamento de retorno las va a resolver. La pregunta que Europa debería hacerse no es cómo deportar más rápido, sino por qué tantas personas siguen dispuestas a arriesgar su vida para llegar.
Mientras esa pregunta no tenga respuesta honesta, los centros de retorno —aquí o al otro lado del Atlántico— seguirán siendo el síntoma de una política que prefiere castigar antes que comprender.
