El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este domingo contra el «resurgimiento» de la Doctrina Monroe, con la que Estados Unidos busca forzar «‘cambios de regímenes'» en países de América Latina para hacerse con sus «inmensas riquezas y recursos naturales».
En un mensaje dirigido a los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con motivo de la IV Cumbre entre el organismo y la Unión Europea (UE), que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta, el mandatario venezolano rechaza el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe realizado bajo el pretexto de «‘la seguridad'» y «‘la lucha contra el crimen'» y que conlleva «ejecuciones», violando «el derecho internacional» y «atropellando la vida humana».
El amplio despliegue de EE.UU. incluye «portaaviones de última generación, destructores misilisticos y submarinos nucleares», enumeró.
«Frente a un despliegue de fuerza de tal magnitud no caben medias tintas», aseveró el presidente, alertando que «la soberanía de los Estados y la libre autodeterminación de los pueblos» están actualmente «en juego». En este sentido, subrayó que Caracas «no acepta ni aceptará tutelaje alguno».
«No aceptamos que bajo eufemismos como ‘la seguridad’ o ‘la lucha contra el narcotráfico’, se pretenda imponer la vieja Doctrina Monroe que busca convertir a nuestra América en escenario de invasiones y golpes de ‘cambio de régimen’ para robarse nuestras inmensas riquezas y recursos naturales», enfatizó.
Ante este escenario, el país latinoamericano se acoge a «la Doctrina Bolivariana en defensa de la independencia, la unión y la emancipación de nuestros pueblos», expresó.
En esta línea, el dirigente venezolano lanzó un llamado a los líderes de la región latinoamericana a «sumar nuestras fuerzas como países y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestros pueblos».
«Proclamemos la defensa incondicional de nuestra América como zona de paz, rechacemos de manera categórica cualquier militarización en el Caribe, exijamos la investigación independiente de las ejecuciones denunciadas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU y establezcamos mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva que garanticen la protección de nuestras aguas, nuestras costas y nuestras comunidades», exhortó.
Llamado al «diálogo igualitario»
Asimismo, Maduro reiteró su «condena» al «criminal e inhumano bloqueo» impuesto por Washington a Cuba, que «viola flagrantemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas», al tiempo que expresó su «rechazo» a la inclusión de la isla caribeña en «una espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo».
En este contexto, exigió el levantamiento «inmediato» de todas las medidas coercitivas «unilaterales» que pesan sobre «nuestros pueblos», incluidas aquellas impuestas por la UE, que, «bajo el disfraz de sanciones individuales, terminan lesionando los derechos fundamentales de nuestros pueblos y obstaculizando su desarrollo».
«La América Latina y el Caribe son pueblos libres que proponen relaciones de cooperación horizontales; exigimos coherencia y respeto en sus políticas hacia nuestra región. No aceptamos sanciones como método de castigo político que vulneran derechos, ni la lógica de bloqueos que castigan a los pueblos. Reclamamos diálogo igualitario, cooperación para la reconstrucción y respeto al derecho internacional», reiteró.
La Doctrina Monroe, enunciada por el presidente estadounidense James Monroe en 1823, fue un principio de la política exterior norteamericana que rechazaba la intervención de potencias europeas en países americanos. Sin embargo, Washington se acogió a ella posteriormente para justificar sus intervenciones en las naciones latinoamericana.
Agresiones por parte de EE.UU.
El pasado mes de agosto, Estados Unidos desplegó frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, se llevaron a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.
Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera a su arresto.
A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».
Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.
Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una «campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente».
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo más de 60 personas asesinadas.
Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido criticados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.
«Cuando hablamos de las complicadas relaciones entre Georgia y la Unión Europea (UE), no debemos olvidar lo que las originó. Bruselas se ha desviado hoy de nuestros valores europeos compartidos, el más importante de los cuales es el respeto a la democracia», señaló el parlamentario al canal de televisión Imedi 2.
Según él, Bruselas debe reconocer ante todo la elección del pueblo georgiano, que votó por Sueño Georgiano en las elecciones parlamentarias de 2024. “Es imposible hablar de respetar la democracia y al mismo tiempo interferir en la decisión del pueblo”, reiteró Papuashvili.
El presidente del Parlamento también afirmó que “es imposible respetar la democracia y no reconocer el estado de derecho y la justicia”, que es lo que está sucediendo hoy en Bruselas.
También afirmó que “es imposible hablar de respeto a la democracia sin distanciarse de los crímenes motivados políticamente”.
En este sentido, recordó que la UE todavía no ha condenado el intento de golpe de estado en Georgia el día de las elecciones locales, el 4 de octubre.
“La solución es clara. El camino de Bruselas para restablecer las relaciones con el pueblo de Georgia pasa por el respeto a los valores europeos.
La UE acusa a Georgia de retroceso democrático, mientras que Tiflis acusa a Bruselas de grave injerencia en los asuntos internos del país y de apoyo al radicalismo.
«Somos de una región de paz y queremos permanecer en paz». Con esta declaración contundente, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva trazó este domingo una línea roja frente a las crecientes amenazas de intervención militar extranjera en América Latina.
Desde la cumbre que reúne a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea, Lula denunció que «la amenaza del uso de la fuerza militar ha vuelto a formar parte del cotidiano» regional. El mandatario brasileño no anduvo con rodeos: advirtió sobre el reciclaje de «viejas maniobras retóricas para justificar intervenciones ilegales», en clara alusión a la histórica política intervencionista estadounidense.
