La vivienda no entiende de banderas: cuando la política se olvida de la gente
La crisis de la vivienda ha dejado de ser un problema de una parte de la sociedad para convertirse en una emergencia que atraviesa generaciones, ideologías y clases sociales. Mientras miles de familias luchan por llegar a fin de mes, el acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Estado español.
Camaradas,
Hay momentos en los que la realidad es tan evidente que resulta difícil entender cómo hay quienes siguen mirando hacia otro lado. La crisis de la vivienda que estamos sufriendo en el Estado español es uno de ellos. No estamos hablando de estadísticas, de gráficos económicos ni de debates parlamentarios alejados de la vida cotidiana. Estamos hablando de personas, de familias, de trabajadores y trabajadoras que están viendo cómo el derecho a tener un techo se convierte en un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo.
Estamos hablando de gente que se levanta cada mañana, acude a su puesto de trabajo, se rompe el pecho trabajando durante toda la jornada y, cuando llega a casa, descubre que su salario apenas le permite sobrevivir. Personas que trabajan y que, aun así, no pueden pagar un alquiler, que no consiguen ahorrar y que viven permanentemente con la incertidumbre de no saber qué será de ellas el próximo mes.
Y si hablamos de quienes están en paro, de quienes tienen empleos precarios, de las familias monoparentales o de quienes tienen hijos a su cargo, la situación puede convertirse en un auténtico drama social.
Hay jóvenes que no pueden emanciparse, personas adultas que se ven obligadas a seguir viviendo con sus padres y familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar una vivienda. Hay personas que ni siquiera pueden acceder a un alquiler convencional y terminan compartiendo habitaciones a precios que hace unos años habrían parecido impensables.
Mientras tanto, la riqueza sigue concentrándose en una parte de la sociedad. El problema no es únicamente que haya personas cada vez más ricas, sino que la distancia entre quienes acumulan grandes patrimonios y quienes dependen exclusivamente de su salario se ha convertido en una cuestión central para comprender la realidad económica y social de nuestro país.
Una vivienda es un derecho, no una mercancía cualquiera.
Y aquí es donde debemos empezar a hablar de los grandes tenedores, de los fondos de inversión y de los fondos buitre que encuentran en la vivienda una oportunidad para obtener rentabilidades económicas.
No podemos meter en el mismo saco a todas las personas propietarias. No es lo mismo una familia que tiene una segunda vivienda, un pequeño propietario que complementa su pensión con un alquiler o alguien que ha conseguido comprar un piso con los ahorros de toda una vida que una gran sociedad de inversión que acumula cientos o miles de inmuebles.
Las dimensiones, los recursos y la capacidad de influir en el mercado son completamente diferentes.
Cuando la vivienda se convierte en un activo financiero, cuando su valor se mide exclusivamente por la rentabilidad que puede generar y cuando la capacidad económica de las personas deja de ser una consideración relevante, nos encontramos ante un problema que va mucho más allá de las decisiones individuales.
La vivienda es una necesidad básica. No podemos tratarla como si fuera un producto de lujo al que únicamente deben acceder quienes puedan pagar cualquier precio.
Y, sin embargo, eso es lo que está ocurriendo a demasiadas personas. Alquileres que consumen la mayor parte de los salarios, contratos que terminan sin que exista una alternativa asequible y precios que obligan a muchas familias a abandonar los lugares donde han construido sus vidas.
La crisis de la vivienda no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de dignidad.
Resulta especialmente preocupante que un problema que afecta a trabajadores, pensionistas, jóvenes, familias con hijos y personas desempleadas termine convirtiéndose en una discusión exclusivamente partidista.
Porque la vivienda no entiende de banderas, de idiomas ni de siglas. No pregunta a nadie a quién ha votado antes de exigirle que pague el alquiler. Tampoco distingue entre quien vive en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Andalucía.
La realidad es que cada vez más personas tienen dificultades para acceder a una vivienda digna y que este problema afecta también a sectores de la sociedad que hace unos años no se encontraban en esta situación.
Por eso, cuando el Congreso de los Diputados rechazó el 2 de octubre los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de PSOE y Sumar, con los votos en contra del PP, Vox, Junts y otras formaciones en función de cada texto, no estamos hablando únicamente de un enfrentamiento entre partidos. Estamos hablando de medidas concretas que pretendían ofrecer protección a determinados inquilinos y personas vulnerables, cuya continuidad quedó frustrada tras la votación.
