La vivienda no puede seguir siendo un negocio
La vivienda debe ser un derecho y no un vulgar negocio.
Parece una afirmación sencilla, casi de sentido común. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde algo tan básico como tener un techo bajo el que vivir se ha convertido en una mercancía sometida a las leyes del mercado, la especulación y la codicia de unos pocos. Ahí está la raíz del problema.
Nos repiten constantemente que la crisis de la vivienda es consecuencia de la ocupación, de la falta de oferta o de cualquier otro argumento cuidadosamente elaborado por quienes se benefician de esta situación. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más incómoda para los poderosos: el problema de la vivienda comienza cuando se permite que sea un negocio.
Cuando una necesidad humana fundamental se convierte en una fuente de enriquecimiento privado, el resultado siempre es el mismo. Los precios suben, la especulación se dispara y millones de personas quedan atrapadas entre alquileres abusivos, hipotecas imposibles y una incertidumbre permanente sobre su futuro.
Por eso resulta especialmente indignante contemplar cómo determinados personajes mediáticos utilizan su influencia para defender intereses económicos particulares mientras se presentan como periodistas imparciales. Casos como el de Ana Rosa Quintana reflejan perfectamente esta realidad. Quien obtiene beneficios del negocio inmobiliario utiliza programas de máxima audiencia para alimentar el miedo, exagerar determinados fenómenos y construir un relato que favorezca sus intereses. El miedo vende. Las alarmas venden. La especulación vende. La verdad, muchas veces, no.
Hay ámbitos de la vida que nunca deberían estar sometidos a la lógica del beneficio económico. La salud no puede ser un negocio. La educación no puede ser un negocio. El agua, la energía y los servicios esenciales no pueden ser un negocio. Y la vivienda tampoco.
Del mismo modo que entendemos que la sangre, los órganos humanos o la capacidad reproductiva de las personas no deben convertirse en mercancías, también deberíamos comprender que el acceso a una vivienda digna forma parte de esos derechos que deben quedar fuera del mercado y de la especulación.
El problema es que nuestras administraciones públicas hace demasiado tiempo que dejaron de guiarse por las necesidades sociales para someterse a criterios puramente económicos. La burocracia se ha convertido en demasiadas ocasiones en una carrera de obstáculos para quien necesita ayuda. Se exige comprensión al ciudadano mientras las instituciones olvidan practicarla.
Una administración pública sin empatía, que dificulta en lugar de facilitar, que sospecha del ciudadano en lugar de protegerlo, termina convirtiéndose en una enemiga del pueblo independientemente de quién ocupe temporalmente el gobierno.
Y aquí conviene desmontar otra gran mentira. La socialdemocracia actual no representa una alternativa real al modelo económico dominante. Tampoco vivimos bajo ningún supuesto gobierno socialcomunista, como repite machaconamente la derecha mediática. Quien conozca mínimamente la historia del movimiento obrero sabe perfectamente que eso no es cierto.
Los problemas estructurales permanecen porque las estructuras de poder permanecen intactas.
Mientras tanto, buena parte de la clase política profesional vive alejada de la realidad cotidiana de la mayoría social. Habitan una burbuja de privilegios, salarios elevados, despachos, congresos, asesores y campañas electorales permanentes. Lo más preocupante es que muchos ni siquiera tienen interés en comprender los problemas reales de la gente. Les basta con utilizarlos como material propagandístico para construir relatos y defender intereses concretos.
Por eso gran parte de la clase política ha dejado de representar a la ciudadanía para convertirse en una red de intermediarios al servicio de quienes realmente acumulan el poder económico. No son patriotas de la patria ni de la clase trabajadora. Son cipayos y mamporreros de intereses superiores que rara vez se presentan a unas elecciones, pero que condicionan diariamente la vida de millones de personas.
Frente a esta situación necesitamos más radicales.
Y conviene aclarar qué significa ser radical. Un radical no es un fanático. Un radical es quien va a la raíz de los problemas. Quien se niega a aceptar explicaciones superficiales y busca las causas profundas de las injusticias que sufrimos.
La historia demuestra que los grandes avances sociales nunca fueron conquistados por quienes pedían permiso o practicaban la moderación permanente. Los derechos laborales, las pensiones, la sanidad pública o la educación universal fueron fruto de personas que se atrevieron a cuestionar el orden establecido.
Por eso hoy necesitamos más honestidad, más ideales, más compromiso y más conciencia política. Necesitamos menos política burguesa administrando los intereses de las oligarquías y más política al servicio de la mayoría social.
Porque mientras la vivienda siga siendo un negocio, la justicia social seguirá siendo una promesa incumplida.
André Abeledo Fernández