La voz de Brasil no estuvo sola. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa denunció los intentos de reactivar la Doctrina Monroe y fue directo: «Debemos actuar para detener la agresión y la infiltración militar». Cuba expresó además su solidaridad con Colombia, país que considera también víctima de presiones externas, y condenó sin ambages «el genocidio militar perpetrado por Israel en Gaza«, que ha sumido al pueblo palestino en una crisis humanitaria sin precedentes.
Para Valdés Mesa, los avances logrados en la asociación birregional «no son suficientes» y exigió compromisos más firmes en materia de cooperación y respeto a la soberanía de las naciones.
Lula planteó que la democracia «sucumbe cuando el crimen organizado corrompe las instituciones, invade los espacios públicos y destruye familias». Reconoció que la seguridad es tanto un deber del Estado como un derecho humano fundamental, pero dejó claro que no hay «solución mágica». La respuesta, argumentó, pasa por estrangular el financiamiento del crimen organizado y cortar el tráfico de armas. Y subrayó algo esencial: «Ningún país puede enfrentar este desafío aisladamente». De ahí su llamado a fortalecer la cooperación regional mediante acciones coordinadas.
Desde finales de agosto, Estados Unidos ha desplegado destructores, aviones de patrulla marítima y recientemente un portaaviones en aguas del Caribe. El Pentágono justifica esta operación como «una misión de interdicción marítima» contra redes internacionales de narcotráfico que —según Washington— operan desde Venezuela y otras zonas costeras de América del Sur.
Pero el operativo ha dejado decenas de muertos y embarcaciones destruidas en aguas caribeñas. Varios gobiernos de la región observan con preocupación la escalada de la presencia militar extranjera que amenaza la soberanía regional.
El presidente colombiano Gustavo Petro, anfitrión de la cumbre, propuso una visión distinta para enfrentar las crisis globales. Planteó la construcción de una «democracia global» basada en el reconocimiento de la diversidad: «La bandera sigue siendo la misma: una humanidad libre y una democracia global que permita nuestra diferencia de todo tipo, que son nuestra riqueza».
Destacó que la democracia debe edificarse desde la pluralidad y el respeto a las diferencias históricas y culturales. «Una humanidad unánime es una humanidad muerta», sentenció, proponiendo que el diálogo entre CELAC y la Unión Europea se convierta en modelo de entendimiento entre civilizaciones.
Lo ocurrido en Santa Marta refleja un consenso cada vez más sólido entre los países latinoamericanos. La región reafirma, una vez más, los principios de no intervención y solución pacífica de controversias que han sido su seña de identidad histórica.
José L. Quirante (Unidad y Lucha). La crisis profunda (institucional, política, económica y social) que vive actualmente Francia la ven hasta los ciegos. Sí, todos menos el presidente ultraliberal Emmanuel Macron. Sin embargo, es una debacle tangible, poliédrica, y que se agrava cada hora que pasa y cada día que amanece. Tendríamos que remontarnos bastante en el túnel del tiempo (quizás a los años de la dimisión de Charles de Gaulle como presidente de la República francesa tras las revueltas de mayo de 1968) para encontrar una situación similar. Y puede que nos quedáramos cortos en la evocación temporal. Pues la crisis de régimen que sacude al país vecino no es producto de masivas protestas estudiantiles o de imponentes huelgas obreras que, en aquella primavera mítica, cuestionaron claramente el sistema capitalista y su poder político, sino que el impasse, el punto muerto en el que se halla hoy Francia, y que petrifica a la sociedad gala en su conjunto. Es, fundamentalmente, el resultado de las pretensiones personales de un jefe de Estado megalómano que se cree un nuevo Napoleón, de aquellos que marcaron funestamente la historia del país de la Comuna. En realidad, un petimetre que pretende enderezar entuertos por doquier mientras en su casa (el suntuoso Palacio del Elíseo) es incapaz de quitar la mierda que se apila en su artística escalinata desde que su tinglado político, Ensemble (Juntos), se descalabró en las elecciones europeas de junio de 2024.
La última palabra
Desde aquella fecha, el fracaso electoral de nuevo de su organización política en las elecciones legislativas anticipadas que le siguieron en julio de 2024, unido a la ingobernabilidad parlamentaria resultante, debido a la presencia de tres grupos políticos irreconciliables y sin mayoría absoluta en el hemiciclo: el Nuevo Frente Popular (NFP), verdadero ganador de las elecciones; los fachas del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen y los partidarios del “macronismo”, ha conducido a una inestabilidad política casi permanente, y lo que es peor para el capitalismo galo, a la no aplicación por el momento de unos Presupuestos Generales que pretenden cargar sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras más de 45.000 millones en recortes sociales. Una decisión política pretextada, según el ejecutivo, por el lastre económico que supone una deuda pública anunciada de más de 3,3 billones de euros (114 % del PIB). Deuda colosal generada realmente por una política de exenciones fiscales a las grandes empresas (más de 211.000 millones de euros), por el aumento de sus intereses y por una economía de guerra en detrimento de los necesarios gastos sociales. Y es ahí (en determinar quién paga los platos rotos: si los ricos o la clase trabajadora) donde radica el esperpento al que asistimos en este país. Es decir, a la ridícula sucesión de mociones de censura y de cinco primeros ministros en el corto espacio de dos años.
