El Real Decreto‑ley aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026 abre una ventana extraordinaria para más de medio millón de personas en situación irregular, pero excluye explícitamente a las personas apátridas, colectivo que en España está compuesto en su mayoría por saharauis. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha intentado lo imposible, justificar de un modo técnico lo que es una clara exclusión política para no ofender a Marruecos diciendo que se trata de evitar solapamientos entre procedimientos, ya que los apátridas cuentan con un régimen específico de protección y tramitación administrativa..
La nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración colonialista española del Sáhara Occidental (antes de 1976), lleva varada desde 2024 en la Comisión de Justicia, con el PSOE como principal bloqueante.