Es importante decirlo con claridad: las propuestas del Gobierno eran insuficientes para resolver el problema estructural de la vivienda. No abordaban todas sus causas, no garantizaban por sí solas un parque público suficiente ni resolvían las dificultades económicas de millones de hogares. Pero incluían medidas de protección que podían aliviar determinadas situaciones especialmente complicadas.
Se puede considerar que una propuesta es insuficiente y, al mismo tiempo, reconocer que su aplicación habría podido beneficiar a personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
No es necesario compartir el programa político del PSOE o de Sumar para entender que las familias que están a punto de perder su vivienda necesitan soluciones inmediatas.
Personalmente, nunca he sido votante del PSOE ni de Sumar. Mi concepción de la izquierda está vinculada a la defensa de la clase trabajadora, a la justicia social y a la transformación de un sistema económico que considero profundamente desigual. Y precisamente desde esa perspectiva entiendo que las medidas que se adopten deben estar a la altura de las necesidades reales de la población.
No basta con aprobar medidas de emergencia. Hace falta una política de vivienda pública ambiciosa, duradera y capaz de cambiar las condiciones que han convertido el acceso a un hogar en una de las principales preocupaciones sociales.
¿Dónde están las alternativas para quienes hoy no pueden pagar un alquiler?.
Porque rechazar una medida no resuelve el problema que esa medida pretendía abordar.
El PP, Vox y Junts han defendido sus propias razones para oponerse a los decretos. Junts ha argumentado que algunas de las propuestas podrían reducir la oferta de alquiler y provocar un incremento de los precios. Son argumentos que deben analizarse y contrastarse con los resultados de las políticas aplicadas, no aceptarse ni descartarse automáticamente.
Pero cualquier alternativa que se presente debe responder a una pregunta fundamental: ¿qué solución concreta se ofrece a las personas que hoy no pueden pagar su vivienda?.
Decir que el mercado encontrará por sí solo una solución no es suficiente para una familia que tiene que abandonar su casa porque no puede asumir una subida del alquiler. Tampoco lo es prometer que se construirán viviendas en el futuro si no existen medidas que protejan a quienes necesitan un hogar en el presente.
Alberto Núñez Feijóo ya presidió la Xunta de Galicia durante años. Su experiencia de gobierno permite analizar sus políticas de vivienda, sus resultados y las decisiones que se adoptaron durante aquella etapa. Las propuestas actuales del Partido Popular también deben someterse al mismo examen: qué plantean, qué recursos comprometen, qué viviendas prevén construir y cómo pretenden garantizar que sean realmente asequibles.
Lo mismo debe exigirse al resto de las formaciones políticas, independientemente de su ideología o de su ámbito territorial.
La vivienda no puede convertirse en una promesa electoral que se repite legislatura tras legislatura sin que las personas que más lo necesitan encuentren una respuesta.
El problema no es el inmigrante que busca una habitación, sino las condiciones en las que se ve obligado a vivir.
En medio de esta crisis, hay quienes intentan responsabilizar a las personas migrantes de las dificultades de acceso a la vivienda.
Es una explicación que desvía la atención de cuestiones fundamentales: los precios, la insuficiencia de vivienda pública, la concentración de la propiedad, la precariedad salarial y las dificultades para desarrollar políticas que garanticen el acceso a un hogar.
Una persona migrante que llega al Estado español buscando trabajo y que termina compartiendo una habitación con otras personas no es responsable de que el mercado ofrezca alquileres inaccesibles.
Quienes migran también trabajan, pagan alquileres y contribuyen a la actividad económica y social. Sus necesidades de vivienda son tan legítimas como las de cualquier otra persona.
El debate debe centrarse en las condiciones que permiten que una habitación se alquile a precios desproporcionados, en la falta de garantías para los inquilinos y en la necesidad de hacer cumplir las normas que protegen a las personas.
Convertir a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en responsables de los problemas estructurales no contribuye a resolverlos.
Vivienda vacía, vivienda pública y especulación.
En el Estado español existen viviendas desocupadas, aunque no todas se encuentran en las mismas condiciones ni están disponibles para ser habitadas. Algunas necesitan reformas, otras se encuentran en lugares donde no existe suficiente demanda y otras están pendientes de procesos hereditarios o judiciales.
Por eso, cuando hablamos de vivienda vacía, es necesario diferenciar las situaciones y diseñar políticas que respondan a cada una de ellas.