Partiendo, por consiguiente, de esta disparatada situación: ¿Qué decisiones políticas y económicas adoptará el Gobierno Lecornu II en los próximos meses, tras haber capeado el temporal parlamentario el pasado octubre gracias al Partido Socialista, que, unido a la derecha, ha votado en contra de la moción de censura presentada por los insumisos de Mélenchon? Todo puede pasar. Desde el bloqueo del parlamento con otras mociones de censura, hasta hacer pagar a las clases populares, a través de decretos-ley, la descomunal deuda pública contraída por el poder capitalista, pasando por unas posibles elecciones legislativas anticipadas o por la destitución del narcisista presidente Macron, cuyo mandato termina en 2027. ¡Uf! Eso, sin contar con la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias que siempre, les guste o no, tendrán la última palabra en este más que preocupante asunto.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, comentó este domingo durante su discurso en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, que se está llevando a cabo en la ciudad colombiana de Santa Marta, la situación en la región suramericana.
«América Latina y el Caribe viven una profunda crisis en su proyecto de integración. Volvemos a ser una región balcanizada y dividida, más orientada hacia afuera que hacia sí misma. La intolerancia gana fuerza y está impidiendo que diferentes puntos de vista puedan sentarse a la misma mesa», afirmó el mandatario brasileño.
En este sentido, Lula aseveró que la región se encuentra nuevamente conviviendo «con las amenazas del extremismo político, la manipulación de la información y el crimen organizado«. Asimismo, aseguró que los mismos países latinoamericanos han dejado de cultivar su vocación de cooperación y han permitido que «conflictos y disputas ideológicas se interpongan».
«Los proyectos personales de apego al poder, a mendo socavan la democracia», reflexionó, añadiendo que, como resultado, las reuniones entre los líderes de la región «se han convertido en un ritual vacío«, de las cuales se ausentan los principales jefes de Estado de la región, y cuyas iniciativas «no salen del papel».
Además, denunció que «la amenaza del uso de la fuerza militar ha vuelto a formar parte de la cotidianidad de América Latina y el Caribe», con «viejas maniobras» recicladas para justificar las intervenciones ilegales. «Somos una región de paz y queremos permanecer en paz. Las democracias no combaten el crimen violando el derecho internacional», subrayó.
El mandatario detalló que, si bien la seguridad es un deber del Estado y un derecho internacional, «no hay solución mágica para acabar con la criminalidad«, y «ningún país puede enfrentar este desafío aislado», por lo que es necesario llevar a cabo acciones coordinadas, intercambio de información y operaciones conjuntas para poder vencer el crimen organizado.
«Se presta atención especial a la labor de los órganos territoriales del Ministerio del Interior en Donbás y Novorossiya, así como en otras regiones cercanas a la línea de contacto. Es importante reforzar la seguridad de los habitantes de estos territorios y brindarles asistencia jurídica y social oportuna», afirmó Putin en su mensaje.
También mencionó el aumento del número de delitos resueltos y la mejora de enfoques en la lucha contra el crimen entre las prioridades del trabajo del Ministerio del Interior ruso.
Así, el presidente felicitó a su personal por el Día del empleado de los órganos del Interior de Rusia.
Según el diario estadounidense The New York Times, la administración Trump sopesa planes para llevar a cabo ataques contra objetivos militares y tomar los campos petrolíferos venezolanos. Mientras el papa León XIV exhortó al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, los líderes de la Caribe Oriental reclamaron «paz, diálogo y seguridad», en el marco del amplio despliegue militar de Estados Unidos.
Senado de EEUU intenta poner freno a Trump
El Senado de Estados Unidos debatió y votó una resolución bipartidista que limita la posibilidad de ordenar acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. El texto —impulsado por senadores de ambos partidos— busca reafirmar las prerrogativas legislativas frente a un Ejecutivo que ha combinado señales de fuerza en el Caribe con justificaciones legales ambiguas. El movimiento del Senado apunta a delimitar la discrecionalidad presidencial en un escenario de alta tensión. Incluso con matices y resistencias internas, la señal es clara: toda escalada bélica hacia Venezuela debe pasar por el Capitolio.
En términos de gobernanza, es un recordatorio de que la política exterior estadounidense no es unipersonal, especialmente cuando conlleva costos estratégicos, financieros y humanitarios. La resolución no “ata las manos” del presidente frente a incidentes concretos en el mar Caribe —por ejemplo, operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico—, pero sí eleva el umbral político y legal para cualquier acción directa en territorio venezolano. En la práctica, encarece una intervención: demanda consensos, votos y exposición pública de la justificación estratégica.
La resolución bipartidista significa una desescalada relativa: reduce el margen para operaciones unilaterales de alto perfil y empuja a Washington a gestionar alianzas y narrativas antes de usar la fuerza. Significa una ventana diplomática (actores regionales como Caricom, Brasil, México, ganan espacio para mediaciones y garantías), mientras al bajar la probabilidad de conflicto abierto, mejora el ánimo de corto plazo, aunque persisten primas de riesgo por la volatilidad política.
¿Preparados para un ataque?
Trump quiere apoderarse del petróleo de Venezuela.
“Un avión de transporte militar ruso Il-76 aterrizó en Caracas en medio de rumores de un ataque estadounidense contra Venezuela”, indica el diario ruso Pravda. «Rusia podría suministrar sus misiles hipersónicos más avanzados a Venezuela”, según el británico The Telegraph.
