La democracia sin trabajadores es una democracia incompleta
Nunca me he considerado un político. Ni lo soy ni creo que quiera serlo. En una ocasión acepté encabezar una candidatura municipal de izquierdas porque siempre he defendido una idea muy sencilla: los trabajadores y las trabajadoras debemos tomar las riendas de nuestras propias vidas. No podemos limitarnos a delegar nuestro futuro en personas que, demasiadas veces, ni comparten nuestros intereses ni conocen de primera mano los problemas cotidianos de la mayoría social.
Aquella experiencia me dejó una enseñanza que todavía hoy considero una de las grandes carencias de nuestro sistema democrático: todo parece estar diseñado para dificultar que un trabajador participe activamente en política.
No hablo de teorías conspirativas. Hablo de una realidad material.
Quien trabaja por cuenta ajena tiene que seguir cumpliendo su jornada laboral, asistir a plenos, comisiones y reuniones, estudiar expedientes, atender a la ciudadanía y, además, intentar mantener una vida familiar y personal. En muchos casos, incluso soportando presiones o el miedo a represalias laborales por ejercer una representación democrática legítima.
Mientras tanto, otros colectivos cuentan con mecanismos que facilitan esa participación pública. Es lógico que existan derechos para garantizar el ejercicio de responsabilidades institucionales. Lo que deja de ser lógico es que esos derechos no alcancen por igual a quienes viven exclusivamente de su salario.
Al final, participar en política acaba siendo un lujo que muchos trabajadores no pueden permitirse.
Y esa desigualdad tiene consecuencias.
Las instituciones terminan llenándose de personas que, con mayor o menor buena voluntad, hace demasiado tiempo que dejaron de vivir la realidad cotidiana de quien madruga para fichar, de quien teme perder su empleo o de quien llega con dificultades a final de mes. Algunos hacen de la política una profesión. Otros una carrera. Muy pocos la entienden como un servicio público temporal.
Existe, además, un clasismo evidente. Un clasismo económico, pero también intelectual. Hay quienes consideran que la clase trabajadora no está preparada para gobernar, que nuestro papel consiste únicamente en votar cada cuatro años, repartir propaganda durante las campañas electorales o aplaudir las decisiones tomadas por otros.
Ese paternalismo existe en la derecha y en la ultraderecha. Pero también aparece en determinados sectores de una izquierda que, aunque se proclama progresista, sigue practicando una especie de despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Hablan constantemente en nombre de los trabajadores, pero pocas veces permiten que sean los propios trabajadores quienes hablen por sí mismos.
Y ahí reside uno de los grandes problemas de nuestra democracia.
Una sociedad necesita representantes de todos los ámbitos. Necesita profesores, sanitarios, científicos, autónomos, funcionarios, pequeños empresarios e intelectuales. Todos pueden aportar una visión valiosa.
Pero también necesita, y quizá sobre todo, trabajadores y trabajadoras.
Porque somos la inmensa mayoría social. Somos quienes levantamos las persianas cada mañana, quienes mantenemos funcionando las fábricas, los supermercados, los hospitales, el transporte, la limpieza, la construcción y todos los servicios que hacen posible la vida cotidiana. Somos quienes, con nuestro trabajo, movemos literalmente las ruedas de la historia.
Sin embargo, nuestra presencia en las instituciones sigue siendo muy inferior al peso que tenemos en la sociedad.
Eso empobrece la democracia.
Una democracia donde la mayoría social apenas puede participar más allá del voto cada cuatro años difícilmente puede considerarse una democracia plena. La participación política no debería depender del patrimonio, del tipo de contrato o del puesto de trabajo de cada uno. Debería ser un derecho realmente accesible para cualquier ciudadano.
Porque cuando quienes legislan desconocen la realidad de quienes sostienen el país con su trabajo, las leyes dejan de responder a las necesidades de la mayoría y comienzan a reflejar únicamente la visión de una minoría.
La democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta en una urna. Consiste también en que cualquier trabajador pueda representar a sus vecinos sin tener que sacrificar su empleo, su familia o su estabilidad económica.
Solo cuando las instituciones se parezcan de verdad al pueblo al que representan podremos empezar a hablar de una democracia más justa, más igualitaria y más auténtica.
Y conviene no olvidar una última reflexión. Solemos decir que quien decide unas elecciones es quien introduce su voto en la urna. Ojalá siempre fuera así. Porque la confianza en la democracia exige no solo que el voto sea libre, sino también que el escrutinio sea transparente y esté sometido a todas las garantías. La limpieza del proceso electoral es tan importante como el propio derecho al voto: sin ambas cosas, la legitimidad democrática se resiente.
André Abeledo Fernández