Hay que incentivar la incorporación de viviendas al alquiler asequible, estudiar medidas fiscales proporcionadas para las viviendas que permanecen desocupadas de manera injustificada y combatir las prácticas especulativas que perjudican el acceso a un hogar.
También es imprescindible aumentar el parque de vivienda pública, con una planificación a largo plazo que garantice que esas viviendas sigan siendo públicas y asequibles.
No podemos olvidar que las decisiones sobre el patrimonio público tienen consecuencias que pueden prolongarse durante décadas. La venta de vivienda pública a operadores privados, cuando se produce, debe analizarse con rigor, teniendo en cuenta las condiciones de la operación, sus beneficiarios y las consecuencias para las personas que residían en esos inmuebles.
La vivienda pública no puede convertirse en una oportunidad de negocio que termine alejando de ella a quienes más la necesitan.
También debemos abordar la expansión de los pisos turísticos en las zonas donde su crecimiento contribuye a reducir la disponibilidad de viviendas para residencia habitual. Las políticas deben tener en cuenta las diferencias entre territorios, la actividad económica y las necesidades de quienes viven y trabajan en ellos.
Un país no puede organizar su política económica exclusivamente alrededor de la rentabilidad turística, olvidándose de las personas que necesitan una vivienda estable.
España es mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde millones de personas trabajan, estudian, crían a sus hijos y construyen su futuro.
La dignidad de las personas debería estar por encima de cualquier interés económico.
La crisis de la vivienda es también una crisis de salarios, de empleo, de desigualdad y de derechos sociales.
No podemos hablar de vivienda digna sin hablar de salarios dignos. No podemos hablar de emancipación juvenil mientras una parte importante de la juventud no tiene ingresos suficientes para independizarse. Tampoco podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando el lugar donde naces y la situación económica de tu familia condicionan de manera tan determinante tus posibilidades de acceder a una vivienda.
Las familias que tienen hijos conocen especialmente bien esta realidad. Los gastos de alimentación, educación, transporte, suministros y vivienda se acumulan y hacen que cualquier imprevisto pueda convertirse en un problema económico de enorme magnitud.
Y cuando una familia pierde su vivienda, las consecuencias no son exclusivamente económicas. También afectan a la estabilidad, a la convivencia, a la educación de los menores y a la salud emocional de quienes atraviesan esa situación.
Por eso, la respuesta política debe ir mucho más allá de las declaraciones, de las promesas y de los enfrentamientos parlamentarios.
Hace falta construir vivienda pública, proteger a los inquilinos, garantizar el cumplimiento de la legislación, mejorar los salarios y desarrollar políticas que permitan a las personas vivir con dignidad.
Y hace falta, sobre todo, entender que una sociedad en la que trabajar no garantiza poder vivir dignamente tiene un problema que no puede seguir ignorando.
No podemos permitir que la vivienda sea un privilegio de unos pocos mientras se convierte en una condena económica para la mayoría.
Es perfectamente legítimo discrepar sobre cómo debe intervenir el Estado en el mercado inmobiliario, qué medidas fiscales deben aplicarse o qué modelo de construcción debe impulsarse. Pero esas discrepancias deben traducirse en propuestas concretas, evaluables y capaces de responder a una emergencia que ya está afectando a millones de personas.
Lo que no debería suceder es que el debate político termine siendo un intercambio de acusaciones mientras las familias siguen sin encontrar una solución.
La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados a quienes gobiernan y a quienes aspiran a gobernar. Tiene derecho a conocer qué políticas se han aplicado, cuánto han costado, qué resultados han obtenido y qué alternativas se proponen.
Y tiene derecho, sobre todo, a que el acceso a una vivienda digna deje de ser una aspiración inalcanzable para convertirse en una realidad.
Porque detrás de cada alquiler impagable hay una persona. Detrás de cada desahucio hay una familia. Detrás de cada joven que no puede emanciparse hay un proyecto de vida que permanece paralizado.
Y detrás de cada una de esas situaciones hay un problema social que no podemos reducir a una simple disputa entre partidos.
La vivienda no debería ser un lujo. Debería ser un derecho efectivo.
Y garantizar ese derecho es una responsabilidad colectiva que exige decisiones políticas, recursos públicos, medidas concretas y una voluntad real de afrontar las desigualdades.
Porque una sociedad se mide también por la capacidad que tiene de garantizar que las personas puedan vivir con dignidad, independientemente del dinero que tengan en el bolsillo.
André Abeledo Fernández