Asimismo, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva señaló que la cumbre de la Celac ‘no tiene sentido’ si no habla de los ataques de EEUU, y Kaja Kallas, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo que “solo se puede usar fuerza contra otro país en defensa propia o con resolución ONU”. Mientras, China “se opone a cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe,”, informó el diario estadounidense Miami Herald.
Maricori y la defensa de la nación
El más reciente Monitor País de la encuestadora Hinterlaces, correspondiente a octubre de 2025, muestra que una amplia mayoría de los venezolanos mantiene una postura firme frente a posibles amenazas externas. El 83% de los participantes manifestó que estaría dispuesto a enfrentar una invasión militar extranjera. Solo seis por ciento dijo que no lo haría, mientras que 11% prefirió no responder.
Estos datos reflejan una marcada disposición a la defensa nacional y un sentimiento patriótico que trasciende las diferencias políticas o ideológicas.
El 89% de los encuestados considera que dicha acción tendría como propósito derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo, mientras que apenas 6% cree que se justificaría bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Asimismo, el 91% de los consultados tiene una opinión desfavorable sobre la dirigente opositora María Corina Machado. Este sondeo, que incluyó 1.200 entrevistas y reportó un margen de error de 3%, sitúa a Machado las más impopular, con una tasa de rechazo significativamente superior al resto de líderes políticos del país.
En abril del 2002, durante el golpe de Estado empresarial patrocinado por Estados Unidos en contra del presidente Hugo Chávez, Machado fue la cara visible de varios de esos escenarios. Ahora, Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en medio de las amenazas de Estados Unidos a Venezuela. También un artículo de The Washington Post señala que el sector de oposición encabezado por María Corina Machado celebra el hundimiento de barcos y las amenazas de intervención.
Conocida por sus llamados constantes a una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela, hasta hace poco cuando Estados Unidos lanzó el ostentoso ataque contra instalaciones del programa nuclear iraní, descargando catorce súperbombas antibúnker le Machado dijo a Donald Trump que Caracas estaba más cerca que Teherán, lo que se interpreta como la exposición de Venezuela como un objetivo militar para una potencia extranjera.
Este hallazgo revela una percepción extendida de que las motivaciones detrás de una agresión extranjera serían fundamentalmente económicas y geopolíticas, más que humanitarias o vinculadas a la seguridad regional. Los resultados de las encuestas de octubre 2025 confirman una tendencia constante en la opinión pública venezolana: una fuerte identidad nacional, unida al rechazo a las intervenciones externas y la defensa de la soberanía y los recursos naturales del país.
Venezolanos sin protección temporal en EEUU
Un reciente reportaje de la agencia estadounidense Bloomberg, titulado “Qué quiere Trump realmente de Venezuela”, sostiene que su objetivo central son las reservas de petróleo y los intereses geopolíticos asociados. Según la revista TIME, el presidente estadounidense aún no ha decidido qué estrategia empleará para alcanzar esos objetivos.
El portal OSINT Defender señala que el portaaviones Gerald Ford detuvo su desplazamiento hacia el Caribe, luego de que se informara que Trump está reconsiderando sus planes sobre Venezuela. Mientras el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, reiteró que en Venezuela no se produce droga y que el tránsito de estupefacientes por su territorio es marginal. En la misma línea, un informe de Military señala que Venezuela no es fuente de fentanilo ni un punto clave en tránsito de drogas.
El canciller Yván Gil criticó que “el imperialismo no envíe barcos para reparar los daños del cambio climático, sino para asediar a países soberanos”,
Por su parte, el dirigente opositor Henrique Capriles pidió a Estados Unidos rectificar la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Cientos de miles de venezolanos perdieron su protección frente a deportaciones en Estados Unidos por decisión del gobijrno de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras, llegaron a Caracas 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos trece niños.
En 2021, el Gobierno de Joe Biden designó a Venezuela en el TPS, un programa temporal que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos , con el excusa de la inestabilidad y violencia en sus país. Este beneficio fue extendido en 2023. Sin embargo, el Gobierno de Trump consideró este año que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, hubo “notables mejoras en varias áreas”. Por tanto, a principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, decidió poner fin al TPS.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
El Petróleo de Venezuela y la Política Mafiosa de EE.UU.
Por Jeffrey D. Sachs* y Sybil Fares**/Sur y Sur.
El endeble pretexto moral hoy en día es la lucha contra los narcóticos, pero el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano. Si esto le suena familiar, es porque lo es.
Los Estados Unidos están desempolvando su vieja estrategia de cambio de régimen en Venezuela. Aunque el eslogan ha pasado de “restaurar la democracia” a “luchar contra los narcoterroristas”, el objetivo sigue siendo el mismo: controlar el petróleo venezolano.
El destructor de misiles USS Sampson
Los métodos utilizados por los Estados Unidos son los de siempre: sanciones que estrangulan la economía, amenazas de uso de la fuerza y una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza del presidente venezolano Nicolás Maduro, como si se tratara del Salvaje Oeste.
Estados Unidos es adicto a la guerra. Con el cambio de nombre del Departamento de Guerra, un presupuesto propuesto por el Pentágono de 1,01 billones de dólares y más de 750 bases militares en unos 80 países, no se trata de una nación que busque la paz.
Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido un objetivo persistente del cambio de régimen por parte de Estados Unidos. El motivo, claramente expuesto por el presidente Donald Trump, son los aproximadamente 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo que se encuentran bajo el cinturón del Orinoco, las mayores reservas de petróleo del planeta.
