El Observatorio Euro Mediterráneo de DDHH (Euro-Med) divulgó un informe la pasada semana en el que aseguró que Israel dejó inutilizable más del 75 % de las tierras agrícolas de Gaza, al cortarlas o arrasarlas con topadoras para ampliarlas a sus territorios ocupados.
Hace unos meses, ya durante la actual ofensiva israelí en Gaza, se desató la polémica debido a un anuncio de la inmobiliaria israelí Harey Zahav, donde a través de sus redes sociales, presentaban una promoción de viviendas sobre zonas destruidas al sur de Gaza.
En declaraciones al periódico israelí, Haaretz, el director general de esta inmobiliaria, Zeev Epshtein, señaló que de momento no tenían intención de construir allí, considerando esas publicaciones, en medio de una situación que está siendo juzgada como un posible genocidio, como «una broma» para sus seguidores, aunque destacó que él querría que esto sucediese, pero que, según sus propias leyes, esta decisión solo dependía del Estado israelí.
El movimiento sionista, nacido a finales del siglo XIX, proyectó las inquietudes del nacionalismo europeo, buscando establecer un Estado nación judío. El principal problema que tuvo que enfrentar esta teoría era la de carecer de un territorio, en ese sentido, aunque previamente se generasen debates sobre ello, para 1904 la idea de construir este Estado en Palestina era la opción defendida de forma mayoritaria por este movimiento.
El historiador israelí Ilan Pappé considera que el sionismo supuso la secularización y «nacionalización» del judaísmo, debido a que la religión y tradición judías planteaban el retorno a la tierra prometida del Eretz Israel (como nombra la Biblia a Palestina) como pueblo soberano.
Esta secularización supone de entrada dos contradicciones, una religiosa y otra jurídica. La primera es que, según los propios textos religiosos, la vuelta al Eretz Israel ocurriría tras la llegada del mesías, un elemento clave que explica por qué grandes sectores de los ultraortodoxos judíos rechazan de forma sistemática el sionismo. Para ellos supone un atentado contra los principios de su fe. Y, por otra parte, un libro religioso con 2.000 años de antigüedad, no se puede interpretar como un registro de propiedad con base en ninguna legislación civil existente.
Aunque en Palestina siempre han existido comunidades nativas, tanto judías como cristianas o musulmanas, debido a que es considerada «Tierra Santa» por las tres religiones monoteístas, tras siglos bajo dominación otomana, no es de extrañar que la comunidad mayoritaria dentro de los nativos profesase el islam.
Así, entre 1850-1880, entorno a un 2-4 % de la población nativa practicaba el judaísmo, un 10 % el cristianismo y aproximadamente un 85 % era musulmana. Desde una perspectiva lingüística-cultural, prácticamente la totalidad se expresaba en árabe.
Con la llegada del colonialismo europeo, y el Mandato británico, esto no se alteró, pese a que ya había iniciado el proceso de colonización de asentamientos de inmigrantes de origen judío europeo promovida por el movimiento sionista a través de la compra de tierras a los nativos palestinos.
El inicio de estos asentamientos y de la compra de tierras por parte de estas comunidades sionistas fue entendido por la población nativa como parte del proceso de colonización europea que se manifestaba de forma evidente en el Mandato británico sobre Palestina.
Sin embargo, el movimiento sionista sabía que para poder construir ese «Hogar Nacional judío» en un territorio donde la mayor parte de la población no era ni judía ni europea, necesitaban, además, ganar una batalla demográfica.
Así, en 1938, Moshe Sharet, que se convirtió en el segundo primer ministro de Israel en 1953, y que en esos años se destacaba como negociador del movimiento sionista con el Mandato británico de Palestina, señalaba en una conferencia de las organizaciones sionistas en Jerusalén sobre la compra de tierras: «Esta compra estuvo acompañada, lo que resulta interesante, por el traslado de la población (al no estar seguro de que su auditorio estuviese familiarizado con el término lo repitió en inglés). Hay una tribu que reside al oeste del río Jordán y la compra incluirá pagar a la tribu para que se traslade al este del río, con lo que reduciremos el número de árabes (en Palestina)».
Estas declaraciones y otras en dirección similar son públicas como parte de los archivos de la Haganá, organización paramilitar sionista que fue la base de la creación del Ejército israelí.
Durante el Mandato británico, el 75 % de los palestinos eran campesinos, vivían de la tierra. Tras la Nakba (1947-1948) que supuso la expulsión o huida de unos 700.000 nativos palestinos, la tierra siguió jugando un papel destacado para los palestinos que se quedaron dentro del recién creado Estado de Israel.
Expropiación de tierras
La negación del derecho al retorno de los palestinos exiliados, se complementó con una ley que facilitó nuevos asentamientos de colonos judíos provenientes de Europa y otros países de Oriente Medio, tras el holocausto. Para garantizar la acogida de los mismos, en 1950, Israel promulgó la Ley de Propiedad de Ausentes, transfiriendo los derechos de propiedad de aquellos palestinos declarados «ausentes», que incluía tanto a los que se habían marchado, como a los denominados «presentes ausentes», es decir, palestinos que ya siendo «ciudadanos» israelíes, y estando presentes dentro del Estado, eran clasificados por la ley como «ausentes». En 2001, el número de los denominados «presentes ausentes» se cifraba en unas 200.000 personas.
Esta situación explotó en 1976 cuando el Estado de Israel promovió una nueva expropiación de tierras en Galilea, donde hay una mayoritaria presencia nativa árabe-palestina, que llevó a fuertes protestas de los mismos y que fue apoyada en Cisjordania, en Gaza y en los campos de refugiados de países vecinos. Este es el origen del Día de la Tierra, una de las más importantes jornadas de reivindicación anual de la causa palestina.
Tras los Acuerdos de Oslo, en 1993, Cisjordania fue dividida en tres áreas, la A y la B, bajo la creada Autoridad Palestina, formada por 165 poblaciones incomunicadas entre sí; y la C, la de mayor dimensión y donde se encuentran las principales reservas naturales, bajo dominación militar israelí.
Los permisos de construcción para los palestinos en este territorio, incluso en tierras de propiedad privada, son escasos o inexistentes. A su vez, las demoliciones de casas, bajo excusas variadas, son constantes.
La Ley de Tierras, fundamental en Israel, garantiza que más del 90 % de la tierra esté en manos del Estado, lo que facilita un lucrativo negocio inmobiliario —teniendo en cuenta, además, que muchas de las tierras se obtienen por expolio a la población nativa— y que, de forma paralela favorece un plan de recambio demográfico.
Más allá de hipótesis, especulaciones o «bromas» de mal gusto, resolver la cuestión palestina debe enfrentar todas sus aristas, incluida la imposibilidad de mantener un proyecto político basado en una dialéctica de colonización-desposesión de la tierra, que solo puede conllevar una espiral incesante de violencia y que impide cualquier solución política.
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