En 2023, Trump declaró abiertamente: «Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. La habríamos tomado, habríamos conseguido todo ese petróleo… pero ahora estamos comprando petróleo a Venezuela, por lo que estamos enriqueciendo a un dictador» .
Sus palabras revelan la lógica subyacente de la política exterior estadounidense, que desprecia por completo la soberanía y, en cambio, favorece la apropiación de los recursos de otros países. Lo que está ocurriendo hoy en día es una típica operación de cambio de régimen liderada por Estados Unidos y disfrazada de lucha contra el narcotráfico.
Estados Unidos ha acumulado miles de soldados, buques de guerra y aviones en el mar Caribe y el océano Pacífico. El presidente ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Los llamamientos del Gobierno estadounidense a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana.
El 26 de octubre de 2025, el senador Lindsey Graham(republicano por Carolina del Sur) apareció en la televisión nacional para defender los recientes ataque militares estadounidenses contra buques venezolanos y para decir que los ataques terrestres dentro de Venezuela y Colomnbia son una “posibilidad real”. El senador de Florida Rick Scott, en el mismo ciclo de noticias, reflexionó que si él fuera Nicolás Maduro, “se dirigiría a Rusia o China ahora mismo”.
Estos senadores pretenden normalizar la idea de que Washington decide quién gobierna Venezuela y qué ocurre con su petróleo. Recuerden que Graham defiende de manera similar que Estados Unidos luche contra Rusia en Ucrania para asegurarse los 10 billones de dólares de riqueza mineral que Graham afirma frívolamente que están a disposición de Estados Unidos.
Las medidas de Trump tampoco son una novedad en lo que respecta a Venezuela.
Durante más de 20 años, las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado someter la política interna de Venezuela a la voluntad de Washington.
En abril de 2002, un breve golpe militar derrocó al entonces presidente Hugo Chávez. La CIA conocía los detalles del golpe de antemano y Estados Unidos reconoció inmediatamente al nuevo Gobierno. Al final, Chávez recuperó el poder. Sin embargo, Estados Unidos no puso fin a su apoyo al cambio de régimen.
En marzo de 2015, Barack Obama codificó una notable ficción jurídica. Obama firmó la OrdenEjecutiva 13.692, en la que declaraba que la situación política interna de Venezuela constituía una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que desencadenó sanciones económicas por parte de este país. Esa medida sentó las bases para una escalada de coacción por parte de Estados Unidos. La Casa Blanca ha mantenido desde entonces esa afirmación de “emergencia nacional” en Estados Unidos.
Trump añadió sanciones económicas cada vez más draconianas durante su primer mandato. Sorprendentemente, en enero de 2019, Trump declaró a Juan Guaidó, entonces figura de la oposición, “presidente interino” de Venezuela, como si Trump pudiera simplemente nombrar a un nuevo presidente venezolano.
Esta tragicomedia de Estados Unidos acabó finalmente desmoronándose en 2023, cuando Estados Unidos abandonó esta maniobra fallida y ridícula.
Estados Unidos está iniciando ahora un nuevo capítulo de apropiación de recursos. Trump lleva mucho tiempo hablando abiertamente de “quedarse con el petróleo”. En 2019, al hablar de Siria, el presidente Trump dijo: «Nos quedamos con el petróleo, tenemos el petróleo, el petróleo está seguro, dejamos tropas allí solo por el petróleo».
Para quienes tengan dudas, las tropas estadounidenses siguen hoy en el noreste de Siria, ocupando los campos petrolíferos. A principios de 2016, sobre el petróleo de Irak, Trump dijo: «Se lo decía constantemente y de forma coherente a quien quisiera escucharme, decía que mantuvieran el petróleo, mantuvieran el petróleo, mantuvieran el petróleo, que no dejaran que nadie más lo obtuviera».
Ahora, con nuevos ataques militares contra buques venezolanos y conversaciones abiertas sobre ataques terrestres, la Administración está invocando los narcóticos para justificar el cambio de régimen.
Sin embargo, el artículo 2 (4) de Naciones Unidas prohíbe expresamente “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Ninguna teoría estadounidense sobre las “guerras de carteles” justifica ni remotamente un cambio de régimen coercitivo.
Incluso antes de los ataques militares, las sanciones coercitivas de Estados Unidos han funcionado como una máquina de asedio. Obama creó el marco de sanciones en 2015 y Trump lo utilizó como arma para derrocar a Maduro.
La afirmación era que la “máxima presión” empoderaría a los venezolanos. En la práctica, las sanciones han causado un sufrimiento generalizado. Como descubrió el economista y reconocido experto en sanciones Francisco Rodríguez en su estudio sobre las “Consecuencias humanas de las sanciones económicas”, el resultado de las medidas coercitivas de Estados Unidos ha sido un descenso catastrófico del nivel de vida de los venezolanos, un grave empeoramiento de la salud y la nutrición, y un daño terrible a las poblaciones vulnerables.
El endeble pretexto moral actual es la lucha contra los narcóticos, pero el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano.
Si esto le suena familiar, es porque lo es. Estados Unidos ha llevado a cabo repetidamente operaciones de cambio de régimen en busca de petróleo, uranio, plantaciones de plátanos, rutas de oleoductos y otros recursos: Irán (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Chile (1973), Irak (2003), Haití (2004), Siria (2011), Libia (2011) y Ucrania (2014), por citar solo algunos casos. Ahora le toca el turno a Venezuela.
En su brillante libro Covert Regime Change (2017), la profesora Lindsay O’Rourke detalla las maquinaciones, las repercusiones y los desastres de nada menos que 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen llevadas a cabo por Estados Unidos entre 1947 y 1989.
Se centró en este período anterior porque muchos documentos clave de esa época ya han sido desclasificados. Trágicamente, el patrón de la política exterior estadounidense basada en operaciones encubiertas (y no tan encubiertas) de cambio de régimen continúa hasta el día de hoy. Los llamamientos del Gobierno estadounidense a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana.
EU bombardea lanchas y mata pescadores diciendo que se trata de narcotraficantes.
Una guerra contra Venezuela sería una guerra que los estadounidenses no quieren, contra un país que no ha amenazado ni atacado a Estados Unidos, y con fundamentos jurídicos que no superarían un examen de un estudiante de primer año de Derecho.
Bombardear buques, puertos, refinerías o soldados no es una demostración de fuerza. Es el epítome del gangsterismo.
* Sachs es profesor universitario y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, donde dirigió el Instituto de la Tierra desde 2002 hasta 2016. También es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y comisionado de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo de la ONU.
** Sybil Fares es especialista y asesora en política de Oriente Medio y desarrollo sostenible en la SDSN.
En un comunicado, las autoridades de la principal urbe del territorio alertaron que la situación podría agravarse en las próximas semanas con la llegada del invierno.
Con la llegada de la temporada de lluvias, “los temores de los palestinos en Gaza se multiplican debido a la magnitud de la destrucción”, subrayó.
Recientemente, Ismail Al-Thawabta, director general de la Oficina de Medios del Gobierno en el enclave costero, afirmó que unas 288 mil familias viven en las calles y plazas públicas tras perder sus hogares por la agresión israelí.
Al-Thawabta recordó que el protocolo humanitario del acuerdo de alto el fuego estipulaba la entrada de más de 300 mil tiendas de campaña y casas móviles para albergar a los desplazados, pero Israel no cumplió los compromisos.
El municipio afirmó que sus equipos trabajan “con todos los recursos a su disposición, a pesar de las duras condiciones y las capacidades limitadas, para mitigar los efectos de las lluvias y proteger a los residentes”.
En septiembre, las autoridades del territorio estimaron que el 93 por ciento del total de tiendas de campaña de personas desplazadas se habían derrumbado o ya no eran habitables.
La pasada semana, la municipalidad advirtió que la crisis hídrica en la ciudad alcanzó un nivel o sin precedentes.
El líquido bombeado cada día en la urbe no supera el 15 por ciento de sus necesidades, que ascienden a 100 mil metros cúbicos, detalló el portavoz del municipio Hosni Muhanna.
El funcionario señaló que de los 88 pozos en funcionamiento antes de la guerra, iniciada en octubre de 2023, solo 17 siguen abiertos.
Muhanna acusó al vecino país de destruir las redes de transmisión, las estaciones y los pozos. También la planta desalinizadora central, situada al noroeste de Gaza, continúa fuera de servicio, subrayó.
A ese problema se suma la crisis ambiental más grave de la historia de la ciudad por la acumulación de millones de toneladas de desechos, lamentó.
Las posiciones políticas de Rusia en el mundo en gran medida dependen de la cooperación militar técnica con otros países, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
«Es un componente importante del ‘peso’ del Estado en la arena mundial y de su prestigio y reputación«, afirmó el canciller en una entrevista con motivo del 25.º aniversario de Rosoboronexport, agencia estatal intermediaria para la exportación e importación de productos de la industria de defensa.
El ministro indicó que muchos países que ahora se están liberando de la dependencia neocolonial de sus antiguas metrópolis, tras obtener formalmente la independencia y declarar la descolonización, siguen dependiendo económicamente de Occidente.
«La ayuda que prestamos en materia de cooperación y asistencia técnico-militar a esos Estados para que alcancen una plena independencia estatal desempeña un papel muy importante. Nuestra posición en el mundo depende en gran medida de la cooperación técnico-militar», explicó.
Resaltó que los productos que reciben los aliados y socios estratégicos de Rusia y otros países interesados en este tipo de cooperación son «absolutamente competitivos y, lo que es más importante, demuestran su superioridad en el campo de batalla».
Recordó en esta línea que cuando Rusia, por invitación del Gobierno sirio, envío una agrupación de sus Fuerzas Aeroespaciales al país árabe en 2015 para ayudar a Damasco en la lucha contra el terrorista Estado Islámico, «muchos expertos valoraron muy positivamente el trabajo de nuestras unidades de combate con tecnología rusa directamente en los campos de batalla».
«A menudo recordamos que Rusia sigue teniendo dos aliados: el Ejército y la Armada, pero, sin duda, hay que añadir las Fuerzas Aeroespaciales», parafraseó en este contexto un aforismo atribuido al zar ruso Alejandro III.
Eficaces y fáciles de mantener
Recordó que las armas y equipos bélicos de fabricación rusa han sido representados tradicionalmente en varios continentes, como África, Asia, Oriente Medio e incluso América Latina. Al mismo tiempo, van apareciendo también aquellos que hasta hace poco confiaban en los fabricantes occidentales.
«Cada vez están más convencidos, al observar lo que ocurre en el mundo, cómo se desarrollan los distintos conflictos en los que se utilizan diferentes armas, de que nuestras armas son mejores. Son más fáciles de mantener. Han demostrado su eficacia en comparación con armas y sistemas occidentales de características parecidas. Son más baratas. Baratas en el buen sentido», explicó Lavrov.
«Y ahora, durante la operación militar especial [en Ucrania], nuestra experiencia está siendo estudiada literalmente con microscopio, incluso por los países occidentales», puntualizó.
Escalera por 12.000 dólares para al Pentágono
A modo de comparación, Lavrov mencionó los numerosos eventos que ha protagonizado el presidente estadounidense Donald Trump en el ámbito de adquisiciones de productos de defensa por el Pentágono desde su regreso a la Casa Blanca.
«Algo similar ocurrió durante su primer mandato presidencial. Me acuerdo de que una escalera portátil necesaria para subir a un caza se vendía por 12.000 dólares. Ejemplos de este tipo. Cada vez salen a la luz más datos similares, cuando se gastan enormes cantidades de dinero no en la producción de un producto en sí, sino en procesos ‘afines'», detalló el ministro.
Cuando la OTAN era «sensata»
El diplomático recordó proyectos conjuntos, como la lucha contra el terrorismo, la colaboración en Afganistán, que se desarrollaron en el marco de la cooperación Consejo Rusia-OTAN «cuando la OTAN aún era una organización sensata«.
«En este contexto, funcionaba el programa de helicópteros Rusia-OTAN para Afganistán. De los países de la OTAN, los estadounidenses eran los principales, estaban interesados en abastecer a sus protegidos en Afganistán precisamente con helicópteros rusos. Lo recuerdo bien. Cuando la alianza decidió ‘adoptar su postura’, no les resultó nada fácil rechazar los helicópteros rusos», contó Lavrov.
Anaís Serrano (ELN Voces).— La guerra civil que desangra a Sudán desde abril de 2023 es, en la superficie, un conflicto entre dos facciones militares rivales: el Ejército Nacional de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar nacido de las milicias Yanyauid.
Sin embargo, una mirada superficial oculta la esencia del conflicto: una lucha depredadora por el control de los recursos y el excedente económico de una nación, orquestada en el tablero más amplio de una reconfiguración del imperialismo contemporáneo. Un análisis serio no puede ver esto como una simple disputa tribal o política, como pretende mostrarlo occidente; es la expresión violenta del capital financiero y extractivista.
La Base del Conflicto: Más Allá de la Rivalidad Personal
La aparente rivalidad entre los generales Burhan (SAF) y Dagalo (RSF) es la narrativa de una base profundamente conflictiva. Tras la caída del régimen de Omar al-Bashir en 2019, el frágil gobierno de transición no logró desmantelar la estructura económica que sostenía al viejo régimen: una economía de rapiña basada en el control de recursos naturales (oro, petróleo, tierras raras), rutas comerciales y flujos migratorios.
Las RSF, lejos de ser un mero grupo militar, se convirtieron bajo Dagalo en un conglomerado capitalista parasestatal, es decir, paramilitar.
Controlan minas, operan de facto puertos y fronteras, y extorsionan el comercio y la migración. Su poder no emana de una ideología, sino de su capacidad de utilizar la violencia para acumular capital. El SAF, por su parte, representa los remanentes del aparato estatal burgués tradicional, con sus vínculos con la industria y los contratos estatales.
La guerra no es ideológica, sino una disputa de dos facciones de la clase dominante sudanesa, ambas profundamente integradas en el capital global, que luchan por el supuesto derecho a explotar el país y a ser el socio privilegiado de los capitales extranjeros…
El Papel de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF): El Capitalismo Mercenario
Las RSF ejecutan en Sudán la misma práctica que cualquier ejército paramilitar para la acumulación por desposesión. No producen mercancías; extraen riqueza mediante la coerción directa.
Su modelo de negocio es simple: controlar un recurso o un territorio mediante la violencia y vender el acceso a él al mejor postor internacional. En Sudán, el mejor comprador ha sido principalmente Emiratos Árabes Unidos (EAU) y, en menor medida, Arabia Saudita.
Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita
La intervención de EAU es crucial y debe entenderse desde la lógica del capital financiero y la seguridad energética. EAU, busca diversificar su economía e influencia geopolítica. Su apoyo a las RSF es multifacético:
Control del Oro: Las RSF son el principal canal de contrabando de oro sudanés hacia Dubái, un nodo central del mercado global del preciado metal. Este flujo ilegal lava miles de millones de dólares, financiando a las RSF y proporcionando a EAU un recurso estratégico y liquidez. Es una relación simbiótica perfecta: el capital emiratí financia la violencia que le garantiza el acceso al recurso.
Interés Geopolítico: EAU y Arabia Saudita ven el Cuerno de África como su patio trasero estratégico. Un Sudán estable y controlado por el SAF podría girar hacia rivales como Turquía o Qatar. Un Sudán fracturado, donde su facción títere (las RSF) controle los recursos clave, les otorga un mayor poder de veto sobre la política sudanesa. El proyecto es crear un «estado fallido funcional», donde la soberanía sea reemplazada por concesiones comerciales y militares privadas.
Emiratos Arabes Unidos ha venido asumiendo el caracter de nuevo factor del avance imperialista en la region, en 2011 intervino en el conflicto en Siria, en 2015 participó junto Arabia Saudita en la guerra contra Yemen y apoyó a una de las facciones (Ejercito Nacional Libio) en la guerra que se desató en Libia luego del asesinato de Gadaffi.
Por otra parte, la reciente avanzada de los mercenarios del RSF, coincide con la revelación de documentos presentados en la ONU, que muestran que parte del equipamiento militar británico que habia sido entregado a EAU, estaba en poder de ese grupo.
El Rol de Estados Unidos: Entre la Hipocresía y la Realpolitik Imperial
La postura de Estados Unidos ha sido ambivalente, lo que refleja las contradicciones internas del imperialismo estadounidense. Por un lado, denuncia atrocidades e impulsa treguas frágiles. Por otro, su política real ha sido de no intervención activa y complicidad tácita.
¿Por qué? Primero, porque una intervención directa sería costosa e impopular. Segundo, y más importante, porque sus aliados estratégicos en la región (EAU y Arabia Saudita) están profundamente involucrados en apoyar a una de las facciones. Presionar seriamente a EAU para que corte el financiamiento a las RSF, socavaría una alianza clave en su confrontación con Irán y en la seguridad energética global.
Estados Unidos prioriza la «estabilidad» en un sentido amplio —que significa el flujo sin obstáculos del capital y la contención de influencias rivales como Rusia, (quien ha avanzado en la region en apoyo a diferentes gobiernos), sobre la autodeterminación del pueblo sudanés. Su enfoque es gestionar el conflicto, no resolverlo, para evitar un vacío de poder que pudiera ser llenado por actores “abiertamente hostiles” desde la óptica de Washington. En la práctica, esta gestión beneficia el statu quo de saqueo y le provée, de manera directa al mercado norteamericano, el suministro de minerales críticos para semiconductores y tecnologías de defensa, con lo cual asegura la creciente economía de criptomonedas y la inversión inmobiliaria, que controla Trump.
El Sionismo como actor colonial
El ente sionista ha normalizado relaciones con Sudán (bajo el gobierno de Burhan) como parte de los Acuerdos de Abraham, buscando aislar diplomáticamente a Irán y ganar influencia en el Mar Rojo.
Segun los informes que han salido a la luz pública, el ente sionista ha utilizado la crisis en Sudán para justificar su expansión militar en el Mar Rojo bajo el pretexto de “proteger las rutas marítimas globales de las amenazas hutíes” y del mismo modo, profundizar su influencia en Etiopía y Eritrea como parte de un plan más amplio para contener la influencia iraní.
El Pueblo Ahogado en Sangre
El problema estructural radica en que múltiples actores (EAU, Arabia Saudita, Israel y USA) compiten por recursos y colaboran para subordinar a Sudán a sus intereses geoestratégicos y económicos.
El pueblo sudanés es la principal víctima de esta guerra “proxy” del capital. La clase trabajadora, los campesinos que impulsaron la revolución de 2019 han visto sus aspiraciones de democracia y justicia social ahogadas en un baño de sangre.
El fracaso de la institucionalidad internacional para frenar los flujos de las economías ilegales, el saqueo de las riquezas de Sudan a manos de gobiernos y transnacionales, la entrega permanente de armas a las estructuras mercenarias, con la complicidad de algunos y la permisividad de otros, han convertido el territorio en una de las más cruentas guerras de los últimos años. Se estima que para la fecha han sido asesinadas mas de 150.000 personas, 12 millones son víctimas de desplazamiento forzado y casi 25 millones padecen la hambruna.
La Fuerza Conjunta, integrada por el movimiento Justicia e Igualdad y el Movimiento de Liberación de Sudan-Minawi, estructuras de milicia de defensa, han reiterado lealtad al ejercito sudanés y se han comprometido con la defensa de la unidad nacional. Esta fuerza, ha convocado a la movilización del pueblo. Pero no cuentan aun con la fuerza suficiente para hacerle frente a un ejército proxy orquestado y sostenido por las potencias de la región y auspiciado por el occidente global.
Una solución genuina no llegará con nuevos acuerdos de reparto del poder entre generales o con la intervención humanitaria de las mismas potencias que alimentan el conflicto y que son las mismas que han intervenido en el “cese al fuego” en Palestina, pacificar para controlar.
La única esperanza reside en la reconstitución del poder popular desde abajo, en la capacidad del pueblo sudanes para organizarse más allá de divisiones étnicas y regionales, y para presentar un proyecto alternativo. Un proyecto que no luche por definir cuál facción burguesa debe controlar el Estado, sino por la socialización de los recursos de Sudán y la construcción de un Estado al servicio de las mayorías, liberado de las garras del capital extractivo y sus socios mercenarios. Mientras el capital global siga encontrando socios dispuestos a convertir su patria en un campo de batalla, la paz en Sudán será solo un interludio entre guerras.
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No parece que la accesibilidad generalizada que nos ofrecen los nuevos bienes culturales pueda calificarse de progreso. La irrupción del aparato técnico-científico en la esfera de la cultura no supone en absoluto un aumento del conocimiento o de la sensibilidad, de la tolerancia y la libertad. El refuerzo de este aparato no fomenta, como aún podía esperar la Ilustración, la emancipación del espíritu humano. Más bien vivimos la experiencia contraria: una nueva barbarie, neoanalfabetismo, empobrecimiento del lenguaje, nueva pobreza, remodelación despiadada de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, el espíritu condenado a la miseria y el alma a la obsolescencia.
